Si los autócratas pueden decretar la inexistencia constitucional del pasado, ciertamente pueden pretender convertir una aspiración nacional en derecho que el sistema internacional debe avalar. La Corte Internacional de Justicia acaba de rechazar el despropósito del gobierno de Evo Morales al confrontarlo con la realidad jurídica de la causa de acceso soberano al mar.
La Corte ha sido minuciosa al respecto. Ninguna de las razones bolivianas esgrimidas para convertir en obligación de negociar lo que era sólo ambigüedad o disposición a hacerlo ha sido aceptada.
Ni los acuerdos políticos, ni las declaraciones unilaterales chilenas, ni las negociaciones frustradas, ni las expectativas bolivianas, ni las normas generales sobre solución pacífica de controversias, ni las recomendaciones de la OEA han sido considerados por la Corte obligaciones chilenas de negociar.
En ello no ha habido crueldad o parcialidad por el Tribunal sino detallado análisis de cada uno de los planteamientos bolivianos que no es contrario, sin embargo, a un acuerdo político que, bajo otras circunstancias, pudiera darse.
Los que desde el principio consideramos que la demanda del gobierno de Morales carecía de sustento jurídico mientras se excedía como maniobra manipuladora de un alto interés nacional no estuvimos desencaminados. Menos aún cuando esa maniobra implicó la celada a la oposición política boliviana la que, frente a la puesta en liza de la causa nacional, no podía librarse de la consecuente convocatoria.
La desmesura del alegato del gobierno boliviano fue tal que éste no dudó en esgrimir actos antiperuanos en los que participó Chile o un supuesto artilugio antiboliviano como fue presentado el interés peruano de recuperar las provincias cautivas. Entre las primeras destacó la negociación boliviano-chilena de 1895 para otorgar a Bolivia Tacna y Arica cuando el Perú aún pugnaba por hacer cumplir las obligaciones chilenas del tratado de 1883. Y también la sigilosa negociación de 1950 que comprometía las aguas del lago Titicaca (lo que motivó que el Perú reclamara el condominio de esas aguas).
Y entre las segundas brilló el alegato de que el Tratado de 1929 y su Protocolo Complementario por el que el Perú recuperó Tacna, había sido un ardid contra la aspiración boliviana por Arica en tanto implicaba que el Perú debía acordar cualquier cesión a terceros de territorios que fueron peruanos.
Luego de su irresponsabilidad, Morales debiera estar reconsiderando su participación en las próximas elecciones a las que ilegalmente quiere concurrir a pesar de que la población le negó en referéndum esa alternativa anticonstitucional (pero que un tribunal “leal” aprobó). Pero quizás quiera victimizarse.
Esperamos que Chile y Bolivia puedan encontrar alguna solución a la aspiración boliviana, que la oposición boliviana se reorganice para evitar ser llevada nuevamente a este tipo de aventuras, que Chile no muestre arrogancia y que el Perú no ofrezca hoy al autócrata alternativas que, bajo las circunstancias, no serán duraderas.
