Extorsión Arancelaria

9 de julio de 2025

Con anterioridad al plazo del 9 de julio todos los socios de Estados Unidos vienen siendo sometidos a un renovado proceso de extorsión arancelaria extendido ahora hasta el 1 de agosto. Ese lapso, que debiera marcar el inicio de la vigencia de los nuevos y arbitrarios aranceles trumpistas parece ser también una extensión del plazo de presentación de ofertas de los afectados para minimizar el daño.

La calificación de ese proceso como extorsión no proviene de los afectados sino del ex-Secretario del Tesoro, Larry Summers (GZero). Y es la correcta en tanto los nuevos aranceles no son ni “recíprocos” (los socios de Estados Unidos no recurrieron a semejante arma) ni éstos emplearon aranceles para sufragar problemas críticos como el déficit comercial, la deuda o la costosísima legislación fiscal norteamericana.

Es más, sólo Trump es responsable de haber agregado incertidumbre al comercio global incrementando el riesgo transaccional, fomentado la fragmentación de cadenas de valor  y el desvío de comercio en todo el mundo.

La extorsión arancelaria se estructura así: Al derecho de piso universal de 10% (que incluye al Perú) se suman aranceles diferenciados por país (que pueden llegar hasta 49%, p.e. Camboya); amenazas o aranceles coactivos aún no efectivos  (50% eventualmente a la Unión Europea); sectoriales (50% al acero y el aluminio, 25% a los automóviles y el anuncio de 200% a los farmacéuticos); punitivos (20% a China relacionados con el fentanilo y 10% por alineamiento eventuales con los BRICS); y los que afectan a aliados estratégicos (25% a México, Canadá, Japón y Corea y eventualmente a la UE) y a países en desarrollo (40%-50% para Lesoto, Lagos o Madagascar p.e.). ¡Y ahora surge la amenaza de 50% al cobre!

En este marco personeros de Trump sólo han logrado acuerdos con el Reino Unido, Viet Nam (20% a las exportaciones de ese país vs libre acceso a las de Estados Unidos) y China (55% a las exportaciones chinas vs 10% a las norteamericanas luego de la amenaza de niveles insostenibles).

Nadie duda que Estados Unidos, en tanto mayor consumidor, segundo exportador nacional,(USTR, el primero como nación es China) y titular del 8% del comercio global, ejerce un poder determinante en el mundo aunque no sea ya su único sustento. El poder consecuente se había orientado a establecer y aplicar los principios y normas del GATT (1947), la OMC (1995) y algunos acuerdos de libre comercio (TMEC). La guerra comercial que desembocó en la  Segunda Guerra Mundial no debía repetirse.

Y si la primera potencia ejerció siempre medidas coercitivas, lo hizo  por razones de seguridad en la Guerra Fría y para cambiar comportamientos hoy (como en el caso de sanciones a Rusia, Irán o Venezuela). Las medidas coercitivas fueron recusadas por los latinoamericanos por principio.

Sin embargo ahora  la primera potencia confronta al mundo entero por razones de política interna, de poder y status global al más puro estilo mercantilista.

Y lo ha hecho sin importarle el eventual efecto inflacionario y recesivo en su mercado interno, ni la irrealidad de su mercado de valores (que, a pesar de una caída inicial, ha incorporado el riesgo de la incertidumbre agregado a su sobrevaluación), ni el debilitamiento del dólar ni el de los papeles de deuda norteamericana. Esos mercados pagarán el costo con una crisis, con el alejamiento de aliados y con la sustancial pérdida de confianza, de capacidad de anclaje y del “poder suave” de su estado.

A pesar de que algunos de estos peligros han sido destacados por dirigentes del sector bancario (JP Morgan, p.e.), los inversionistas que desean seguir extrayendo la última gota de rentabilidad bursátil y no pocos economistas han racionalizado la grave alteración de los términos del comercio internacional. En efecto, los inversores que no se diversifican fuera de Estados Unidos, han priorizado el señuelo de la estabilidad de la nueva situación arancelaria en tanto ésta ofrezca detener los costos de la muy alta incertidumbre reinante.

Y algunos economistas (incluyendo algunos peruanos) sostienen que la fractura del sistema de comercio internacional podría ser beneficioso para los exportadores nacionales si otros países son castigados con incrementos mayores al 10% universal. Sin prever el ataque al cobre estos economistas  predicaban hasta hace poco la doctrina liberal y los beneficios de la nueva globalización.

Ahora que Trump amenaza esa principal exportación peruana y nos empuja a una mayor dependencia china que debe equilibrarse con la UE, el estado debe calibrar tal amenaza como una agresión económica. Ello implica la búsqueda urgente de nuevos mercados cupríferos, la activa solidaridad de otros productores y un reclamo ante la OMC aunque éste fuera simbólico. Mientras tanto debemos negociar con Trump hasta el 1 de agosto e interactuar intensamente con la oposición demócrata norteamericana en la esperanza de que la agresión comercial en marcha no sea necesariamente la de los Estados Unidos post-Trump.