Sin agenda conocida y sin demasiada publicidad previa, la exuberante institucionalidad latinoamericana se congrega hoy, a nivel presidencial, en Brasil (Bahia) con un barroquismo adicional: esta vez se formalizará el CALC (Comunidad de América Latina y el Caribe) para asuntos de integración y desarrollo como si el Grupo de Río (un holístico foro que ha superado largamente los fueros del diálogo político), no fuera ya suficiente. Por lo demás, la reunión de Bahia albergará también una cumbre del UNASUR y otra del MERCOSUR.
Si esa barroca congregación rebela un cierto pragmatismo económico (reunir, en un solo tramo, al conjunto del plurilateralismo latinoamericano para rebajar costos aún cuando ello se contradiga con la creación de más organismos), asumimos que alguna dosis de pragmatismo político definirá su común denominador. Y ésta no puede ser otro que la eficiente evaluación conjunta de la crítica situación económica global.
Con la misma vocación pragmática debiera esperarse que los miembros de estas organizaciones concluyan que, en tanto sus Estados miembros son crecientemente vulnerables a la crisis, es sensato sumarse al consenso normativo del G-20 (al que concurrieron Brasil, Argentina y México) y al de la APEC (en el que participaron Perú, Chile, México y Colombia) que, en conjunto, representan algo más del 80% del PBI mundial.
Sin embargo, sería sorprendente si ese resultado minimalista (que requiere mantener la apertura de los mercados, reactivar la demanda y el crédito internos, invertir y mantener empleos y promover una arquitectura financiera global con mayor capacidad de previsión y mejor participación) se logra. En efecto, la división ideológica en la región es tan grande y las parciales tendencias regresivas tan recalcitrantes que la denuncia del capitalismo global, el llamado a su desaparición y la necesidad de reemplazarlo por el socialismo del siglo XXI puede trabar cualquier acuerdo sustantivo.
Frente a ello, sería deseable que los Estados que se rigen por principios liberales comunes fortalezcan su consenso y decidan, de una vez, cooperar más estrechamente dentro y fuera del área.
Pero es posible la ilusión integracionista impida esta resolución elemental. Como ha ocurrido antes, para preservar ciertas formalidades cohesivas no es inconcebible que se haga sitio a ciertas proclamas antiimperialistas o a la creación épica de un nuevo orden internacional en lugar de consolidar un consenso reformista como lo requiere la hora actual.
Y en momentos en que debiera implementarse el apoyo a los ámbitos de trabajo cooperativo realista (salud, educación, generación tecnológica) y a condiciones básicas de integración (desarrollo de infraestructura, transporte y comunicaciones) en el marco de una escenario fragmentado, no es imposible que se insista en aspiraciones maximalistas como la creación de una unión monetaria (y hasta económica) entre ciertos países en base a mecanismos que no necesariamente corresponden a la secuencia que requiere la integración real.
La presión por crear una organización de seguridad suramericana que no tiene propósito ni consenso claro al margen del hemisférico, tendría el mismo perfil de las decisiones regionales apresuradas.
Una prueba a obviar los requerimientos básicos comunitarios ya la dio la apresurada fundación del UNASUR sustituyendo a otro impromptu –la Comunidad Suramericana de Naciones- sin haber perfeccionado antes una zona de libre comercio en el área.
Pero quizás esta evidencia sea demasiado sofisticada para demostrar el autoengaño en que vive América Latina y Suramérica. Señalemos uno más elemental: el hecho de que los miembros del UNASUR ni siquiera han logrado nombrar a una secretario general de esa organización mientras insisten en una candidatura a la que se oponen parte de sus integrantes (al punto de que uno de ellos, Uruguay, ha dejado entender que ese nombramiento implicaría su retiro del grupo).
En el centro de estos desencuentros está la naturaleza la vocación hegemónica venezolana que, apuntalada en el ALBA, desea instalar una nueva forma de corporativismo en la región de factura, como antes ocurrió en otros lares, socialista nacionalista.
Al cuestionado liderazgo brasileño también le cabe responsabilidad en el escenario del desencuentro regional. En efecto, la peculiar forma en que esa potencia ha organizado su mecanismo de política exterior, no sólo ha impedido aliviar las tensiones regionales sino que hoy reporta reclamaciones varias de diferentes vecinos. Éstas van desde las desavenencias con Argentina en relación a la Ronda Doha, hasta las fricciones con Paraguay por tarifas energéticas y con Ecuador por razones financieras.
Estas realidades, que implican también insuficiencia de iniciativa con socios próximos, podrían ser artificialmente diluidas antes que resueltas en las cumbres de Bahia en beneficio de la feble burocracia institucional que allí se reúne.
Ello incluye al MERCOSUR, en cuyo seno Argentina no muestra disposición a aligerar la tensión con Uruguay mostrándose indiferente a la necesidad de evitar que los puentes que comunican a ambos países sean objeto de más bloqueos por “movimientos sociales” (La Nación) mientras dura el proceso jurisdiccional que debe solucionar la controversia sobre Botnia.
Si América Latina es una región en el sentido elemental de compartir geografía, lengua y religión, ciertamente sigue siendo una que desperdicia, de manera extraordinaria, sus posibilidades. Si, en medio de circunstancias críticas y de carencia de recursos debemos ser testigos de su derroche plurilateral, esperamos que este despliegue se aproveche para, por lo menos, para disminuir sus vulnerabilidades frente a una crisis cuyas consecuencias pueden ser extremadamente graves para no pocos países del área.
