En un acto de realismo largamente esperado, el Canciller acaba de reconocer que, bajo las actuales condiciones, la integración subregional andina no podrá evolucionar hacia un mercado común, que la CAN debe consolidar su status como zona de libre comercio y que ésta debe evolucionar a través de la integración física y fronteriza y la cooperación social.
Si esta declaración define la visión estratégica del Perú sobre esa entidad y su escenario, debe anunciar también un nuevo posicionamiento en él y frente a los demás. En el ámbito regional, ello pasa por la revaluación del bilateralismo en un marco de primaria interdependencia económica. Si ello va generar resultados más beneficiosos para el Estado en relación al costo que suponía la versión idealizada de una integración disfuncional, deberá confrontarse también la realidad de una mayor fragmentación en el área.
En la zona andina ésta se nutre del incremento de la ideología en la definición de los intereses nacionales. Su versión contrareformista se viene consolidando con el proyecto antiliberal de la nueva Constitución ecuatoriana. Éste se suma al cambio del orden interno en Venezuela y Bolivia calificado por el probable replanteamiento de los intereses nacionales correspondiente. Mientras ellos sean producto del Estado antes que de sociedades erosionadas, la capacidad de trato diplomático será razonable. Pero si la ideología se apodera plenamente de la definición de esos intereses, la capacidad de manejo de nuestro entorno sufrirá las consecuencias.
Este escenario refleja, en versión agravada, la escasísima cohesión suramericana que el UNASUR se ha empeñado en camuflar. Para aliviar la fricción intrarregional consecuente en un marco de intercambios insuficientes, el presidente del Brasil acaba de reiterar su disposición de liderazgo en el área. Y lo ha hecho consagrando la diversidad de alineamientos suramericanos. En efecto, el presidente Lula ha reasumido, en apariencia, esa disposición directiva reuniéndose con las dos fracciones andinas por separado: con Perú y Colombia en Leticia (Colombia) y con Bolivia y Venezuela en Riberalta (Bolivia).
Bajo estas circunstancias, el Brasil no incrementará su influencia si persiste en integrar intereses disímiles y si margina la cooperación viable (en infraestructura, por ejemplo). Para ganar en capacidad ordenadora, debería concentrarse en promover la estabilidad en el área en lugar de intentar, unilateralmente, un esfuerzo integrador que ha perdido, por ahora, fundamento. Su labor de árbitro y cooperante será más útil si se focaliza en inhibir pretensiones hegemónicas en el área en lugar de disfrazarlas avalando ideológicamente un “nuevo equilibrio suramericano”.
La ceguera de ciertos asesores brasileños frente a esa realidad puede resultar en que, mientras la potencia emergente busca status en otros escenarios, se consolide en la región una zona de influencia venezolana que, bajo impulso predominantemente ideológico, se potencia mediante una nueva diplomacia dineraria (Bolivia la confiesa sin pudor) y energética (la red de petróleo subsidiado de Petrocaribe ya abarca además del Caribe a la totalidad de Centroamérica, se arraiga en el norte suramericano y busca cooperación antisistémica extrarregional).
Este escenario regional en el que los intereses comunes son progresivamente sustituidos por intereses no convergentes es el que el Perú deberá confrontar en adelante. Si no es esto lo que esperábamos, pero es la realidad, la esperanza de una armonía en la diversidad no puede cegar la acción prudente en el que el interés nacional debe elegir más selectivamente a sus socios y prepararse mejor para quienes desean convertir la diferencia en antagonismo. El fraccionamiento suramericano y andino en un contexto internacional cambiante nos obliga a ponderar mejor los términos de nuestra inserción local.
