26 de enero de 2022
Un Jefe de Estado, especialmente el de una república democrática como quiere serlo el Perú, debe poder comunicarse fluidamente con la ciudadanía y la comunidad internacional. Razones de gobernanza y de legitimidad demandan lo primero. La reputación estatal, la buena proyección de los intereses nacionales y la adecuada inserción en la comunidad y sistema internacionales demandan lo segundo.
El presidente Castillo, luego de un semestre de espaldas a la mayoría ciudadana y de clamorosa pérdida de legitimidad, ha decidido, por fin, recurrir a la prensa. En el ámbito local lo ha hecho través de entrevistas condescendientes ampliamente criticadas. Y en el ámbito internacional ha recurrido a un canal de TV de alcance global (CNN).
En esta última entrevista reveló que es incapaz de responder a un cuestionario de crítico de asuntos que conoce y le conciernen personalmente y también que es extraordinariamente ignorante, al tiempo que ideologizado, en materia de política exterior.
En relación a lo primero, el Sr. Castillo fue incapaz de responder elementalmente a preocupaciones públicas referidas a su pésima selección de colaboradores cercanos, su interacción con gentes vinculadas al terrorismo, su filiación con sindicatos magisteriales de comprobado origen senderista, el contacto con lobistas en ajenas oficinas privadas, el acceso de algunos de aquellos lobistas a Palacio, la corrupción aparente de su propio secretario personal o su intromisión en nombramientos militares.
Sin una respuesta apropiada para preguntas concretas, el Sr. Castillo se refugió en la increíble afirmación de que no está preparado para gobernar y que, por tanto, convertiría al país en su propia escuela. Tal confesión de incapacidad no sólo lo ilegitima sino que lo deja sin soporte político para cualquier emprendimiento interno o externo. Y también lo anula como “representante de la Nación”.
Si esto fue extraordinario, su indisposición a calificar a los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua no le permitió siquiera recordar que el Perú mantiene relación con esos tres Estados y, por tanto, reconoce a sus gobernantes independientemente de sus condiciones dictatoriales. Peor aún, la omisión voluntaria a responder sobre la materia reveló hasta qué nivel llega su filiación con tales gobernantes y Estados.
Y si el Sr. Castillo pudiese sustentar ese pudor en su convicción ideológica, la consideración sobre una hipotética salida al mar de Bolivia por territorio peruano (o por territorios que fueron peruanos) respaldada en un referéndum, y no en tratados existentes, anuló toda posibilidad de que su confesada incapacidad fuese minimizada.
En efecto, en la entrevista con CNN el Sr. Castillo dio la impresión de estar refiriéndose a una salida operativa (“soberana y efectiva” en lenguaje de nuestro vecino) de carácter territorial avalada por la ciudadanía peruana vía consulta popular dejando de lado toda referencia a los tratados que rigen la materia (como lo son el Tratada de Lima de 1929 y su Protocolo Complementario).
Allí se dispone que ni Perú ni Chile podrán ceder a terceros todo o parte de los territorios que formaron parte de la recuperación de Tacna y de la cesión de Arica a Chile. El Sr. Castillo pareció desconocer que el territorio nacional es “inalienable” (art. 54 de la Constitución) y que, en tal calidad, forma parte de los intereses nacionales que él está obligado a defender en su condición de Jefe de Estado que dirige la política exterior y vela por la seguridad externa (art. 118 de la Constitución).
Y si la generosa imprudencia del Sr. Castillo se refería sólo a accesos privilegiados de Bolivia al mar empelando territorio peruano, éste omitió mencionar los acuerdos de Ilo de 1992 (o, más bien los desconocía). En esos acuerdos, Perú concedió a Bolivia, en Ilo, una zona franca industrial, otra turística y, en ese marco, el uso, por 99 años, de una extensión de playa de 5 kms de largo (Boliviamar). Tales acuerdos, que fueron objeto de reclamos de mejora por Bolivia, han sido subutilizados o simplemente no implementados por el vecino.
Pero el Sr. Castillo prefirió no referirlos o no supo hacerlo (como tampoco lo hizo con un conjunto de excesivas concesiones posteriores realizadas a Bolivia felizmente corregidas por el Congreso).
En materia de política exterior, fue obvio, que el gobernante desconoce lo elemental y responde más bien a las fantásticas pretensiones trasnacionales de Evo Morales quien propone, como Castillo, “abrir las fronteras” sin referencia alguna a la integración fronteriza o al comercio libre. El privilegio de esa referencia se entronca trasnacionalmente con la “diplomacia de los pueblos” en desmedro de la buena conducción de las relaciones internacionales del Estado y de su política exterior.
Cualquier canciller está en la obligación de corregir al Sr. Castillo y de ilustrarlo en su “proceso de aprendizaje” mientras dure.
