La Alianza del Pacífico

La retórica de la fraternidad tiende, en América Latina, a superar a la de la sensata convivencia así como la oratoria de la integración desmerece el valor de la cooperación. Esta predisposición diplomática que subordina la meditada orientación de la política exterior, suele plantear escenarios utópicos que impiden la adecuada gestión de las divergencias. Éstas, producto de la interacción de Estados de naturaleza disímil y expresadas en una amplia gama de intereses en conflicto conviven con sobrevaluados esquemas de integración trabando su potencial real y minimizando el valor de esquemas de escala más modesta.

Éste no parecer ser el caso de la Alianza del Pacífico que Perú, Colombia, Chile, y México acaba de acordar aunque la suscripción del tratado haya quedado para una próxima cumbre.

En este caso nos encontramos frente a una convergencia de Estados que se organizan en democracias representativas y economías abiertas y que han hecho de su mejor inserción en el mundo y del mejor posicionamiento en la cuenca del Pacífico una prioridad que valoriza su dimensión continental.

Esta masa crítica de intereses coincidentes, a la que se suman los de Panamá y Costa Rica (que son observadores), tiene un extraordinario potencial geopolítico que debe ser realizado con el mayor empeño. Por el contrario, incorporarse a ese emprendimiento con un lento dinamismo tecnocrático puede resultar en la pérdida de la oportunidad que representa la integración real entre economías convergentes por privilegiar actividades importantes pero quizás menores (promoción de pymes, becas y limitadas actividades ambientales).

Para evitarlo, ese tratado debería pretender la multilateralización de los acuerdos de libre comercio suscritos entre sus miembros, agregar la agenda del Arco del Pacífico e incorporar a Estados Unidos con el que todos tienen un TLC.

Y en ese marco, uno de los núcleos comerciales del acuerdo (el peruano-chileno) debería poder procesar sus divergencias de manera convergente con el proceso de integración y con el emprendido en La Haya. Ello implica reconocer que el territorio sobre el que se han dispersado minas chilenas es peruano según el tratado de 1929 y favorecer la limpieza del escenario con referencia a la línea que termina en el punto Concordia y no en el Hito 1.