Aunque la situación de Grecia (y otros vulnerables países europeos) sigue estando en el centro de la crisis financiera global, la atención prioritaria se ha trasladado a la Unión Europea (UE) en su conjunto. El elemento que marca esa transición es el denominado “cortafuego” (o “firewall” o mecanismo de estabilidad o “big bazooka”) que debe implementar la UE, quizás este año, como indispensable instrumento de prevención del contagio de la crisis de la deuda al resto de miembros de la UE.
Ese tránsito supone abandonar la temporalidad del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, creado de manera ad hoc para facilitar el rescate de ciertas economías del Viejo Continente, para articular el permanente y más institucionalizado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MED) que debe procurar el retorno de la confianza al mercado financiero europeo garantizando su equilibrio y consistencia.
Ello implica una escalada en el acopio de recursos financieros: de los 130 mil millones de euros que requirió el segundo rescate griego, el MED permanente requerirá fondos por aproximadamente 1.5 trillones de euros. Esa extraordinaria cantidad de dinero provendría, en principio, del saldo no utilizado del transitorio Fondo Europeo de Estabilidad (250 mil millones de euros), de la Unión Europea (500 mil millones de euros nuevos) y de la contribución en marcha del FMI a la que debiera añadirse otros 500 mil millones de euros.
Sobre estas provisiones no sólo no hay con consenso en Alemania (el 63% de la opinión pública de ese país se opone incluso a la financiación del paquete griego) sino en el resto de los miembros del G20. En efecto, si bien la gran mayoría de los miembros de esta organización consideran indispensable el “cortafuego” (así lo ha indicado el Secretario General de la OECD), Estados Unidos y cada uno de los representantes de la economías emergentes (los BRIC) han condicionado su contribución a que los europeos tomen la iniciativa en el financiamiento del nuevo mecanismo de estabilización.
Por lo demás, la preocupación colectiva sobre la concentración del FMI en la problemática europea, que implicaría ya el compromiso de alrededor de 50% de su recursos, se ha hecho pública y no ha escapado a la atención de los ministros de Hacienda del G20 en su reciente reunión en México (25-26 de febrero). Aunque esa preocupación no se ha expresado en el Comunicado que da cuenta del encuentro (que se concreta a llamar la atención sobre el alto nivel de riesgo persistente en el sistema y los requerimientos de gobernanza de la coyuntura) ésta sí se ha reflejado en los medios.
Para cumplir con el compromiso europeo sin desatender sus obligaciones con el resto de los miembros del sistema, el FMI deberá, en consecuencia, incrementar también sus recursos. Éstos ya se aumentaron en 11.5% entre el 2006 y el 2008 mediante el incremento de cuotas mientras que en el 2010 esa institución procedió a ventas limitadas de oro. Pero ello no basta.
En efecto, el G20 ha recordado en México que en su reunión de Cannes (2011) las autoridades concurrentes acordaron adecuar los recursos del FMI a los riesgos persistentes en el sistema en el corto y largo plazo. Para el corto plazo (es decir, para la mitigación de riesgos) el G20 acordó recurrir a préstamos bilaterales y a arreglo de compra de notas por los miembros de esa entidad al tiempo que se comprometió a examinar la ampliación del stock de SDRs. Y para el largo plazo el G20 acordó implementar una nueva reforma del sistema cuotas que refleje mejor la realidad del momento.
Esta última tarea evaluatoria debe culminar en el 2014. En tanto el mecanismo de participación en el FMI sigue siendo el sistema de cuotas, esa revisión implicará un ajuste de la participación de los socios que tendrá un impacto estructural en la jerarquía de poder del FMI.
En ella las economías emergentes (Brasil, China, India, Rusia) mejorarán su posición incrementando su capacidad de voto en proporción al incremento de sus cuotas (hoy la relación oscila entre 1.79%/1.72% en el caso de Brasil y 4%/3.81% en el caso de China). Pero quizás ello no suceda con las economías medianas como la peruana (una relación cuota/voto de 0.27%/0.28%), la colombiana (0.34%/0.34%) o la chilena (0.36%/0.37%).
Ello implica que, como consecuencia de las necesidades financieras de la crisis y los requerimientos de mayor participación de las economías emergentes, reflejados en poder de voto, la nueva jerarquía del sistema financiero internacional disminuirá el poder relativo de las potencias pequeñas. Si ello es parte del precio a pagar por la estabilidad (reflejada en cooperación, eficiencia del FMI y de los mecanismos financieros europeos), aquél debiera también estimular un mayor esfuerzo de las potencias menores (entre las que se encuentra el Perú) por mejorar su posicionamiento en el sistema.
