Desde que la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA clasificó las amenazas que identificaron sus miembros, las amenazas convencionales nunca desaparecieron de la lista a pesar de la preeminencia adquirida por las no convencionales (o “nuevas amenazas” propias de la globalización) y los problemas de seguridad (problemas sociales y de otra naturaleza más o menos internos). Sin embargo, las amenazas convencionales no sólo han sido minimizadas por sus escasas probabilidades de realización sino que han sido tomadas eventualmente con ligereza por algunos gobernantes suramericanos. Esta reacción se explica a la luz de las limitaciones que impone al respecto la globalización y la mayor interdependencia regional. Pero quizás también deriven de percepciones erradas sobre las realidades de la conflictividad latente en la región y sobre la posición correspondiente de las fuerzas armadas. Que esa latencia se manifestara en las complejidades limítrofes centroamericanas, especialmente en el caso de Nicaragua, o en la reacción convencional de Venezuela y Ecuador frente al escenario de conflicto asimétrico que se desarrolla en Colombia, no parece haber preocupado a estos gobernantes. En lugar de confrontar esa realidad para desescalarla y neutralizarla, los suramericanos –con el Perú por delante- han optado por relanzar iniciativas como la declaración de una zona de paz en la región como forma de justificar el menor gasto en el sector defensa.
En buena cuenta esa posición, que prefiere no dar cuenta de la remanencia de cierta cultura del conflicto en los Estados y de las necesidades de la prevención y de la disuasión, consideraba quizás al Cono Sur como ejemplo del tránsito estratégico de la competencia geopolítica (y su vinculación militar) hacia la cooperación ligada a la seguridad colectiva.
Luego de la aproximación brasileño-argentina de 1988 y resuelto el problema del Beagle en 1984, las medidas de confianza, la diplomacia militar y la complementariedad de intereses económicos en el área impulsaron en estos gobernantes la percepción de que de la renovada modernidad del Cono Sur sólo podía surgir prosperidad desarrollista sin mayor preocupación por los asuntos de la defensa. Si algún problema había, éste sería sólo de seguridad.
Pero he aquí que uno de los Jefes de Estado más ecuánimes y respetados del área, el ex -presidente del Uruguay Tabaré Vásquez, cuya militancia en el Frente Amplio y su profesión de oncólogo fortalecía su fundamento humanista y su consecuente visión del mundo, acaba de informar públicamente, desde un colegio, que su Estado renovó hipótesis de conflicto con su vecino del Río de la Plata, Argentina.
Para ello bastó la interacción de unos activistas radicales (los piqueteros peronistas) con ambientalistas ultras (los de Gualeguaychú, Argentina) con la percepción de que una empresa (Botnia), cuyo país de origen es un paraíso naturista (Finlandia), se instalaba en Fray Bentos (en la Banda Oriental) para procesar madera que contaminaría el río Uruguay. La violencia popular se instaló entonces mediante la ilegal toma de un puente internacional por los ambientalistas argentinos frustrando el tránsito de bienes, personas y vehículos uruguayos sin que hubiera de la parte uruguaya reacción similar.
El asunto se resolvió en la Corte Internacional de Justicia la que, salomónicamente, declaró que si bien Uruguay había incumplido con la obligación de informar sobre la instalación de la empresa, tal como está contemplado en el Estatudo del Río Uruguay, no había prueba de que ésta hubiera contaminado las aguas de ese río.
Sin embargo, el ex-presidente Vásquez informa que frente al peligro de escalamiento de la violencia (potenciales atentados ambientalistas contra la fábrica finlandesa), la Fuerza Armada de su país no sólo protegió las instalaciones de la empresa sino que, frente a la inacción del gobierno argentino, consideró la posibilidad de una guerra binacional. A mayor abundamiento, el ex -presidente uruguayo solicitó apoyo a Estados Unidos y, luego, vetó la candidatura del ex -presidente Néstor Kirchner (presidente argentino en funciones en el desarrollo del conflicto) a la Secretaría General de UNASUR.
Aunque no es la primera vez que los radicales ambientalistas generan sobre-reacciones militares (el hundimiento del Rainbow Warrior de Greenpeace en Nueva Zelanda es un ejemplo), la opinión pública suramericana no esperaba que un conflicto de naturaleza ecológica y social traspasara, en el siglo XXI, los cauces de la diplomacia y el derecho internacional para ingresar en el ámbito militar instalándose en casi el peor escenario: la hipótesis de guerra. Y, sin embargo, ello ha ocurrido.
Si bien este es un ejemplo de conflicto por recursos y, por tanto, sus detonantes son no convencionales, la consideración del eventual involucramiento de las fuerzas armadas podría haber dejado atrás la causa no convencional como elemento de definición para devenir en un enfrentamiento convencional si nos atenemos a los informado por el ex -presidente Vásquez.
Ello obliga a los Estados, cuyas fuerzas armadas esbozan naturalmente hipótesis de conflicto y que mantienen controversias limítrofes cuya solución debe ser procesada por la Corte Internacional de Justicia, a tomar medidas preventivas para facilitar la implementación del fallo y evitar cualquier causal de conflicto consecuente. El caso uruguayo-argentino es, al respecto, una alerta de escalamiento que debe ser adecuadamente procesada por las partes para que el principio de solución pacífica de las controversias pueda implementarse adecuadamente en un contexto internacional proclive a la fricción.
