Los venezolanos han optado por extender de 14 a 20 años el gobierno de Hugo Chávez reeligiéndolo por tercera vez en un proceso cuya libertad se mide apenas por un conteo de votos no impugnado y cuya justicia se evalúa por concesiones mínimas del alto grado de control mediático del régimen.
A la luz de la polarización que vive Venezuela en un contexto propenso a la violencia común (la mayor tasa de homicidios en el área) y política (la demagógica del Sr. Chávez, la potencial de las milicias armadas y la autocrática que concentra el poder), la oposición ha reconocido la derrota… porque lo es. Pero también para mantener su opción electoral, lograr un reconocimiento que cambie la relación con el régimen e inhibir una mayor inestabilidad en el país.
Ello se justifica si el régimen venezolano distingue la autocracia de la dictadura. La primera se legitima en el voto y en las particularidades de la “democracia delegada” venezolana. Pero el deslinde de ésta con el corporativista o el totalitarismo no es claro.
UNASUR se acaba de lavar las manos al respecto al aceptar “acompañar” ese proceso en lugar de observarlo. Al hacerlo ha debilitado la legítima práctica de supervisión electoral por terceros, cuestionado más la vigencia de la Carta Democrática y convalidado, por adelantado, la conducta electoral del chavismo ligada a la naturaleza del régimen.
La certificación de la democracia delegada ha adentrado a UNASUR en un pragmatismo inefable que no se acerca al realismo político. Esta actitud es convergente con la vocación geopolítica con que Chávez ejerce la autocracia prolongándola en el ALBA (cuyos líderes también aspiran a la rereelección) y en alianzas antioccidentales.
El contexto de crisis global favorece ese tipo de alineamiento que tiende despojar a Suramérica de su potencial y atractivo emergentes y convertirla en escenario de conflicto ideológico y estratégico.
Un déficit fiscal de 16%, una inflación de alrededor del 30%, precios petroleros insuficientes y la salud de Chávez pueden cambiar las cosas si el régimen responde a las señas de decaimiento económico. Pero el control político que reclama la autocracia en estas circunstancias puede oprimir todavía más, postergar las expectativas de la oposición y fracturar más a Suramérica.
