La corrupción es un problema global que se estima en 5% del PBI mundial, que incrementa el costo de hacer negocios en US$ 2.6 trillones según el WEF y que implica US$ 1 trillón en sobornos anuales según el Banco Mundial.
Este resumen de la OCDE se traduce en pérdida de confianza comunitaria, obstáculos al desarrollo, distorsión de mercados y fuerte pérdida de recursos públicos.
Pero para un país como el Perú, que se presentaba hasta hace poco en el concierto mundial como un modelo de progreso democrático e institucional y como un mercado emergente confiable, la corrupción implica mucho más.
Los recientes acontecimientos vinculados a la administración de justicia dan la media en que nuestra capacidad jurisdiccional ha sido afectada. Siendo esa capacidad un componente sustancial del Estado, la consistencia del mismo ha sido impactada.
En consecuencia, el Estado de Derecho, que asume que los ciudadanos se rigen por leyes y normas que se aplican y se cumplen en un marco de independencia de poderes, está en cuestión.
Y si la consistencia del Estado es correlativa con la capacidad de definir y de realizar intereses nacionales, ésta función ha sido también disminuida.
Recuperar la capacidad jurisdiccional es, por tanto, vital. Esta urgencia supera el debate sobre si la corrupción es consustancial a las sociedades. Y subordina también las consideraciones sobre si la situación actual es o no sorprendente porque ya conocíamos lo que ocurría según la experiencia judicial y el conjunto de la historia nacional.
Tal urgencia es aún más relevante cuando el Perú está comprometido con la defensa multilateral de atribuciones del Estado liberal y con aspiraciones de inserción externa de largo plazo (la incorporación a la OCDE, p.e).
De otro lado, si la percepción sobre la corrupción en el Perú era ya una realidad plasmada en el ránking que elabora Transparencia (el Perú ocupaba en el 2017 el puesto 96 entre 180 países), los acontecimientos del 2018 habrá deteriorado mucho más esa imagen nacional. Sin duda ésa será un condicionante adicional para terceros (el inversionista extranjero, p.e.) que deseen tratar con nuestro país.
En efecto, si los países corruptos reciben, en general, 5% menos de inversión limpia que los países que no lo son (FMI), se puede afirmar que la atracción de inversión extranjera por el mercado peruano bien puede haber sufrido un lanzazo de nuestro Poder Judicial adicionando pasivos a un mercado abierto que se presentaba al mundo como libre y escenario de oportunidades.
Es más, si la corrupción que extendió Odebrecht sobre la calidad de los agentes privados que operan en el mercado peruano no hizo sino agregar escala a un problema conocido en el que el que aquéllos participaban, el descrédito de nuestra capacidad jurisdiccional habrá incrementado sustancialmente el riesgo de actuar en él. Y si éste ya estuviera asumido, ello revelaría que la corrupción no es una distorsión del mercado nacional sino una expresión de su naturaleza. ¿Una simple reforma es suficiente al respecto?.
