Hoy un Estado esforzado y reconocido como el nuestro, amanece postrado por la incapacidad presidencial de distinguir entre lo público y privado, por las artimañas de un clan político cuyo modus operandi no es posible desatender y por la corrupción proveniente de un vecino poderoso.
La segunda moción de vacancia presidencial, montada sobre las falsedades del Jefe de Estado, orientada siempre a su defenestración y montesinistamente articulada, nos devuelve 18 años en la historia reciente corroyendo la institucionalidad, incrementando la vulnerabilidad económica y socavando nuestro status internacional.
Si el resultado de la iniciativa parlamentaria impidiera las correcciones necesarias y transitara de la inestabilidad hacia la anarquía, es necesario recordar que el principal deber moral del Estado es su sobrevivencia.
Si se llegara a ese extremo luego de la renuncia presidencial la obligación de quienes ejerzan en el futuro la muy mermada autoridad estatal bien podrían procurar la disolución del Congreso.
Para evitar esa situación, el Legislativo, carente hoy de legitimidad suficiente, debe asegurarse que sus actos no esterilicen la sucesión Ejecutiva.
Al respecto es necesario recordar que la Constitución, como resumen del contrato social, es la antítesis de la anarquía y de la arbitrariedad. Y si la anarquía, que las sociedades superan a gran costo, es arbitrariamente promovida por agentes del propio Estado, es el contrato social el que está en juego.
La ingobernabilidad resultante puede tener, además, consecuencias externas que añadan gravedad al daño autoinflingido. Políticamente aquéllas podrían resumirse en la tendencia al debilitamiento en la relación bilateral, en la falta de liderazgo en los regímenes internacionales y en la generación del vacío de poder por pérdida de las escasas capacidades soberanas actuales.
Bajo esas condiciones un Estado bien puede situarse en los bordes de un Estado fallido y su gobierno ser la tentación de cualquier aventurero en busca de aprovechamiento o cambio del sistema bajo el que dispusimos organizarnos.
Por lo demás, debe tenerse en cuenta que la solidez económica lograda a lo largo de una generación está erosionándose peligrosamente. Y no por falla en el intento de un mejor status sino porque el Perú está generando riesgo-país incrementalmente cuando hasta hace días su oscilación era baja: sus papeles deben pagar ahora más intereses para no ser vendidos a menor precio, el financiamiento externo se encarece, la inversión extranjera se espanta y la calificadoras que determinan la conducta de los bancos de inversión se alertan.
Como consecuencia la economía real es afectada: la industria puede perder mayor productividad, el comercio minimizar capacidad de oferta exportadora y el potencial de integración profunda en asociaciones estratégicas (la Alianza del Pacífico) erosionarse gravemente.
Estamos seguros que el Vicepresidente Vizcarra intentará salvar estos obstáculos. No sabemos si en ese empeño tendrá la colaboración necesaria.
