No es una novedad que el gobierno venezolano haya motivado el último intento de consolidar todo el poder en una situación de conflicto. Como, según el Sr. Maduro, ese conflicto proviene de la mala conducta de productores, comerciantes y consumidores venezolanos y no de la pésima gestión de económica de su gobierno, la “guerra” deber ser declarada.
El Sr. Maduro responde entonces con otra abusiva ley habilitante (la quinta del chavismo) obtenida mediante maniobras delincuenciales en la Asamblea Nacional (la sustitución tramposa de una representante de la oposición por otro representante afín para obtener el voto necesario para la aprobación de la norma).
La predisposición del gobierno venezolano por marginar al Estado de derecho y la división de poderes e incrementar el control poblacional es harto conocida. Esta vez esa predisposición será retroalimentada por el tipo de solución con que pretende afrontar la crisis económica: un decreto controlista que cancela derechos elementales de una generalidad de agentes económicos. Muerto el perro, muerta la rabia piensa el Sr. Maduro luego de ordenar que los precios bajen “hasta 1000%” siguiendo la tradición autoritaria de Chávez hoy convertido en leyenda.
Así el gobierno podrá establecer nuevas sanciones penales y civiles contra los que se opongan a los principios de la justicia social y a la planificación económica y regulación de importaciones, de comercialización de alimentos y de artículos de primera necesidad.
Por lo demás, la corrupción gestada a lo largo de más de una década de gobierno se combatirá fortaleciendo los valores de la solidaridad socialista. Y para garantizar que todo quede en casa, se combatirá el financiamiento ilegal de los partidos, la intervención extranjera, la fuga de divisas y las solicitudes de moneda extranjera en defensa de la moneda nacional.
Para todo ello (y para las gestiones colaterales que se requieran) el gobierno dispondrá de un año más de mano libre para actuar.
Y ¿qué hay sobre la inflación de más de 50%, el exceso de gasto público, la irracionalidad del control cambiario, la fuerte caída de las exportaciones, la caída de la producción petrolera por falta de inversiones, el incremento del riesgo (que duplica el de de América Latina) y los excesos del subsidio petrolero interno y externo? Nada. La ley habilitante no se refiere a la materia ni siquiera en términos generales. En lugar de ello sólo hay control y la vocación de conflicto que lo sustenta.
¿De dónde proviene esta forma de gobernar? Veamos.
Si se considera que desde que el ex -presidente Chávez apareció en la política venezolana el conflicto ha sido su modus operandi la pregunta adecuada es ¿cuándo es que ese gobierno no ha estado en “guerra” entendida como enfrentamiento local e internacional? La respuesta es “nunca” si es que el conflicto se entiende como “guerra” en el lenguaje del Sr. Maduro y de su antecesor.
Es más, se puede afirmar que desde que en 1992 Chávez recurrió al uso de la fuerza para oponerse al ajuste de Carlos André Pérez, Venezuela no ha dejado de vivir bajo fuerte tensión. Especialmente desde que en 1999 Chávez accedió al gobierno.
Inspirado en Bolívar y manipulando beligerantemente la herencia política del caudillo, Chávez entendió la política como confrontación esencial. Y si al respecto ha recurrido a elecciones ha sido para organizar sus fuerzas (ahora bajo el PSUV) y enfilar contra el enemigo interno (toda la oposición) y el externo (el imperialismo y el sistema internacional “impuesto” por él).
En el proceso Chávez y su sucesor agregaron la exaltación del triunfo de suma 0 para la resolución del conflicto entendido como “guerra”. Éste ha predominado en el frente interno.
Y si en el frente externo ha habido cálculo, éste se ha orientado al afán hegemónico y expansivo del chavismo (del que ALBA no es más que un ejemplo). Lo suyo es conquistar (el excluyente proyecto bolivariano), infiltrar (el caso del MERCOSUR) o neutralizar al enemigo cancelando la interacción con él (el retiro de los foros donde el enemigo actúa).
Así, en el 2006 Chávez anunció el retiro de Venezuela de la CAN en protesta por las negociaciones de un acuerdo de libre comercio que sostenían Perú y Colombia con Estados Unidos. Para él ese acuerdo –como todos los que firmaran los andinos con cualquier potencia occidental- implicaba el desalineamiento expreso de esos países andinos con el proyecto bolivariano.
