La Coalición Anti-Carteles

10 de marzo de 2026

En un marco de intensa beligerancia internacional se ha concretado en Washington uno de los mayores acuerdos de seguridad colectiva desde que, en 1947, se creó el TIAR. Éste se ha realizado en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por Estados Unidos para definir, como prioridad de los selectos participantes, la confrontación contra los carteles de la droga declarados como organizaciones terroristas extranjeras. Al respecto, el sistema interamericano no ha sido tomado en cuenta.

Aunque, además del Brasil, el compromiso no ha sido adoptado por México ni Colombia (los principales centros de operación de los carteles) y que sólo 12 de los 18 países comprometidos asistieron a la reunión, ésta formalizó la Coalición de las Américas Contra los Carteles. La Coalición será liderada por Estados Unidos luego de que se definiera la naturaleza de la amenaza que reside en el control territorial que ejercen esas organizaciones y su empleo de armas de guerra y de medios terroristas como modus operandi.

En consecuencia, los instrumentos para su confrontación implicarán el uso de la fuerza militar mientras Estados Unidos provee el entrenamiento correspondiente y promueve la “movilización” ad hoc. La participación latinoamericana en la génesis de esa estrategia no se ha hecho pública.

El objetivo concreto es “demoler” a los carteles en el marco de la ley eliminando, por tanto, la usurpación de la soberanía nacional que aquéllos practican y el acceso financiero del que gozan.

Si la amenaza a ser confrontada implica la recuperación de los fundamentos del Estado en la región el objetivo no puede ser más acertado. Pero los medios para llevarlo a cabo, enmarcados en el lema “paz a través de la fuerza” según el Secretario de Guerra Hegseth, deben ser clarificados. Primeros, esos medios deben incluir también un par de viejas recetas: la disposición norteamericana a disminuir radicalmente el consumo de drogas y realizar un efectivo control de armas en su país.

Además, si la soberanía es el activo político a recuperar es contradictoria toda pretensión de dominio externo alterno. Aquélla, sin embargo, ha sido proclamada, de manera recusable por el presidente Trump en su reciente discurso sobre el Estado de la Nación al referirse a la “seguridad y dominio en el Hemisferio Occidental”.

Si esta referencia es correspondiente con la “preeminencia” de Estados Unidos en la región planteada en su Doctrina de Seguridad Nacional, la realidad de la extraordinaria asimetría de poder en el Continente crudamente traducida en supremacía política no puede ser aceptada por los estados latinoamericanos sin más. Menos cuando esa preeminencia se redefine hegemónicamente a través del “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe y mientras la Doctrina de Defensa establece la disposición estadounidense a actuar unilateralmente si la primera potencia decidiera, por su cuenta que, un estado latinoamericano no coopera adecuadamente. La excepcional intervención en Venezuela no puede convertirse en regla.

Para establecer una sensata relación de cooperación en la lucha contra los carteles en la que Estados Unidos tiene, sin duda, la mayor capacidad de aporte, es sensato distinguir la predisposición a satisfacer intereses mutuos de una mera “coordinación” como si la acción de fuerza necesaria fuera, de antemano, aceptada por los gobiernos del área.

Por lo demás es necesario aclarar los términos en que se ha formalizado la Coalición de las Américas Contra los Carteles. Si ésta se remite sólo a una Proclama realizada por el presidente Trump a la que asistieron como testigos una docena de presidentes del área, dudosamente ésta pueda ser suficiente base para exigir la cooperación referida. Si la coalición anti-carteles desea ser el acuerdo de seguridad colectiva hemisférica más importante en lo que va del siglo XXI, ésta debe ser formalizada plurilateralmente como ocurrió, en el campo político, con la Carta Democrática Interamericana en 1994.

Es más, esa tarea podría realizarse como un capítulo del adicional del TIAR, cuya vigencia no ha caducado. Ello permitiría aclarar que la referencia a “influencia extranjeras malignas” en la Proclama unilateral del presidente Trump no se refiere a estados extracontinentales específicos (aunque, en el caso de China, sea necesario establecer nuevos parámetros de relación como lo hacen europeos y ribereños del Indopacífico).

Bajo estas circunstancias, además, sería deseable que la designación de la funcionaria a cargo de la representación norteamericana en la implementación de las actividades de la Coalición sea una persona afín al área en lugar de una autoridad que, en la captura de inmigrantes ilegales (especialmente latinoamericanos) en su país ha realizado evidentes abusos de autoridad. El Secretario Rubio, que algo sabe de la idiosincrasia regional, debe corregir este exceso a la vez que procura una relación de Estados Unidos con la región más orgánica que meramente sectorial y tutelar.

En el marco de esa disposición correctiva la cooperación con Estados Unidos en el combate contra los carteles debe empezar de inmediato.