La importancia de las reuniones de jefes de Estado en momentos de crisis como los que vivimos reside en su capacidad de coordinación de políticas. Si en América Latina, esa tradición es antigua, pero no demasiado eficaz, las cumbres que han tenido un propósito intraregional esencialmente comunitario -en su sentido civilizacional- han sido menos eficientes aún.
En el escenario inter-regional éste también ha sido el caso de la secuencia de cumbres iberoamericanas. Pero a la luz de las circunstancias dramáticas de la crisis que afecta a España y Portugal y la heredad política que la convoca –la Constitución de Cádiz de 1812-, la reciente cumbre gaditana no puede ser juzgada sólo por los parámetros de la perfomance eficaz.
En el ámbito político, esta cumbre ha actualizado, con un esfuerzo que falta redoblar, la matriz liberal que España otorgó a la independencia latinoamericana a contramano del sello monárquico contra el que la región se rebeló a principios del siglo XIX. Ahora que el conjunto del área celebra, o se apresta a celebrar, los respectivos bicentenarios de la independencia es indispensable rescatar este marco normativo en el que participaron numerosos representantes de la América hispanoparlante y del que abrevaron no pocas leyes fundamentales de sus nuevas repúblicas.
Y lo es porque los “principios de libertad individual, democracia, soberanía popular, separación de poderes, legitimidad e igualdad jurídica” tan enraizados en el liberalismo francés, inglés y norteamericano, tuvieron en la Constitución de Cádiz una tardía organización que constituyó un impulso de la revolución antimonárquica. Cuando aquélla fue derogada por Fernando VII, los liberales españoles y latinoamericanos que habían participado en su gestión ya habían dejado su huella en la historia americana añadiendo a los factores culturales que vinculan a América Latina con España, los ideales libertarios de un mestizaje labrado, esta vez, normativamente.
Si el resto del siglo XIX español y el latinoamericano desatendieron esa heredad, es bueno recordarla hoy cuando América Latina emerge como una región de nuevas oportunidades al tiempo que abre un espacio en la cuenca del Pacífico. La atracción geopolítica y económica que esta cuenca ejercerá en el futuro del sistema internacional requiere que los ribereños latinoamericanos estén bien afianzados en sus vertientes occidentales si no desean disolverse en el renovado pragmatismo de los juegos de poder que impone, en la cuenca, el escenario asiático.
Ese arraigo occidental está en cuestión hoy por la dimensión de crisis europea y su disolvente impacto en España y Portugal. Éste se resume en fuerte pérdida de cohesión interna europea, erosión de su influencia externa y neutralización de su condición gravitacional. En efecto, a pesar de su inmensa capacidad, el poder europeo orientado a inspirar y cambiar comportamientos de terceros se ha deteriorado erosionando la imagen de Europa como fuente de prosperidad y de gravitación civilizacional.
Este deterioro estructural ha afectado a España, mermada por su propio naufragio económico, en su condición de baluarte iberoamericano y referencia de éxito en el tránsito de la dictadura a la democracia, del atraso a la modernidad económica y del abismo anárquico a la gobernabilidad. España sobrevivirá a la crisis, pero el costo de su retorno será costoso y de largo plazo.
En lo económico, así lo demuestran las proyecciones correlativas de muy bajo crecimiento y muy alto desempleo esperadas por el FMI hacia el 2015. Luego de un ajuste fiscal cuyas metas se han dilatado (reducciones del déficit hasta 6.35% del PBI en 2012 en lugar del original 5.3%, de 4.5% para 2013 -fijado antes en 3%- y de 2.8% -establecido con anterioridad en 2.2%), la economía crecerá 0.9% recién en 2014 para estabilizarse luego en un umbral también bajo (1.6% en 2015 y 1.7% en 2016) (1). Ello ocurrirá si se logra sortear los graves riesgos que afronta la economía española.
