Pocas veces las elecciones en un país chico (2% del PBI de la Unión Europea) han concitado la atención global como las elecciones griegas de este fin de semana. Y pocas veces también se ha registrado tanta presión externa sobre una ciudadanía que aspira a alguna seguridad tras cincos años de recesión y convulsión social.
En efecto, entre la aspiración ciudadana a una elemental la estabilidad colectiva y la expectativa sistémica de evitar un eventual colapso del euro los griegos han votado quizás por ambas cosas y no por una sola.
De esa lectura ha dado cuenta el Secretario General de la OECD, Miguel Ángel Gurría, señalando que Grecia debe beneficiarse de alguna flexibilización del plan de ajuste a que ha sido sometida a cambio de dos rescates equivalentes a 240 mil millones de euros (US$ 305 mil millones).
Esa interpretación, sin embargo, no es compartida aún por Alemania, que ha rechazado, hasta hoy, cualquier modificación del plan de ajuste original que no sea quizás una extensión de plazos para el cumplimiento de los compromisos griegos. Y tampoco por parte de la prensa especializada que prefiere leer el resultado electoral como el que corresponde a un referéndum a favor del euro y, por tanto, como la autorización a concentrar la atención política en la estabilidad monetaria.
Al respecto, el titular del partido ganador, Sr. Antonis Samaras, ha expresado sólo que no habrá sorpresas. Ello no debe interpretarse como aceptación de un ajuste puro y duro si el partido Nueva Democracia espera no sólo formar gobierno sino también a generar imprescindible estabilidad política en el conmocionado sureste europeo cuya ausencia retroalimenta la inestabilidad que se arraiga en el suroeste del Viejo Continente.
Si lo primero implica una alianza con el PASOK para lograr mayoría en el Parlamento griego, lo segundo supone abrir canales de diálogo y coordinación con la oposición (el Syriza) si el gobierno entrante desea lograr una semejanza de orden interno en una sociedad polarizada cuyas discrepancias no pueden ser resueltas, como en Egipto, por una cuasi dictadura. Pero ni aún ese entendimiento inicial garantiza tranquilidad en Grecia en el mediano plazo.
Para que ese plazo se alargue, las autoridades europeas que concurren a la reunión del G20 en México podrían dar muestras de alguna flexibilidad para que el ajuste griego, que ya ha logrado una reducción del déficit de 15% del PBI en 2009 a 9.1% en el 2011 y que apunta a 5.5% este año, tenga una posibilidad de alcanzar en un futuro el 3% requerido.
Esa flexibilidad debiera consolidarse en la próxima reunión cumbre del Consejo Europeo dentro de 10 días (entre el 28 y 29 de junio) complementada por un programa de inversiones y de facilitación de crédito que generen empleo y de garantías bancarias sujetas al cumplimiento de obligaciones crediticias por los bancos. El corto plazo, que es lo representa la elección griega, debe ser atendido por el Consejo si el largo plazo desea tener algún fundamento.
Así lo demuestra la persistencia de la desconfianza en la Unión Europea Europa expresada con estridencia en el incremento de los rendimientos de los bonos españoles de 10 años por encima del 7%, el rasero que puede impedir la colocación de esos bonos en el futuro (es decir, la expulsión del mercado en términos de la prensa española) a pesar del recientemente anunciado rescate sectorial de 100 mil millones de euros.
Como es evidente, el corto plazo, tan abrumadoramente expuesto en Madrid por el exceso de especulación financiera, no se satisface con el mero resultado electoral griego. Éste atentará contra los objetivos europeos de largo plazo si el Consejo Europeo no logra articular soluciones menos basadas en probar insistentemente la capacidad de resistencia ciudadana (de la que Alemania hace gala) que en el arreglo tardío de una unión monetaria apresuradamente elaborada.
Es más, probablemente la estabilidad y el retorno de la confianza europeas no se logrará en el largo plazo mediante la construcción hoy de una irreal unión política, ni de una insustancial unión fiscal y quizás tampoco de una unión bancaria (que los propios bancos, en apariencia, resisten) sino de un régimen común de fortalecimiento del sistema financiero que implique garantías, disciplina y supervisión que complemente el indispensable estímulo.
La legitimidad de esas propuestas no proviene de la opinión pública excéntrica sino del reclamo de buena parte de los miembros de la Unión Europea y hasta de Estados Unidos. Y también de los afectados por la contracción de la demanda europea en otros escenarios. Éste es el caso de las exportaciones peruanas que han perdido el paso en abril último.
