Convertido en el séptimo presidente de Chile después de la dictadura de Pinochet, Sebastián Piñera asumió el mando el pasado 11 de marzo.
No lo hizo bajo las mejores condiciones económicas (Chile creció 1.5% el último año, tasa final de un gobierno que produjo un precario crecimiento) ni políticas (los partidos chilenos tienden a la desagregación y a la adopción de pautas programáticas desafiliadas de sus partidos originales).
En efecto, mientras que en el período 2000-2011 Chile creció a tasas que oscilaron entre el 3.1% (2001) y 6.1% (2011) y un promedio de 5.3% para el período 2010-2013 (gobernado por el primer gobierno de Piñera), en el período de Bachelet (2014-2018) el promedio de crecimiento ha bordeado 1.9% (consistente con el 1.5% del año pasado).
De otro lado, la fragmentación de las organizaciones y partidos políticos, fenómeno generalizado en la región, no es una problemática de la que haya escapado Chile a pesar de su aparente mejor organización.
Pero a diferencia de otros países, ese proceso de deterioro se ha realizado en un cierto patrón definido por la alternabilidad no sólo partidaria sino ideológica que parece correlativo con las nuevas calidades de la gobernabilidad chilena.
En efecto, durante los primeras dos décadas posteriores a la dictadura de Pinochet los gobiernos de la Concertación brindaron a su sociedad un orden democrático basado en el acuerdo institucional entre los partidos principales de centro derecha y centro izquierda. La secuencia operativa de ese acuerdo fue bastante sólida y su sucesión ordenada: en el marco de la concertación entre 1990 y 1998 gobernó la Democracia Cristiana y entre 1999 y el 2010 lo hizo el Partido Socialista.
Este ejemplo de alternabilidad en el poder fue seguido por una etapa de fragmentación marcada por la quiebra de su institución matriz. Pero ello no implicó una competencia de anárquicos resultados. Así, Sebastián Piñera, alejado de sus vínculos con la derecha ligada a Pinochet, realizó un exitoso gobierno con Renovación Nacional que es recordado más por sus buenos resultados económicos (5.3% de crecimiento promedio) que sociales.
El descontento que siguió fue capitalizado por la nueva candidatura de la socialista Michelle Bachelet pero ya en el marco de una nueva coalición: Nueva Mayoría. A diferencia de su primer gobierno, del que se despidió con una aceptación de 84%, éste culmina con una aprobación del 47% (muy alto en relación al promedio regional) pero con precarios resultados económicos.
Por lo demás, el consenso sobre sus tres reformas principales (educativa, tributaria y laboral) no exhibe altas calificaciones. Éstas se orientaron, en apariencia, más a disminuir la inequidad que a mejorar las condiciones estructurales de la economía (la reforma educativa permitió el acceso libre a la educación superior a alrededor de 600 mil chilenos de escasos recursos; la tributaria, que implicó incremento de impuestos y eliminación de exenciones, fue orientada al financiamiento de la educación gratuita; y la laboral, antes que flexibilizar mercados restauró derechos históricos como el de huelga).
El presidente Piñera, en un nuevo contexto social (del que, en su primer gobierno, fue el principal demandado durante las protestas estudiantiles del 2011), se ha comprometido a “corregir” las reformas de su antecesora pero no a revertirlas. Así el conservador devenido en liberal presenta ahora una nueva evolución política. Ello puede verse en su programa de gobierno: las prioridades de agenda no se centran en el individuo (el planteamiento liberal por excelencia) sino en la familia.
Si ésta nueva apuesta que apunta a la protección de la unidad básica de la sociedad es conservadora, lo mismo ocurre con la proyección externa del Estado y de la economía que no presenta aristas nominales visibles.
Con el eslogan un “Chile seguro para vivir tranquilos” las prioridades vecinal, regional y global se mantienen bajo patrones de relación reconocibles. En apariencia, en esas áreas la conducta exterior chilena se mantendría dentro de parámetros de intereses nacionales tradicionales (y siempre ocupados por el financiamiento de capacidades estratégicas disuasivas a través de un mecanismo que reemplace los ingresos permanentes de ley reservada del cobre).
El objetivo estratégico fundamental es, sin embargo, lograr que Chile sea un país desarrollado hacia el 2025 (para lo que el gobierno de Piñera, que culmina en 2022, se propone sentar las bases definitivas). Ello implicará una fuerte dinamización de la economía chilena no tanto como reacción a la pobre perfomance actual sino como meta estratégica. Su éxito, sin embargo, no dependerá sólo de políticas de gobierno: siendo el país esencialmente exportador de cobre con una diversificación mayor que la peruana pero menor a la de México y Argentina y con una capacidad de atracción de financiamiento externo considerable, el objetivo estará fuertemente condicionado por las nuevas fricciones del contexto internacional.
En términos de énfasis vecinal se destaca la relación con Bolivia para la que deberá delinearse pautas de acción para después de la sentencia de la Corte internacional de Justicia cualquiera que fuera el fallo sobre la supuesta “obligación de negociar” que reclama el vecino. El problema es que no sólo no se conoce aún el fallo ni tampoco su tendencia (aunque el sentido común dice que nada sorprendente debería emanar esta vez de La Haya).
En ese contexto, la relación con Perú y Argentina se presenta como esencialmente cooperativa en términos de conectividad, libre tránsito, integración energética y física y eliminación del tráfico que organiza el crimen organizado.
Aquí debe destacarse el compromiso de Piñera de apoyar “decididamente” el ingreso de ambos interlocutores a la OCDE. El progreso tripartito hacia ese fin debiera generar convergencias por lo menos normativas.
Lo demás es ampliación de mercados (teniendo en cuenta la intensidad del vínculo de Chile con el mundo) e integración (ámbito en el que resalta la Alianza del Pacífico que deberá profundizarse en un contexto de ampliación de miembros asociados, inversiones subregionales y comercio digital).
Si bien parece llena de temas “soft”, la agenda de Piñera es bastante acotada en tanto no figuran con intensidad los tradicionales asuntos sobre promoción de la democracia, integración latinoamericana y vínculos con grandes potencias ni propuestas para el nuevo y conflictivo escenario internacional en formación. Ni tampoco la necesidad de perfeccionar con el Perú la relación estratégica mediante la reversión de la posición expansionista sobre el “triángulo terrestre” que debe resolverse.
Si la agenda es en materia de política exterior sólo tentativa y destinada al “gran público”, también es un buen punto de partida para mejorar la relación con el vecino que debe ser mejor articulada que en el pasado.
