8 de diciembre de 2022
Ayer, 7 de diciembre, dos hechos extraordinarios se produjeron en el Perú. En el plano interno se intentó el golpe de Estado más corto de la historia nacional y en el externo, se develó el engaño a que fue sometida la comunidad internacional por funcionarios de Pedro Castillo que promovieron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Perú.
El primer hecho fue, en apariencia, producto de una decisión desesperada del entonces presidente golpista para evitar su vacancia luego de que a) un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia brindara, reciente y masivamente, información sobre solicitudes de dinero y favores por intermediarios de Castillo; b) un funcionario de segundo orden del ministerio de Vivienda informara públicamente sobre entregas sistemáticas de dinero a Castillo y a su familia.
En apariencia, éstos fueron los factores que condujeron a Castillo a urdir, in extremis y aconsejado por su entorno, un golpe de Estado que empezó por la disposición de cierre del Congreso y el reordenamiento del conjunto de entidades del sector Justicia y del Ministerio Público (incluyendo a las que, como la Fiscalía de la Nación, han abierto investigaciones que sustentan una denuncia constitucional contra Castillo ante el Congreso). La elección de un nuevo Congreso con facultades constituyente pareció, en este caso, la búsqueda de apoyo entre partidarios que no tuvo éxito.
Lo extraordinario es que, tras infructuosos sondeos de los mandos de la fuerza armada y presiones a sus más altas autoridades y de que Castillo comprobara que carecía de soporte, éste siguió el curso del golpe sólo para darse de bruces con la realidad: en aproximadamente tres horas fue capturado in fraganti, vacado por 101 votos en el Congreso de 120 parlamentarios y llevado a prisión.
De esta manera Castillo abrió las puertas a una vacancia frustrada hasta en dos oportunidades en tanto no se lograban reunir los 87 votos para tener éxito en el empeño, propició la toma de posesión del cargo presidencial por una mujer (la vicepresidenta Dina Boluarte) como nunca había ocurrido en la historia del Perú y logro que el conjunto de las instituciones políticas y militares peruanas, tan fragmentadas y débiles, lograran con la oposición, una unidad de criterios para oponerse al golpe.
De repente la oscura y frágil democracia peruana, más allá de las motivaciones de cada quien, dio muestras de vida orgánica y despertó la esperanza de ciudadanos militantes que desempeñaron un rol en la contención del golpe. El rechazo al mismo ilustró la realidad de la oposición a Castillo, de su ignorancia política y analfabetismo ético, de su arbitrariedad gestora y de su predisposición delincuencial.
El segundo hecho extraordinario fue el masivo shock político que, casi como una fuerza física, recibieron los miembros del Consejo Permanente de la OEA que se enteraron que quien los convocaba desde el Perú en defensa de la democracia representativa era el golpista que pretendió destruir la democracia y devenir en dictador desde el mismo Palacio de Gobierno que había albergado a una misión especial del órgano interamericano hace pocos días.
Tal fue la magnitud del impacto que el representante peruano en la OEA, que había contribuido junto con el Canciller en Lima, a convencer a los demás representantes que en el Perú se fraguaba un proceso de quebrantamiento del orden constitucional, tuvo que renunciar in situ al verse despojado de toda argumentación plañidera y falsa. Por lo demás, así lo manda la ley.
A la luz de los hechos, casi todos los representantes de los países miembros de la OEA saludaron la investidura de la presidente Boluarte luego de lamentar o condenar los hechos perpetrados por Castillo. La realidad se había impuesto sobre las parcializadas percepciones de los miembros de la misión de alto nivel que visitó Lima en búsqueda de hechos que sustentaran la prejuiciosa posición de “solidaridad” con el gobierno de Castillo.
Ahora esos representantes tendrán que acudir a cursos acelerados de investigación política, revisar sus metodologías y cambiar su instrumental de auscultación para sanar su ideologizado aparato perceptivo capaz de construir realidades falsas y actuar en consecuencia.
Mención aparte merece los gobierno de México y Bolivia que contribuyeron a infectar la razón de sus colegas introduciendo cargos de racismo para fundamentar su defensa de Castillo. En este punto, el caso mexicano es el más grave en tanto ha persistido en respaldar a Castillo y promueve activamente su oferta de asilo cuando el ex -presidente no es un perseguido político sino un reo que está siendo investigado con todas las garantías de sus derechos.
A este respecto, la labor desempeñada por un grupo de funcionarios diplomáticos peruanos y por el Canciller dedicada a ilegitimar las investigaciones de la conducta delictiva de Castillo por la Fiscalía llevando a la Asamblea General de la ONU y a la OEA la alerta de un golpe de Estado en el Perú merece no sólo la adopción de las medidas del caso sino una seria investigación de los procesos que permiten que la política exterior sea una mero ropaje de la política interna que desmerece en el exterior la posición del Estado peruano.