Si ello implicaba la desestabilización del precario mercado andino al margen de su ya inútil burocracia, no habría reconsideración alguna. Chávez optó por su desconocimiento mientras mantenía a Estados Unidos como principal destino de sus exportaciones petroleras.
Siguiendo ese curso de acción el 2007 anunció su retiro del Banco Mundial y del FMI. Confiando en la alta renta petrolera y en las expectativas de una mejor relación con China consideró que los pilares del sistema económico internacional (que deber ser reformado) no sólo eran inútiles sino que servían exclusivamente a los intereses del “imperio” y, por tanto, era un estorbo.
En sus consideraciones no incorporó el incremento del riesgo regional que generaba esa decisión (y que tuvo impacto negativo en los países del área, especialmente cuando al año siguiente la peor crisis financiera desde 1930 se desataría en el mundo sembrando el desastre en las grandes potencias e inestabilidad en las demás).
Sin embargo, según el FMI Venezuela nunca completó su retiro: Chávez eludió la supervigilancia de esa entidad pero mantuvo representantes en el organismo (un director ejecutivo en el Consejo Directivo según el FMI). Alguien le habrá hecho comprender (probablemente China que, al revés que Venezuela, desea afianzarse como miembro en cada uno de los foros del “imperio”) que retirarse implicaba el corte del acceso al crédito multilateral y su encarecimiento en el mercado internacional de capitales. Mantener, sin embargo, el aura de épica confrontación parecía una necesidad de la que depende la identidad del gobierno venezolano.
La OEA tampoco dejó de sentir el embate chavista. Éste se expresó también en el 2007 cuando el ex –presidente amenazó a ese organismo (y a todos sus miembros) con el retiro si de la OEA salía alguna condena por el cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión. El mensaje estuvo explícitamente orientado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta actitud antisistémica que se implementó mediante la deliberada generación de vacío que causa daño a los demás llevó siempre consigo una cierta sensación de impunidad venezolana esperanzada en la construcción de un nuevo orden. En América Latina ese objetivo lo debía cumplir el ALBA y en el ámbito global, la alianza con todo enemigo de Occidente.
La falta de respuesta de la primera potencia (que se limitó a replicar los retiros de diplomáticos pero eludió contestar los desafíos verbales) y la acogida brasileña y argentina envalentonaron aún más al beligerante Chávez.
Al respecto, algo había aprendido de Cuba: la capacidad de “poder” es directamente proporcional a la capacidad de desafiar y de sobrevivir en el intento. Quizás Chávez supuso que no sería vitalmente amenazado dese fuera luego del frustrado golpe del 2002. Ello rendiría frutos sin importar la destrucción del bienestar de la ciudadanía.
Y esto es lo que hizo Chávez a lo largo de sus años de gobierno. Y es también lo que el Sr. Maduro desea prolongar con la ley habilitante.
En lugar de afrontar la grave situación económica por la que atraviesa Venezuela con medidas económicas sensatas, Maduro aplicará el garrote político. ¿Es que el 50% de inflación y la debilidad de fundamentos de la economía venezolana acompañada de una caída constante de la producción petrolera desde 1998 es una distorsión perceptiva? No por la magnitud del descalabro. Es evidente que estamos frente a una deliberada opción política que emporará la situación venezolana.
Y esa opción, que agrega al autoritarismo las facultades de la dictadura, no es nueva. La opción por la ley habilitante ha sido ejercida por lo menos cuatro veces en el pasado sumado tres años de plenos poderes para la materia de que se trate que termina siempre siendo menor al poder ganado aprovechando la ley. Así ha ocurrido con la suma de los plazos de las normas de 1997, 2000-2001 y 2007-2008, 2010-2012.
¿Es ese el espíritu de la ley que se basa en los artículos 203 y 236 de la Constitución venezolana? En la visión del Sr. Maduro (y antes, en la de Chávez,) sí. Es necesario que los miembros del sistema interamericano y de UNASUR hagan saber al Sr. Maduro que está equivocado.
