Tras volar 10 mil kms. aproximadamente, una flotilla de aviones rusos ha realizado una demostración de fuerza desestabilizadora en el norte suramericano sólo para retirarse hoy, quizás bajo apremio, luego de realizar un ejercicio de diez horas sobre el Caribe.
Si no fuera porque esa flotilla estuvo integrada por un par de bombarderos nucleares de largo alcance Tu-160 que llegaron acompañados de un carguero pesado IL-62 y un An-124 de pasajeros y porque ésta es la segunda vez que esa presencia ocurre, el arribo de estos aviones podría haber sido percibida apenas como una puesta escena del alcance extracontinental del poderío aéreo ruso apoyado por autoridades venezolanas que buscan repotenciarse.
Pero el despliegue aéreo de largo alcance, que involucró a la aviación venezolana en ejercicios bajo la corresponsabilidad del Comando Estratégico Operacional de ese país con el propósito de lograr mayor interoperabilidad con las fuerzas rusas según el Ministro de Defensa Padrino, ha adquirido otra dimensión, además de violentar el Tratado de Tlatelolco de 1969 que proscribió las armas nucleares en América Latina.
El desafío de una erosionada zona de influencia norteamericana, de las preocupaciones de seguridad de los vecinos suramericanos y la violación del tratado antinuclear latinoamericano, ciertamente implica algo más que la formalización del respaldo militar ruso a Venezuela y no tiene sólo propósito defensivo.
Para comenzar, parece claro que la dictadura venezolana ha extendido su desprecio del sistema intermericano (a la OEA de la que ha decidido desvincularse y a sus regímenes específicos como la Carta Democrática) al ámbito militar.
La consecuencia estratégica de esa decisión es el serio quebrantamiento del balance de poder en la zona más allá de todo reparo vecinal, de lo que queda de la seguridad colectiva en el área y quizás la perspectiva de una opción antisistémica mayor: la consolidación de la alianza cubana –que ya domina el aparato de inteligencia venezolano- con poderío militar ruso en un escenario que va en camino de parecerse al que existía con anterioridad a la crisis de los misiles de 1962.
Si tal asociación lleva consigo además algunos elementos combustibles como el fuerte financiamiento chino y la vinculación iraní, el congregante ensayo venezolano va adquiriendo otra dimensión global volátil, distinguible y compleja. En un extremo, el amago de expansión de zonas de influencia rusas fuera de América hacia una americana podría obligar a una respuesta, por la fuerza o la negociación, en un escenario de fricción híbrida o asimétrica.
Si esta hipótesis se constata, su realidad constituiría una amenaza intolerable para los países del área y así debe hacérselo saber cada Estado americano a Venezuela y Rusia.
Al respecto, sólo los Estados Unidos, Colombia y la OEA han reaccionado hasta ahora con benignidad.
El primero calificando el despliegue ruso como un “despilfarro” comparado con la más constructiva presencia naval americana la zona mediante buques-hospital. Colombia, preguntándose públicamente sobre las intenciones agresivas de Venezuela y recordando que Bogotá sólo actúa en el marco del derecho (una apelación que no se condice con la realidad de la beligerancia interna recientemente superada). Mientras que la OEA apenas ha tomado nota de la presencia rusa sin referirse al Tratado de Tlatelolco e imputándole a Rusia una poco sustentada violación de soberanía venezolana (los militares venezolanos han sido activos anfitriones de los aviones nucleares rusos a pesar de que el despliegue no haya sido autorizado por la Asamblea Venezolana, única instancia legislativa reconocida por la mayoría de los miembros del sistema interamericano).
Tal benignidad contrasta no sólo con la evidencia de hoy sino con los antecedentes mencionados. En el 2013, uno de estos bombarderos rusos realizó un vuelo en el que entró en el espacio aéreo colombiano, junto con dos aviones caza de largo alcance MiG-31, cuando realizaba operaciones navales y aéreas con Nicaragua.
Por lo demás, el dictador Maduro acaba de realizar un viaje a Moscú para conseguir –y lograr- una contribución rusa de US$ 6 mil millones que, para una economía aplastada como la venezolana, sería sólo una línea de oxígeno si no mediara un proyecto estratégico de envergadura.
Si bien Rusia no es el principal financista de Maduro (ese rol corresponde a China) y apenas habría prestado unos US$ 4 mil millones con anterioridad, es una fuente de aprovisionamiento de armas de dimensión superior.
A diferencia del Perú, cuya adquisición de armamento ruso-soviético se inició bajo el gobierno de Velasco, Venezuela debía ser el escenario sudamericano donde empresas rusas produjeran Kalashnikovs entre otras capacidades. Ello indicaría presencia militar estable en el área, irían acompañadas de mayor participación rusa en proyectos de extracción de recursos naturales, de gestión gubernamental y de sustantiva asistencia militar e inteligencia. Aún ello no sería alarmante si no fuera por el vínculo militar operacional con armas prohibidas en el área.
De ocurrir, bajo estas características, una presencia rusa en Caracas el modelo no sería el Perú de Velasco en los 70 del siglo pasado sino eventualmente el sirio en la perspectivas de un conflicto no convencional además de la ampliación de los escenarios de influencia rusos que trasgrediendo el Mar Negro, llegaron al Mediterráneo y ahora se refuerzan en el Caribe.
Esta escalada estratégica es inadmisible en América en tiempos de denuncia de tratados nucleares (el INF) y de inciertos pero cada vez más intensos y rápidos cambios en el sistema internacional.
Esta innovación estratégica debe ser tomada en cuenta seriamente en la región, pero especialmente por Estados Unidos que ya ha planteado a Rusia y China que desescalen su presencia y la dimensión de sus acciones en otros continentes como África.
Teniendo en consideración que el gobierno venezolano viene usando como pretexto una eventual acción directa contra el dictador Maduro por Brasil y Colombia, ese gatillo puede producir consecuencias en el escenario que comentamos.
Si ello es así, las acciones venezolana y rusa pueden promover que en la región se transite de la consideración de amenazas extraregionales a la definición, por lo menos inamistosa, de los gobiernos que las producen.
