Estados Unidos, Poder Naval y Nuevo Orden Regional

25 de noviembre de 2025

El más poderoso despliegue naval norteamericano en el Caribe desde la crisis de los misiles en Cuba (que pudo haber derivado en una guerra nuclear) tiene seria implicancia estratégica hemisférica. Sin embargo ésta no ha generado explícita preocupación interamericana reflejada, p.e, en la ausencia de una reunión de consulta de los cancilleres americanos.

En cambio, el Consejo Permanente de la OEA, integrado por los embajadores ante ese organismo, sí ha convocado a una reunión extraordinaria para analizar los anómalos acontecimientos electorales en Honduras.

Tal rango de prioridades indica la magnitud del deterioro de la seguridad colectiva en el sistema interamericano formalizado en 1947 (TIAR) y 1948 (OEA) y cuyos antecedentes son previos a la Segunda Guerra mundial. Esta descomposición regimental es directamente proporcional al carácter unilateral del despliegue norteamericano y a su causa aparente: la dictadura de Maduro y el narcotráfico.

El deterioro ha contagiado inclusive a las reuniones hemisféricas de mayor amplitud  cooperativa en el área (las Cumbre de las Américas). En efecto, la décima versión de esa serie que debía realizarse, en diciembre próximo en la República Dominicana, ha sido postergada para 2026 debido a “profundas divisiones que complican actualmente el diálogo”. Esas divisiones derivan de la realidad del retiro del sistema de Cuba, Nicaragua y Venezuela y la influencia de los socios latinoamericanos que los protegen. Y se incrementan hoy cuando los demás se inhiben de tratar plurilateralmente el despliegue naval referido y sus ambiguos objetivos.

La desatención de los países democráticos del área se debe a algo más que una división intrarregional. Quizás aquéllos deseen  evitar un par de debates. Primero el que arroje luces sobre la decisión de concentrar en el Caribe una buena parte del poder naval norteamericano (incluyendo a su portaviones más moderno) además de cazas  y bombarderos que ya se han probado en combate extrarregional, sólo para hundir narco-lanchas rápidas y ligeras. Segundo, el que aclare  la  eventual aquiescencia de varios de estos países democráticos sobre el empleo de coerción militar unilateral para neutralizar la amenaza que efectivamente plantea la permanencia de Maduro en el poder.

Si fuera así, los estados democráticos latinoamericanos estarían evadiendo responsabilidades mayores ya que, salvo la legítima defensa, el uso de la fuerza contra estados americanos no sólo están prohibidos sino que convocan la obligación de intentar resolver el conflicto emergente. Esa omisión, además, convalidaría el retorno del uso de la fuerza imperial en América montada sobre una renovada  versión de la Doctrina Monroe que desearía fundarse en la consolidación de una fortalecida zona de influencia caribeña además de la lucha contra el narcotráfico.

Sobre lo primero Estados Unidos ya ha mostrado vocación explícita sobre el Golfo de México y el canal de Panamá.

Sobre lo segundo, la nueva Secretaría de Guerra norteamericana ha dispuesto la operación Lanza del Sur para, en apariencia, defender a  Estados Unidos y al continente  de la amenaza narcoterrorista luego de que la Secretaría del Tesoro designara al Cartel de los Soles (de la que Maduro es el gran articulador) como grupo criminal y que hoy el Departamento de Estado identifica como organización terrorista extranjera. En consecuencia, la primera potencia podría proceder unilateralmente a atacar como le parezca.

Muchos coincidimos en el requerimiento de que la dictadura de Maduro desaparezca luego de haber desconocido ésta la legítima elección del presidente  González Urrutia, reprimido a la población como norma, forzado la emigración de 8 millones de venezolanos y arruinado la economía del país.  Todo esto mientras Maduro evadía la aplicación de la Carta Democrática y burlaba a mediadores internacionales que procuraban una salida pacífica así como los intentos diplomáticos del Grupo de Lima.  Esa conducta ha generado gran inestabilidad en la región.

Pero en lugar de persistir en el intento colectivo de confrontarla, hoy parece avalarse la concentración de poder naval norteamericano en el Caribe (que, en el marco del Comando Sur, tiene proyección hemisférica discrecional) y postergarse la necesidad de establecer alianzas eficaces para terminar con la dictadura venezolana y con las fuentes del narcotráfico en la región.

Mientras tanto, sólo Brasil, que albergó la conferencia sobre seguridad colectiva de la que emergió el TIAR (que está vigente), ha mostrado al respecto preocupación que conduciría a un diálogo con Estados Unidos. Pero éste sólo sería bilateral y motivado por el interés de renovar su influencia suramericana entendida como “zona de paz”.

Esto es insuficiente. Los países democráticos del área deben participar en esa decisión. Y contribuir a esclarecer si la escalada en el Caribe tiene otros objetivos como prevenir desbordes de estados fallidos (Haití, Cuba), contener la intromisión china y rusa en el área, marcar el paso del redespliegue estratégico norteamericano y establecer un nuevo orden regional. En este marco, el diálogo con los países democráticos de América es fundamental y no sólo el eventual de Trump con Maduro.