En ese escenario de costosa superación de la crisis, el bienestar general no será correspondiente si se mide por la nueva recesión que padece la economía española (este año decrecerá -1.7% y el próximo -1.2%) y por su reflejo en el inmenso desempleo. Es más, cuando España logre estabilizar el crecimiento en 2015, la tasa de desempleo será de 23.3%, apenas menor al 24.9% de 2012 (2) y lejísimos del 8.3% logrado en 2006 cuando el consumo y el crédito desordenado desbordaban los parámetros de responsabilidad de la economía española.
Por lo demás, y como contraparte, las cuentas del sector externo español se habrán saneado sólo en el ámbito de la cuenta corriente (cuyo déficit viene reduciéndose por el buen desempeño de las exportaciones –expandidas notoriamente en 2011- y la seria reducción de las importaciones que refleja la contracción de la demanda). Así este pasivo transitará del ya razonable -1.8% de este año a un superávit de 0.1% en 2014 de tendencia incremental.
Sin embargo, esta mejora irá acompañado de un aumento de la deuda que pasará de 68.5% del PBI en 2011 a 97.3% en 2015 para empezar a reducirse a partir de allí.
A pesar de las dificultades de acceso al financiamiento, este contrapunto muestra la realidad de una economía real que muestra señales de mejores perspectivas frente a la persistente vulnerabilidad del vital sector financiero.
La estabilidad de este último sector dependerá de cómo y cuándo se materialice el acuerdo europeo de facilitación de 100 mil millones de euros destinados a los bancos con problemas en tamos de 30 mil millones. Hoy la promesa de ese acceso no sólo está condicionada a reformas muy estrictas (que se vienen realizando) sino a la capacidad de la burocracia financiera de la UE de recrearse a sí misma (el reemplazo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera por el Mecanismo de Estabilidad Financiera comprometido hace pocos meses aún no se ha logrado).
El incumplimiento de ese acuerdo tiende a retroalimentar la presión de los mercados financieros sobre la economía española encareciendo el acceso a un financiamiento escaso luego de haberse logrado una tregua al respecto (reiterada hoy, 22 de noviembre, en la buena colocación de bonos españoles en el mercado). A pesar de esta pasajera distensión, la actividad especulativa sigue muy activa en España y, además, generalmente indiferente a las medidas de ajuste socialmente críticas adoptadas por el gobierno español en los últimos meses (incremento de impuestos al valor agregado, reducción de beneficios de desempleo y de seguridad social). Este recorte de 2% del PBI no es considerado suficiente por los especuladores a pesar de que las medidas que lo generaron complementan reformas estructurales como la del mercado de laboral.
Pero si esa actividad carroñera parara y si las reformas realizadas contribuyeran a la estabilización, sentaran las bases para un crecimiento más sano y restauraran la confianza cauterizadora de la salida de capitales, España tiene aún pendiente mejoras sustantivas en las áreas de la educación, del desarrollo tecnológico y de la productividad.
En este marco, propuestas de complementación con el mercado latinoamericano pueden resultar importantes para España. Especialmente si las medianas y grandes empresas españolas invierten en la región para obtener rentas que no obtendrían en Europa y si entidades del área, como la CAF, facilita inversiones cruzadas que generen empleo en España y transferencia de tecnología hacia América Latina (propuesta que ya se ha planteado).
En cualquier caso lo que importa es la estabilización del mercado y del Estado español (hoy amenazado también por el separatismo) cuya condición es estratégica para Europa como miembro prominente del espacio continental y del crítico espacio del mediterráneo. Y que también lo es para América Latina como sujeto contribuyente a su mestiza identidad occidental. En contextos globales y regionales que hoy tienden a la fragmentación es de interés latinoamericano el sustento de centros de estabilización comunitaria como lo es España.
De ello, que es buen complemento de los seis ejes que la resumen, deriva hoy la importancia de la cumbre iberoamericana realizada en Cádiz.
