Perú-Estados Unidos: Esclareciendo una Nueva Relación de Seguridad

20 de diciembre de 2025

Luego de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (noviembre) y de la visita del Canciller Hugo de Zela al Secretario de Estado Marco Rubio (diciembre), el presidente Trump remitió al Congreso de su país una nota indicando su intención de designar al Perú como Aliado Importante No-OTAN (Major Non-Nato Ally).

Ese resultado constituye el evento de política exterior bilateral más importante desde el establecimiento de una Asociación Estratégica Integral con China en 2013 (confirmada en noviembre del 2024).

Aunque la designación norteamericana compete, de manera restringida, sólo al ámbito de la relación con Estados Unidos (no a la OTAN, que dispone de otra red de asociaciones globales), aquélla tiene también dimensión estratégica en la región reflejada en un status sólo compartido por Argentina, Brasil, Colombia y México.

Si ese status se traduce en cooperación en la lucha contra el narcotráfico, acceso prioritario a cierto equipamiento militar, fortalecimiento de capacidades operativas, cooperación tecnológica y espacial y contención de la migración ilegal entre otros desarrollos, implica también el reconocimiento de la importancia geopolítica que tiene el Perú en Suramérica y, por tanto, de su rol en el fortalecimiento de la estabilidad regional.

Esta asociación tiene además adicionales implicancias. La primera se debiera expresar en la disminución de la vulnerabilidad del Perú frente al crimen organizado que opera localmente con fuertes vínculos trasnacionales. El crecimiento letal de esta amenaza en Lima, La Libertad o Madre de Dios entre otras localidades, implica que los escenarios nacionales en los que actúan las bandas del narcotráfico y de la minería ilegal puedan ser combatidos también, y con mayor eficacia, en los núcleos externos desde los cuales esas organizaciones controlan sus redes.

Una segunda implicancia proviene de la prioridad que Estados Unidos otorga hoy a su relación con el “Hemisferio Occidental”. Al respecto es necesario esclarecer cuál es la verdadera dimensión de esa prioridad.

Primero, porque no parece sensato esperar que la primera potencia deje de atender sus intereses en el escenario sistémico cuando nuevos polos de poder emergen o se consolidan y que esté dispuesta a dividir el escenario geopolítico global en esferas de influencia con titulares indisputables (aunque así lo sugiera la Doctrina).

Y segundo, porque no parece aceptable que las potencias regionales (Brasil, México) y otras emergentes (Perú, p.e.) acepten la subordinación nacional a los contenidos de una nueva versión de la Doctrina Monroe que se dispone a “restaurar la preeminencia norteamericana en el Hemisferio Occidental” como se destaca en la mencionada Doctrina.

Al respecto importa menos la realidad de la asimetría de poder que siempre existió en la relación interamericana favoreciendo distintas calidades hegemónicas de los Estados Unidos que la orientación política que esa potencia desee hoy otorgar a la primacía resultante. Especialmente si ésta se orientara indiscriminada y principalmente a disminuir drásticamente la influencia de terceros extra- regionales implicando el control de instalaciones militares, puertos, infraestructura y adquisición de activos incluyendo la minimización de los “costos ocultos” de esa influencia (espionaje, ciberseguridad, dependencia financiera, deuda, entre otras).

Si el destinatario de esa referencia es China, la disminución de esa influencia sería beneficiosa siempre que no se pretenda cancelar el mercado indispensable de esa potencia para los productos básicos suramericanos ni el acceso a cierto tipo de bienes y tecnologías útiles para los países de la región.

Pero, si en el marco del alejamiento de Europa, un destinatario potencial fuera también los estados que conforman el corazón histórico de Occidente, la Estrategia norteamericana debe rectificarse.

En efecto, para América Latina la relación con la Unión Europea y los países que la integran es indispensable no sólo en términos de comercio, servicios e inversión sino de sustancial referencia democrática y civilizacional. Si la nueva Doctrina norteamericana deseara relativizar ese vínculo, estaría vulnerando un interés primario de la mayoría de países del área. El Perú debiera dejarlo en claro.

Y al hacerlo debiera recordar que el “Corolario Trump”, luego de los alineamientos propios de la Guerra Fría, no puede contrariar por completo los principios de la política del “Buen Vecino” que dejó de lado la disposición intervencionista unilateral del Corolario Roosevelt de 1904 de la Doctrina Monroe.

Si bien es claro que el acápite operativo de la nueva Doctrina es bienvenido en tanto pretende fortalecer la estabilidad regional y un anclaje necesario en la conformación del nuevo orden internacional en los términos que se expresan en el reconocimiento del Perú como Aliado Importante No-OTAN, es necesario también proceder a esclarecimientos adicionales. Éstos deben abarcar también los eventuales términos de la nueva inversión norteamericana (p.e. nuevos requerimientos normativos), de las cadenas de suministros (el acceso a la industria minera peruana es universal) y de la diplomacia comercial norteamericana cuya disposición proteccionista afecta acuerdos de libre comercio establecidos.

Ese esclarecimiento no debe demorar, sin embargo, la renovada cooperación de seguridad que acaba de establecer Estados Unidos con el Perú.