La solicitud de asilo del ex-presidente García ha terminado de sepultar a la élite política peruana que sobrevivió al siglo XX.
Enterrada en el humus de la corrupción, de esa dirigencia y de sus partidos políticos sólo queda un Presidente en ejercicio que carece de militancia pero no de soporte popular, que debe equilibrar buen tacto con disposición reformista y asegurar el adecuado funcionamiento de las instituciones ejecutivas.
Al margen de la disfuncionalidad parlamentaria, el Presidente debe esperar también que la labor de limpieza que realiza el Ministerio Público no se exceda en el uso de instrumentos profilácticos.
En el marco de este difícil balance, de la decadencia del Estado de Derecho y del proceso de recuperación del envenenamiento a que ha sido sometido el Estado, el Sr. García ha optado por pretender que un país amigo –y, por extensión, la comunidad internacional- reconozca que en el nuestro hay, además, persecución política.
¿Qué ha ocurrido para que el ex –presidente que se allanó a la disposición de la fiscalía que le impedía salir del país pretenda ahora una fuga bajo protección de terceros a los que empuja a que coloquen el sello autoritario sobre el gobierno? No lo sabemos.
Pero en lo que estamos claros es que esa falsa imagen –a la que contribuye el histrionismo de ciertos fiscales- no debe sobrevivir.
En consecuencia, la Cancillería debía haber reaccionado desde el principio frente al asilo solicitado con vigor denegatorio haciendo saber al gobierno uruguayo que, sin desmedro de la prevalencia de su derecho a calificarlo, el asilo no se otorga para cobijar delitos comunes y que el Sr. García no es un perseguido político.
Y que, aun si el Uruguay deseara conceder ese beneficio, el Perú tendría dificultades en otorgar el salvoconducto si previamente no se esclarece si al Sr. García se le puede considerar procesado o inculpado por tener orden de impedimento de salida del país.
Se entiende que el gobierno no desea generar fricciones con uno de los países más afables de la región. Pero la buena relación interestatal pasa por la defensa del Estado propio.
Recordemos el caso Haya de la Torre, cuando la Corte Internacional de Justicia dispuso ambiguamente, que si bien el asilo había sido mal otorgado por Colombia y que el Perú no estaba en obligación de otorgar un salvoconducto mal solicitado, Haya no había cometido delito común y Colombia no estaba obligada a entregarlo. Al final hubo una transacción que salvó la posición de ambas partes.
Puede que la Cancillería no desee reiterar ese entrevero. Pero luego de las delincuenciales intromisiones de las empresas brasileñas, cuyos bribones representantes establecen hoy quién es o no imputable de corrupción, no parece aceptable dejar en manos de un gobierno extranjero, a propósito del Sr. García, la calificación de si en el Perú hay o no persecución política. Ello no hará más que agregar indisposición internacional a una situación interna de compleja pérdida de gobernabilidad.
