El Secretario General de la OEA pudo haber dicho que la solución de la crisis venezolana requiere considerar todas las medidas “razonables” o recordar la “obligación de proteger” (como lo acaba de hacer), que es una institución creada por la ONU para prevenir o detener la evolución de catástrofes humanitarias. Pero se refirió, de manera no calificada, a la necesidad de considerar “todas” las opciones para terminar con la barbarie en Venezuela. Entonces se desató la tempestad en el Grupo de Lima.
Esta agrupación regional, que también procura una solución a esa crisis, se apresuró a implicar indirectamente al Secretario General en un posible golpe de Estado descalificando toda “declaración o acción que implique una intervención militar o ejercicio de la violencia”. Y al respecto, se reafirmó en considerar sólo una salida “pacífica y negociada” sin proponer nada en particular (quizás por ello ni Colombia ni Canadá suscribieron la declaración).
Con ello el Grupo pareció retroceder a la época en que el congelado UNASUR propuso el “diálogo” para tratar las ilegalidades con que Maduro fue “electo” y que el dictador mal usó para sobrevivir.
Así, de manera inmatizada, pareció considerar al desmesurado personaje como un interlocutor legítimo antes que necesario con el que tratar, descartando el recurso legítimo a la coerción externa.
Al hacerlo, el Grupo de Lima olvidó que ya se aplicó a esa dictadura la Carta Democrática o que algunos de sus miembros han avalado iniciativas como la investigación por la Corte Penal Internacional que se ocupa, entre otras elegancias, de crímenes de lesa humanidad y del genocidio.
Peor aún, el Grupo dio a entender que la solución “pacífica y negociada” volvía a enmarcarse en la versión anacrónica del principio de no intervención que, en su versión actual, no considera como intervención acciones de los Estados americanos en la protección de la democracia en la región o de la comunidad internacional cuando la autoridad estatal procede a la destrucción de los medios de vida y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
¿O es que quizás el Grupo sólo ve en Venezuela una crisis multidimensional sin considerar el colapso del Estado y que quienes ejercen el poder allí son ya una amenaza regional bien definida por 1.6 millones de emigrantes, la destrucción del 40% del PBI en 5 años, la hambruna, el narcotráfico y la desestabilización de vecinos?.
O quizás prefiera que el restablecimiento del orden interno y el equilibrio regional provenga de Rusia y China –financista principal de Maduro-; que la Carta de la ONU (que reclama medidas eficaces para afrontar amenazas a la paz internacional y hasta el uso colectivo de la fuerza cuando ésta es autorizada por el Consejo de Seguridad) sea marginada; o darle una oportunidad al inverosímil plan de estabilidad económica que no renuncia a seguir regalando petróleo a Cuba.
Son tiempos difíciles en el Perú, la región y el mundo. El Grupo de Lima no tiene por qué renunciar por ello a su tarea.
