27 de marzo de 2022
A pesar de las divergencias que, eventualmente, pudieran existir entre aliados transatlánticos de la OTAN y socios europeos de la UE y transpacíficos del G7 sobre la intensidad de la respuesta a la agresión rusa a Ucrania, aquéllas se han subordinado a la gran cohesión mostrada por esas entidades hasta ahora. De esta manera, Occidente (incluyendo a Japón en el G7) ha consolidado el diagnóstico del conflicto, la definición de la agresión perpetrada y el carácter de la respuesta coercitiva pertinente en un conflicto que, según el Presidente Biden, será de largo plazo.
Para las entidades de seguridad colectiva, de integración europea y de coordinación económica de las principales potencias (salvo China), la agresión rusa no sólo violenta la soberanía e integridad territorial de Ucrania sino que ésta ha puesto en riesgo la paz en Europa y alterado el escenario estratégico generando inestabilidad global mediante una guerra injustificada, ilegal y no provocada.
En ese marco, la solidaridad con el gobierno y el pueblo de Ucrania es plena y se enmarca en el derecho de ese Estado a la legítima de defensa, en la condena a la acción rusa articulada por la Asamblea General de la ONU, en la exigencia de suspensión de las operaciones militares rusas reclamada por la Corte Internacional de Justicia y en la obligación rusa de permitir el acceso de la ayuda humanitaria a los civiles que son sistemáticamente atacados.
En consecuencia, el apoyo que se brinda a Ucrania en los ámbitos político, económico, humanitario y de seguridad continuará sin solución de continuidad al tiempo que se reitera la continuidad de su política de “puertas abiertas” al margen de que Ucrania pueda, en efecto, incorporarse.
Y así como se da cuenta de las seguridades preventivas de la OTAN para la protección de los aliados (el mayor despliegue de tropas y de mecanismos de defensa aérea y naval en el Este de Europa) y se alerta sobre respuestas proporcionales en caso de que Rusia recurra al uso de armas nucleares, biológicas, químicas y/o de ciberseguridad, se confirma que la alianza atlántica adoptará un nuevo concepto estratégico en la reunión programada para junio de este año en Madrid que incluirá el actual escenario. Ello ocurrirá sobre la base de compromisos, hoy fortalecidos, sobre incremento de capacidades y de cumplimiento de obligaciones económicas con la Alianza.
En ese marco, se llama a los países no involucrados (específicamente a China) a que cesen sus contribuciones militares con Rusia, confirmando así la proyección global del conflicto, y se confirma la coordinación incremental de los mecanismos de sanciones económicas europeas y norteamericanas. Éstas, además de su mayor cobertura sobre funcionarios rusos y empresas de ese país, mejorarán su eficacia asegurando la imposición de altos costos al agresor e impidiendo la evasión de éstos mientras se procura mantener mercados transparentes y abiertos en el resto del mundo y sin que en éstos se generen mecanismos de control de exportaciones para asegurar stocks locales.
En relación al ámbito de las sanciones, las tres entidades mencionadas han confirmado su disposición a reducir la dependencia europea del petróleo ruso y a acelerar la transición a fuentes más diversas respetando el objetivo del acuerdo de París sobre calentamiento global (un máximo 1.5º C) y de reducción sustancial de emisiones. Mientras tanto, se ha llamado a otros proveedores (incluyendo a los miembros de la OPEP) a facilitar el adecuado aprovisionamiento del mercado y, por tanto, a limitar el incremento de los precios del petróleo.
Y en relación a los problemas de seguridad alimentaria generados por la disminución significativa de la oferta alimentaria proveniente de Rusia y Ucrania, las principales potencias occidentales aseguran que coordinarán con la banca multilateral, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y otros mecanismos para asegurar un adecuado aprovisionamiento especialmente de los más vulnerables. Sin embargo, no se mencionan al respecto medidas concretas que no sean financieras.
En ese contexto la OEA ha renovado su preocupación por la agresión rusa y sus consecuencias. Pero lo ha hecho sólo en la perspectiva humanitaria. Aunque esa perspectiva se enmarca en la obligación internacional de abstenerse del uso de la fuerza, la carencia de una perspectiva estratégica es allí clamorosa.
Si la agresión rusa ha violentado principios en que se asienta la comunidad internacional, hoy confrontamos hechos bélicos catastróficos en Europa del Este que tiene la proyección global que describen la Unión Europea, la OTAN y el G7. América Latina, o parte de sus miembros, no puede lavarse las manos con simples condenas principistas. En tiempos de guerra la neutralidad declarativa no es buena consejera y tiene costos que ya se han sufragado antes.
