Apelando a su vínculo existencial con los movimientos de masas, el presidente Morales encabezó, nuevamente, una marcha de presión política. Esta vez el objetivo fue mayor: coactar al Congreso boliviano para que éste diera paso al referendum aprobatorio de la “refundación de Bolivia”.
Como si el origen de esa Carta no estuviera ya viciado de nulidad por los actos de violencia que patrocinaron su gestación en diciembre pasado, los congresistas bolivianos negocian hoy, in extremis, los cambios que tengan en cuenta alguna propuesta de la oposición.
Las áreas de cuestionamiento son múltiples en tanto la naturaleza de la Nación ha sido desvirtuada (la Carta reconoce más de tres decenas de naciones bajo el concepto de plurinacionalidad), la unidad del Estado compite con las de las autonomías (que, a su vez, se desmiembran entre territoriales y étnicas) y el régimen económico es tan plural como modos de intercambio hayan.
En otras palabras, la cohesión social, la viabilidad del Estado de Derecho y el funcionamiento del mercado son minimizados o disueltos por una Carta que se fundamenta en una utopía tan faccionalista como autoritaria. Bajo presión de las masas, que el señor Morales conduce con discrecionalidad leninista, las minorías del Congreso deben, mientras tanto, capitular parchando lo que creen parchable de un régimen que lleva la impronta de la perpetuación de la autoridad de Morales o la de su imagen en el caso de que un trueque la haga posible.
Tal es el precio de una aparente distensión del conflicto. Si algunos ven en ello la estabilidad del futuro, la realidad del descontento latente, ahora enraizado en la definición de la naturaleza del Estado, les puede decepcionar cuando del referéndum se pase a la reelección de Morales en el 2009.
El resultado de esta gesta, a la que ha contribuido una poco transparente mediación externa, podría ser el del primer Estado neodictatorial que, disfrazado de democracia, emerge luego de la primera gran crisis económica del siglo XXI bajo las narices de la comunidad internacional. Su primera prueba es tan evidente como opaca: nadie conoce hoy las modificaciones al texto constitucional aparente realizadas por el Congreso boliviano.
