El Perú y Estados Unidos están replanteando los términos de su cooperación en materia de seguridad y defensa. El status de socio estratégico acaba de ser reiterado por la primera potencia al Perú aunque su definición en materia de defensa siga siendo incierta. Este status implica también a la relación político-militar en tanto involucra a la Cancillería y a la Secretaría de Estado de manera complementaria la buena relación confirmada por el Ministro de Defensa, Alberto Otárola, y el Secretario de Defensa, Leon Panetta. El Memorandum de Entendimiento correspondiente, suscrito entre el Embajador del Perú en Washington y el Vicesecretario de Estado norteamericano, busca fortalecer una relación operativa que se consolidará mediante un mecanismo de consultas bianuales. Aunque este mecanismo se concentre en el seguimiento de la cooperación específica establecida en programas de capacitación, intercambio de información, promoción de interoperabilidad de la fuerza, iniciativa contra las amenazas globales, cooperación tecnológica y fortalecimiento de capacidades, es entendido también como uno que institucionaliza el vínculo. El foro consecuente debería, por tanto, servir también para discutir y evaluar los términos de una asociación de seguridad y defensa peruano-norteamericana más avanzada que la vigente. Desde el punto de vista peruano ello debiera implicar que, más allá de las diferencias de poder, el Perú debe ubicarse en el rango de la relación que mantiene Estados Unidos con Colombia, Chile y Brasil. Ese status indispensable para luchar, de la manera más eficaz, contra amenazas compartidas en el marco que aproxima a Estados liberales (aquellos que respetan la división de poderes, el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia representativa –acápite este último hoy insuficientemente resaltado-). De esta manera se afirmará el rol hemisférico del Perú en el marco del consenso generado por la Declaración de Seguridad de las Américas de 2003 (que actualiza los valores, objetivos y amenazas del sistema interamericano sin eludir la singularidad de sus miembros), por las conferencia de ministros de Defensa de las Américas (que canaliza, desde 1995, el trato interinstitucional, no pocas veces áspero, mediante la denominada diplomacia militar) y por los Principios de Williamsburg (que resaltan el rol de las fuerzas armadas sustentado en los fundamentos del control democrático). Este marco debe aplicarse a las prioridades específicas de defensa del Perú (que son más nacionales y regionales) y de Estados Unidos (cuyo escenario es obviamente global y cuya dimensión estratégica ha sido refocalizada en Asia desde el 2011 como escenario prioritario luego del repliegue de los escenarios bélicos de Irak y Afganistán). Como es evidente, el vínculo asiático del Perú sigue siendo distante en términos de seguridad y defensa. Pero ello no ocurre con la cuenca del Pacífico priorizada por la primera potencia. De esa disonancia geopolítica se desprende que los parámetros trazados por el presidente Obama no tengan claridad en el área. Así, si Estados Unidos definiera la región Asia-Pacífico como la que conforman Asia y Norteamérica, es tarea del Perú (y de sus vecinos marítimos) llamar la atención de la importancia del Arco del Pacífico (Perú, Chile, Colombia y México además de Costa Rica y Panamá) en esa panregión oceánica. Esta tarea de posicionamiento estratégico debe ser una de las prioridades del foro peruano-norteamericano en tanto la nueva visión norteamericana de fortalecimiento de su relación de seguridad y defensa con América Latina no ha superado aún la etapa declarativa o la que es propia de otros sectores. En efecto, en términos generales ésta sigue atada al reconocimiento de gruesas afinidades políticas y económicas y, en términos más específicos, es racionalizada en función de la importancia de la tasa de crecimiento del comercio (que, siendo importante para el incremento del intercambio intrahemisférico, es insuficiente para acercarnos mínimamente al muy superior valor del comercio asiático con Estados Unidos), de una inefable integración energética o del indefinido nuevo rol global que debe desempeñar América Latina (y que está circunscrito a México, Brasil y Argentina en el G20). Estos parámetros se salvan del lugar común sólo porque están contenidos en los discursos del Presidente Obama en Chile y Brasil en marzo del año pasado y quizás por la agenda que la inminente cumbre de las Américas que se definirá nuevamente en términos de baja política (infraestructura, educación, inclusión social). Por lo demás, los aspectos vinculados a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las amenazas globales son claramente insuficientes para consolidar un nivel superior relación de seguridad en el área. En consecuencia, la clarificación del posicionamiento estratégico del Perú en el hemisferio americano debe ser una tarea prioritaria. Y ésta debe seguida de la prioridad del fortalecimiento de capacidades en el ámbito político-militar. Al respecto debe tenerse en cuenta que las capacidades del Perú para desempeñar roles fundamentales de la defensa inmediata y llevar a cabo acciones externas patrocinadas por la ONU es aún menor. Sobre el primer punto, la tarea de ocupación territorial (obstaculizada por el narcoterrorismo) no se puede aún llevar con la eficacia del caso, mientras que el equilibrio de poder vecinal (indispensable para una buena interdepedencia) es puesto en cuestión por la abrumadora superioridad de Brasil, Colombia y Chile (15 a 1, según algunos, en este último caso). La intensidad de esa brecha deriva, en no escasa medida, de la relación militar que Estados Unidos mantienen con Colombia y Chile.
Y en relación a las tareas vinculadas a la ONU, la participación peruana en la MINUSTAH en Haití ha sido la mayor en un proceso que empieza con una presencia importante pero casi simbólica en el Medio Oriente en la década de los 70 del siglo XX. La experiencia acumulada en esos escenarios merece para la Fuerza Armada peruana el nivel de aprovisionamiento correspondiente. La satisfacción de este requerimiento no pasa por la asistencia militar norteamericana sino por la adquisición de equipo, de entrenamiento y de transferencia tecnológica que sea de mutuo interés. Al respecto es importante que Estados Unidos se desprenda de su propensión concesiva y condicionante y se acerque más a sus propios postulados normativos. En efecto, el asistencialismo es en esta materia irracional e ineficiente. Si se considera que en el 2011 la “ayuda” miliar al Perú fue apenas de US$ 26.6 millones (equivalente al 16% de la asistencia total entregada a nuestro país) se tendrá una idea de su ínfimo valor y también de su nula utilidad para lograr objetivos nacionales minimalistas como el de consolidar el núcleo básico operativo. Es más, al respecto ese aporte parece contraproducente porque quizás genera más obligaciones que beneficios. De otro lado, la transferencia de equipos norteamericanos sigue siendo farragosa y limitada tácticamente lo que genera confusión, ineficacia y hasta fricción en el despliegue y uso (los equipos destinados a la lucha contra las drogas no pueden ser empleados para la lucha antiterrorista). Estos factores no contribuyen bien a la buena voluntad basada en intereses coincidentes que desarrollan Perú y Estados Unidos ni a los fines prácticos de promover la interoperabilidad de las fuerzas. Es más, teniendo en cuenta que la evolución del esfuerzo de aprovisionamiento peruano está fuertemente correlacionada con la insuficiente oferta norteamericana para atender la demanda derivada de las necesidades nacionales, lo apropiado ahora es redefinir ese vínculo, sus instrumentos, sus condiciones económicas y hasta su marco legal. En este punto el objetivo es lograr que el Perú pueda acceder a material militar norteamericano con las facilidades logradas más por Colombia que por Chile. Una vez redefinido el status y facilitado el aprovisionamiento (lo elemental del objetivo de fortalecimiento de capacidades), los fundamentos de la relación de seguridad y defensa peruano-norteamericana se habrán vigorizado facilitando el desarrollo del resto de la relación en el área.
