Que la política interna y externa de un Estado están vinculadas es un lugar común. Esta evidencia es cuestionada, sin embargo, por dos afirmaciones extremas: a) la que pretende que la política exterior es claramente autónoma y hasta independiente; y b) la que plantea que la política exterior es una función de la política interna. La verdad no reside en el medio de estas afirmaciones sino en la mayor o menor intensidad del vínculo externo-interno en cada Estado de acuerdo a sus circunstancias. Al final se trata de un asunto de énfasis y de la conveniencia de que la política exterior mantenga cierta autonomía.
El proceso electoral francés dice mucho de la importancia de esta situación en tanto esté referida a la relación entre los Estados miembros de la Unión Europea y esa entidad colectiva. Su intensidad depende, a su vez, de dos premisas: que los compromisos de la UE formen parte, en lo que corresponda, de la política exterior de cada uno de los Estados miembros y que esa política cubra (como efecto ocurre) un ámbito superior al encargado de las cancillerías. Según los diarios europeos, la política exterior francesa buscará, o no, un nuevo equilibrio con Alemania pero especialmente renegociará, o no, el Pacto Fiscal recientemente comprometido en la Unión según quien gane la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de ese país. Voila. Sin embargo, antes que ello ocurra ya se constata que la inmensa ola de cambios en el liderazgo político de los países miembros de la UE generada por la crisis ha producido alteraciones de política exterior en esos países. En el ámbito extrarregional, la proyección de esos Estados ha sido recortada y en el ámbito de la UE el Pacto Fiscal (que es un tratado) ha sido innovado por un nuevo término: crecimiento. Si se consideran sólo estos hechos, la intensidad de la influencia de la política interna en la política exterior en los Estados europeos queda ampliamente demostrada. Es más, los resultados de esa influencia, propia de los Estados democráticos, quizás evolucionará todavía más cuando se discuta, en junio, próximo durante la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE. La premisa al respecto es que ese cambio será mayor si gana el candidato socialista Francois Hollande, o menor intensa si gana el Presidente en funciones, el señor Nicolas Sarkozy. Por lo menos, esto es lo que se concluye de las respectivas campañas y de los reacomodos que las elecciones francesas han despertado en el resto de Europa. A la luz del debate europeo sobre la razonabilidad de un ajuste que genera recesión, desempleo (especialmente juvenil en proporciones tercermundistas) y desesperanza en tanto no hay un horizonte de recuperación a la vista, se podría concluir que habrá un fuerte cambio en Europa, por lo menos en la definición de las hoy indeterminadas políticas de crecimiento. Pero, ¿lo habrá en las políticas de ajuste? Para empezar el señor Hollande no es ningún Roosevelt. En consecuencia la expectativa de si habrá o no un “new deal” en Europa no pasa por un incremento sustantivo del gasto público (especialmente cuando el candidato socialista se ha comprometido a minimizar el déficit público hacia el 2017). El señor Hollande, de triunfar, procurará más bien distribuir mejor la carga del ajuste entre las clases medias y los más privilegiados por la vía tributaria, sea a través de mayores impuestos a los ricos o impuestos a las transacciones financieras, o ambas cosas. La semejanza de un “new deal”, en cambio, se concretará a lo que puedan hacer ciertas instituciones comunitarias: un rol mayor del Banco Europeo de Inversiones y un replanteamiento de uso de los fondos estructurales (la mayor fuente de financiamiento de las regiones menos prósperas). Sobre esas bases, Hollande procurará lograr un nuevo diálogo con Alemania (algo más reconocible como política exterior convencional). Ese nuevo vínculo no implicará, sin embargo, un cambio radical en la jerarquía de poder en Europa en tanto Alemania es hoy la mayor potencia económica del área y quizás la que tenga mayor proyección no militar. Pero sí resultará en un cierto equilibrio político que evite que la Unión Europea siga perdiendo cohesión. Si Hollande lo logra, la política exterior francesa, más a tono con las demandas sociales, habrá mejorado la posición de Francia también frente a los tecnócratas de la Comisión Europea, del FMI y del Banco Central Europeo. Pero esa ganancia se perderá si, como plantea la socialdemocracia europea, el señor Hollande sigue al pie de la letra el estribillo de “más Europa”. Esta tendencia europea (escapar hacia adelante en materia de integración sin haber sentado los fundamentos del avance) es responsable, en gran medida, de las decisiones que han llevado a la crisis actual. Éstas incluyen la forma apresurada y políticamente condicionada como se adoptó el euro, la total despreocupación por alternativas requeridas para afrontar crisis cuando los Estados cedían su política monetaria, la pretensión absurda de adoptar una “constitución” europea (como si Europa fuera un Estado), el proceso de decisiones en el que los gobiernos y la Comisión retroalimentaron sus virtudes de gestión pero también su grandes defectos (p.e. la imprevisión frente a la crisis, la ausencia de supervisión y hasta el falseamiento estadístico) y la tendencia al pensamiento único que se desarrolló burocráticamente eliminado, no las diferencias políticas, sino la capacidad de alerta. Si el señor Hollande se envuelve ideológicamente en el estribillo de “más Europa”, la política exterior francesa habrá perdido sitio ya no frente a su fundamento ciudadano sino frente a los excesos burocráticos de Bruselas. Y perderá todavía más si quien resulte electo en la segunda vuelta no aclara que no es el lamentable Pacto Fiscal el culpable de las crudísimas medidas de austeridad sino el antiguo Pacto de Estabilidad que antes se incumplió y hoy cobra su precio de manera extemporánea. Como lo recuerda Ignacio Torreblanca, es éste último el que está vigente en Europa y no el Pacto Fiscal que debe aún ser aprobado por los diferentes Estados de acuerdo a sus propios procesos.
