Aunque la diplomacia no es una disciplina jurídica, como casi todas las actividades que involucran relaciones entre sujetos se asienta en normas explícitas o implícitas. Y como todo conjunto de normas, las normas diplomáticas permiten interpretaciones diferentes que pueden simplificar o complicar la política internacional de un Estado. Ello implica que los sujetos tengan conocimiento de la norma y le otorguen a ésta la debida importancia.
Así, si alguno de los interlocutores no comprende el conjunto normativo en cuestión, no entiende un acápite específico del mismo –digamos, el protocolar- o sencillamente no le otorga la debida jerarquía, es muy probable que el ejercicio diplomático sea una fuente no sólo de desentendimiento sino de fricción o conflicto.
Esto último ocurrió en la relación peruano-boliviana entre los gobiernos de Alan García y Evo Morales cuando éste parecía no comprender ni la forma ni el contenido de notas diplomáticas que el Perú le hacía llegar en relación a alguna circunstancia ingrata. La poca importancia que el gobierno de Morales otorgaba, por ejemplo, al llamado de un embajador a consultas por el gobierno peruano retroalimentaba la inestabilidad creciente de la relación bilateral.
Pero el gobierno de Maduro, quizás adiestrado diplomáticamente por Cuba, comprende muy bien la normativa diplomática y sabe, como su mentor, cómo escalar una crisis para fortalecer su posición frente al interlocutor y con sus aliados (o simplemente ganar algunos puntos en el frente interno).
En efecto, Maduro entiende bien lo que implica que un Estado, apoyado por otros, cancele una invitación vía una “reconsideración” de la misma (la afirmación de que la presencia de Maduro “no es bienvenida” no es parte de la Declaración del Grupo de Lima). Cualquier gobernante comprendería que esa situación le impide acudir al compromiso.
Pero el dictador venezolano ha optado, en apariencia, por una interpretación gramatical de los términos de su desconvocatoria. En tanto el Perú, apoyado por el Grupo de Lima, no le ha prohibido asistir explícitamente y se ha remitido a citar un acápite de la Declaración de Quebec que los miembros del sistema interamericano establecieron en el 2001, ¿por qué darse por aludido si el cinismo es su fuerte o someterse sin más a la mencionada desconvocatoria?.
Si bien esa Declaración establece que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”, la Declaración del Grupo de Lima, por debilidad, no dice explícitamente que el gobierno de Maduro ha incurrido en ese impedimento. Sólo lo sugiere.
Es más, el dictador podría afirmar que, al respecto, no se le ha podido aplicar en términos estrictos la norma jurídica ad hoc: la Carta Democrática. Además, siendo la Cumbre de las Américas un foro del sistema interamericano del que el Perú es sólo el circunstancial anfitrión, el dictador se siente con derecho a participar. Maduro no lo ha dicho así desde Caracas, pero se entiende.
El Perú, por tanto, debe responder de manera taxativa. Pero quizás no lo deba hacer ya como un acto soberano que es apenas respaldado por los demás (como ocurrió en la Declaración de Lima). Ahora que Maduro ha desafiado al Grupo de Lima se requiere que los demás participantes de ese Grupo hagan suyo el contenido del eventual pronunciamiento diplomático peruano y se expresen colectivamente al respecto.
La consecuencia política de ese acto sería el desconocimiento adicional del gobierno de Maduro como uno entre iguales ya no sólo por el impedimento diplomático de la Declaración de Quebec sino por los argumentos que los Estados parte del Grupo de Lima exhibieron cuando se intentó la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.
Esa declaración conjunta, sin embargo, puede no ocurrir porque no existe consenso al respecto entre los asistentes a la Cumbre que incluye a todos los miembros del ALBA. Además, los miembros del Grupo de Lima que desconocen las instituciones dictatoriales organizadas por Maduro y las elecciones sin garantías convocadas por él, son sólo 17 del conjunto de 35 del sistema interamericano.
En consecuencia, el Perú como país anfitrión tendría que evaluar el recurso dramático a sus facultades soberanas: por ejemplo, denegar a Maduro la autorización de ingreso al espacio aéreo nacional. Y si aquél empleara un vuelo comercial, denegarle todo tratamiento especial (salvo el de seguridad) que corresponde a un Jefe de Estado y hasta impedir su acceso al escenario de la Cumbre.
Como es evidente, ello, además de bochornoso, es una invitación al rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿Están el Perú y los miembros del Grupo de Lima dispuestos a dar ese paso por razones de eficacia política y de prestigio y ya no sólo en defensa de un principio democrático? Aunque ese paso debiera ser una alternativa real, no parece que éste sea el deseo de todos los miembros de ese Grupo.
Y si Maduro lograse participar en la Cumbre, su temática (gobernabilidad democrática frente a la corrupción) perdería foco mientras Maduro lo gana.
El Perú, que debió tomar las medidas de prevención frente a este escenario no invitando a Maduro en primer lugar, sólo saldría airoso si Maduro cumple con algunas de las demandas del Grupo de Lima (pe., concertar con la oposición los términos de la próxima elección presidencial) o si del reclamo diplomático del Grupo de Lima se pasa a la adopción de medidas coercitivas contra el gobierno dictatorial.
Ello se podría lograr convirtiendo la Cumbre en una especie de sesión extraordinaria de la OEA (cuestión que los miembros del ALBA bloquearían), optando por la suspensión de relaciones diplomáticas (preferentemente de manera concertada con un buen número de gobiernos americanos, alternativa que no muchos adoptarían), suspendiendo la realización de la Cumbre (escenario que implica fuerte pérdida de prestigio para el Perú) o negociando con Cuba, la columna política y de seguridad del gobierno venezolano, para que ese Estado influya decisivamente en la ausencia de Maduro.
La negociación con Cuba para que el dictador entre en razón parecería la mejor alternativa si Maduro no hubiera sustanciado su desafío al Grupo de Lima en el principio del pluralismo político (que es el que justifica la presencia de Cuba en la Cumbre). Aun así, ésta es la alternativa menos costosa.
Lo que no se puede permitir el gobierno peruano es que Maduro se salga con la suya y triunfe en este caso mediante el escalamiento de una crisis como instrumento diplomático.
