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  • Alejandro Deustua

Revuelta en el Sur

30 de diciembre de 2022



Como es evidente, el desgobierno de Castillo ha sido el más destructivo de las instituciones, de la gestión estatal y de la cohesión nacional en este siglo. Es más, quizás pueda competir en torpeza, corrupción y disposición dolosa en el manejo público con los peores del siglo XX. Y si no hay un solo sector de la administración -incluyendo la defensa y la proyección externa- que haya sobresalido por buen manejo durante su gestión, tampoco lo hay en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.


En efecto, descontando su efecto depresivo en la inversión privada, la exportación minera, los términos del intercambio, la calificación del riesgo financiero o en el crecimiento y la productividad, el gobierno de Castillo no atendió siquiera a su propia clientela política que no fuera la que se beneficia del narcotráfico o de la minería y tala ilegales.


Así, según el INEI, si se compara los trimestres junio-agosto de 2019 y 2022, se constata que la tasa neta de asistencia escolar bajó de 91.% a 90.1% mientras que los problemas crónicos de salud de la población aumentaron de 37% a 41.6% y el acceso a la identidad (DNI) bajó de 98.4% a 98.3%.


De otro lado el acceso a los servicios básicos decayó de 90.7% a 89.3% en ese período y el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo disminuyó de 1581.6 a 15558.3 soles a pesar de que el empleo crecía esencialmente en el sector informal. Quizás la excepción más saltante a esta debacle sea la inclusión financiera (coto del capitalismo) que aumentó de 42.4% a 51% en el período (INEI, Condiciones de Vida en el Perú)


Con estas referencias era de esperar que la población mirase con mejor expectativa los resultados del legítimo cambio de gobierno luego del golpe de Estado perpetrado por Castillo.


Ello, en efecto, ocurrió en buena parte del Perú (aunque en condiciones muy precarias) pero no en el sur del país. Acostumbrados a la movilización permanente, al bloqueo de caminos, al sabotaje de la actividad minera (la mayor generadora de divisas que beneficia, adicionalmente, a los gobiernos subnacionales) la población movilizada ha anunciado un despliegue de protesta potencialmente violenta a pesar del estado de emergencia.


Si los motivos de esos compatriotas son complejos (aunque la mayoría votó por Castillo) mucho más evidentes son los de sus dirigencias sindicales, de sus movimientos sociales y del financiamiento del narcotráfico y la minería ilegal (tan ostentosamente exhibido en Lima con la llegada de grandes formaciones de camionetas Hi Lux de considerable precio).


Sin embargo, con ellos deberá negociarse impidiendo el desborde y el adicional quebrantamiento de la ley que se anuncia.


Pero lo que no es admisible es el directo involucramiento de operativos del MAS boliviano en el marco de las consignas plurinacionales y secesionistas de Evo Morales. Con ese comportamiento Morales se ha convertido en un enemigo del Perú. Su abierto cuestionamiento de la soberanía territorial en beneficio del espacio aymara y su intento de proceder, desde el Cusco, a la propagación de esa amenaza trasnacional para construir una “patria grande” que no reconoce fronteras lo confirma.


Desde que Morales asumió el poder el 2006 y enquistara la ambición plurinacional en el corazón de la Constitución boliviana su conducta al respecto ha sido cada vez más gravosa para el Perú sin que nuestras autoridades, que prefirieron no confrontar la base de su poder en el Perú -el narcotráfico y los grupos cocaleros-, otorgaran adecuada atención a la amenaza.


Hoy su activismo en territorio peruano ha llevado a una demanda aún más dañina que el subterráneo Runasur: la secesión del sur del Perú y su incorporación a Bolivia. La ignorancia de los líderes de esa propuesta les impide darse cuenta del potencial beligerante que puede presentarse de prosperar ese reclamo, aunque fuera en su más mínima expresión.


A ella se ha sumado recientemente, la injerencia de México, Colombia, Argentina y del actual gobierno boliviano tratando de defender a Castillo y desconocer al gobierno legítimo que lo ha reemplazado. El fundamento ideológico que ha motivado esa inédita intervención política en el Perú es de tal manera peligrosa que es de esperarse que esos gobiernos recapaciten luego del llamado a consultas de los embajadores peruanos en aquellas sedes.


El ámbito potencial de esta situación puede no limitarse a los actores trasnacionales y gobiernos mencionados. El esclarecimiento de los factores y motivos de la amenaza debe ser inmediata mientras Castillo responde de sus actos a la ley peruana y la Cancillería, el ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas cumplen con su deber.


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