EEUU: Seguridad Anticárteles y Diplomacia Informal

20 de octubre de 2026

Desde principios del siglo XX y con diversas intensidades la relación con Estados Unidos ha sido prioritaria para el Perú. La cooperación asimétrica correspondiente nunca ha sido cancelada. En consecuencia, pretender atribuir hoy a ese vínculo una importancia fundacional antes que cambiante refleja desconocimiento o ánimo promocional en quienes lo intentan.

Al respecto, autoridades y funcionarios locales se esmeran en destacar mediáticamente el status de la nueva relación en lugar de explicar el contenido específico de una aparente “época dorada” en la que ésta ingresaría. Las expectativas al respecto son, súbitamente, extraordinarias. Y desconociendo la naturaleza convergente de los intereses en juego se atribuye hoy a éstos casi perfecta coincidencia.

En el proceso se desconoce también el extraordinario cambio estratégico del interlocutor, la postergación del sistema interamericano, la vulneración de acuerdos de libre comercio y el carácter de un régimen informal de seguridad con propósitos funcionales eventualmente evolutivos.

Éste se enmarca en una nueva postura estratégica del hegemón que, definida en la Doctrina de Seguridad Nacional, se va concretando en el alejamiento de principalísimos aliados transatlánticos (p.e. la singular posición frente a Rusia). Y, muy especialmente en la redefinición de la Doctrina Monroe en términos de primacía del interés de la primera potencia en América implicando el protagonismo de términos de poder y postergando principios y normas que han definido nuestra ubicación en el Hemisferio y en Occidente.

En ese marco, la cooperación con Estados Unidos, que para el Perú es fundamental, puede evolucionar hacia el privilegio de la mera eficacia. En materia de seguridad, ello se refleja en la Coalición Anticarteles (marzo) integrada por fuerzas armadas de la región bajo iniciativa norteamericana en el marco del Escudo de las América. Su liderazgo, radicado en el Comando Sur, indica que, con el aporte militar de 17 países, esa coalición dispone ya de un plan de acción para realizar operaciones militares conjuntas contra el crimen organizado (Perú 21). Al respecto ni los titulares de los ministerios implicados ni del comando militar local han brindado una adecuada presentación pública de estas operaciones.

Si bien la amenaza de los carteles es trasnacional, corresponde al Estado en cuyo territorio se realizarán las operaciones del caso, ejercer su autoridad en la conducción del emprendimiento militar, definir la utilidad del despliegue de la fuerza aliada y comunicarlo adecuadamente. Si ello no ocurre se estaría produciendo un cambio sustantivo en los términos de la cooperación militar.

Otro cambio importante está ocurriendo en la relación diplomática con Estados Unidos. En ese sector representantes nacionales que aún no ejercen funciones han optado por explicar el cambio en la ejecución de la política exterior de los Estados Unidos al que la diplomacia peruana debería adaptarse sin tener en cuenta los usos y requerimientos institucionales locales. Que aquélla haya dejado de ser instrumentada por profesionales del Departamento de Estado y que el presidente norteamericano haya optado por representantes cercanamente vinculados con él les parece “divertido” antes que un llamado de alerta.

En efecto, sin tener en cuenta que alrededor del 80% de los embajadores norteamericanos destacados en el exterior están vinculados al presidente Trump (cuando el promedio de embajadores políticos era alrededor 30%) (Adams) estos nuevos representantes nacionales consideran que ésa es una forma aceptable de eliminar burocracia y lograr resultados.

Al respecto, ni siquiera toman en cuenta que la inexperiencia y eventual arbitrariedad de ese tipo de representante diplomático norteamericano ya ha generado rechazos o cuestionamientos públicos en no pocos países americanos y europeos. Los motivos van desde la intervención de esos representantes en elecciones (Brasil) y condicionamiento del apoyo en la relación con vecinos al alineamiento con la primera potencia (Chile) hasta costosas y cuestionables conductas (Grecia, Francia, Polonia) (CNN).

“Ajustarse” a estos comportamientos implica legitimar una suerte de diplomacia informal en la que se obvia la intermediación de las cancillerías al tiempo que el respeto por las autoridades y funcionarios locales son subordinadas a la arbitrariedad del representante extranjero amparado por el mandatario de su país de origen.

En este escenario, el status y funciones del diplomático institucional local pierden sustento adicional a la debilidad del Estado (en este caso, el peruano). Frente a ello, el diplomático político nacional puede pretender que su calidad de representante personal del gobierno conlleva un incremento de sus capacidades para lograr resultados no necesariamente concurrentes con una adecuada evaluación del interés nacional en juego.

Para ser eficiente y respetuosa antes que meramente eficaz el manejo de la relación con Estados Unidos no debe sucumbir a la in informalidad. Y en el acápite de seguridad el país debe esperar el anuncio de las autoridades locales sobre el compromiso con la Coalición Anticarteles antes de pasar a la etapa de su implementación.