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Cuando el Estado Subordina a la Nación

Foto del escritor: Alejandro Deustua
Alejandro Deustua
hace 2 días
3 min de lectura

17 de noviembre de 2026



Al cabo de casi una semana de redención colectiva generada por la visita del Papa León XIV los problemas locales vuelven a reclamar atención. Entre ellos destaca la evaluación de la inadecuada solución brindada, en esa semana, a la yuxtaposición de actividades de interés nacional de primera prioridad.


En efecto, una desacertada confección de los cronogramas de esas actividades que requerían la concurrencia de la jefe de Estado, ha generado un innecesario cotejo de compromisos. Como consecuencia, la participación presidencial en el cierre de una muy exitosa visita papal (que tardará en repetirse) y la obligación de asistir a una reunión cumbre de APEC (que se realiza cada año) tuvieron al final, un grado de incompatibilidad.


El privilegio otorgado a la cumbre APEC sobre el cierre de la visita papal complicó la atención de asuntos de cohesión social e identidad nacional implícitos en la visita papal. Ésta pareció subordinada a los requerimientos de proyección económica del país en la cuenca del Pacífico. En esta materia los asuntos de Estado han prevalecido sobre los que conciernen a la Nación.


 Si es probable que el Vaticano haya “comprendido” que la agenda de la política exterior peruana no podía paralizarse en una visita papal de seis días, es aún más probable que esa comprensión no haya encajado bien en la percepción del ciudadano común si se tiene en cuenta la intensidad de los factores espirituales e identitarios movilizados durante la visita.


Especialmente si la visita papal había sido destacada públicamente por la propia presidenta Fujimori como un instrumento de reconciliación nacional. Ese objetivo derivaba de la necesidad de atenuar la gran fragmentación política y social que afecta al Perú y de “tender puentes” para atender las fallas estructurales en que ésta ocurre.


Por lo demás, la presidenta estuvo al tanto de que esta visita exigía plena cooperación entre Estado e Iglesia establecida en un mandato constitucional. Así lo entendió el Papa en su primer discurso en Lima al destacar que la acción de la Iglesia y de sus actividades en el Perú se encuadran en el artículo 50 de la Constitución. Al respecto, leyó el texto correspondiente que dispone que el “Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral en el Perú y le presta su colaboración”.


Ese marco se añadió al carácter de una visita apostólica realizada por un jefe de Estado. Como se sabe, el Papa es el líder de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano. Éste goza, además, de extraordinaria legitimidad internacional e inmensa aprobación local (esta última vinculada a su nacionalidad peruana). Ninguna autoridad política en el Perú ni en América Latina está en capacidad de disputarle estas calidades.


La obligación de atender la visita papal como un evento de máximo nivel político y religioso concernían, por tanto, al Estado y a la Nación. Pero sobre todo a la Nación que la presidenta personifica.


Ello implicaba obligaciones de acompañamiento que no pueden ser provistas por autoridades delegadas salvo en última instancia. Y menos cuando la delegación de funciones contrasta con las conductas de los presidentes Orsi (que gobierna un país laico) y Milei (cuya proclividad por el judaísmo es manifiesta) al atender las vistas papales a Uruguay y Argentina de acuerdo al status del visitante y de las expectativas ciudadanas.


Por lo demás, la autoridad peruana debió considerar también el gran esfuerzo físico que realizó León XIV en el país al movilizarse por diversas regiones a pocas semanas de una delicada intervención quirúrgica.


Si el Perú es un país predominantemente católico y la activación masiva del sentimiento nacional implicó la afirmación de un componente sustancial de la identidad nacional, era obligación de la presidenta procurar encausar ese dinamismo con dedicación plena. Pero prefirió viajar.


Todos comprendemos la importancia de los encuentros bilaterales con los “líderes económicos” de la APEC (los gobernantes de países miembros) en la cumbre china de Shenzhen. Pero el programa indica que el 17 de noviembre sólo se reuniría con el presidente chino Xi Jingping. El resto de reuniones se realizarían el 18 y el 19. De esas reuniones sólo la que se sostendrá con Tailandia producirá un acuerdo de libre comercio esperándose de las otras entendimientos de mayor cooperación.


Es decir, sólo la reunión con Xi Jingpin habría generado una yuxtaposición de horarios reduciendo el costo de retrasar el viaje presidencial por un día. El presidente chino debió haber comprendiendo la situación en el Perú en lugar de proveer donaciones. Especialmente si él entiende la utilidad política de la religión en instrumentos como la iniciativa de la Franja y la Ruta. La presidenta debió invertir el orden de sus prioridades.


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