19 de agosto de 2022
Si la esencia de la política exterior es la proyección del interés nacional, la inconsistencia con que el gobierno de Castillo simula su gestión está destruyendo sus contenidos.
Su lúdica instrumentación acaba de manifestarse esta vez en el “retiro” del “reconocimiento” a la denominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) con la que este mismo gobierno reestableció relaciones diplomáticas en setiembre pasado. El “reconocimiento” fue otorgado en 1984 a ese Estado autoproclamado que, sin embargo, no puede ser aún miembro de la ONU (el organismo mundial lo consideraba como “territorio no autogobernado” cuyo destino pende de la realización de un referéndum). A pesar de ello el Perú procedió a anunciar su disposición a establecer relaciones diplomáticas con esa entidad en 1987. Ese curso de acción fue interrumpido por Fujimori quien decidió suspender esas relaciones en 1996 (SPDI).
Si un Estado puede mantener el reconocimiento de otro sin mantener relaciones diplomáticas con éste, ¿cómo es que el nuevo Canciller decide ahora “retirar el reconocimiento” cuando lo que cabía, si hubiera habido coherencia y justificación, era romper las relaciones diplomáticas reestablecidas por este gobierno? Por lo demás si la RASAD no es reconocida por la mayoría de los 193 Estados miembros de la ONU, sí lo es por una cantidad significativa (85) a los que había sumado el Perú.
Aunque el reconocimiento no es un factor constituyente de un Estado, sí otorga a éste una mejor presencia en la comunidad internacional. Por tanto, esa figura no puede ser tratada con ligereza porque además de añadir valor político al Estado reconocido implica también responsabilidad para el Estado que reconoce en tanto, al hacerlo, respalda la membresía del beneficiario en el sistema internacional (y, por tanto, su capacidad de cumplir obligaciones y exigir derechos).
Nosotros pensamos que la RASD no debió ser originalmente reconocida por el Estado peruano. Pero, una vez dado ese paso, lo que cabía era modular la conducción diplomática de esa relación (p.e. el restablecimiento de relaciones -que criticamos- o el rompimiento de las mismas). Obrar de la manera que se ha hecho debilita la escasa consistencia de la menguada soberanía externa del Perú.
Con el “desconocimiento” de la calidad estatal de la RASD el nuevo gestor de la política exterior ha ido demasiado lejos y ha comprometido la seriedad de la proyección externa del Estado. Más aún, cuando no ha dado explicaciones sobre los motivos de su conducta. ¿Se ha tratado sólo de una “corrección” desafortunada o ha habido presiones externas inaceptables para proceder de la manera más radical en este caso? ¿O ha sido una decisión inducida por Castillo como condición para acceder a una fuente de insumos requeridos? ¿O es que, además Marruecos, un país productor de fertilizantes demandados con urgencia por la agricultura peruana, condicionó el eventual acceso a ese producto al “desconocimiento” de una entidad considerada secesionista por él? Y si ello ocurrió, el gobierno no tomó en cuenta el acceso a ese recurso en otras fuentes como Estados Unidos, China, Canadá, Arabia Saudita y otros productores que suman 34% del total producido? El Canciller debe explicar esta conducta irregular.
Especialmente si, en su discurso inaugural, ha propuesto como objetivo de política exterior otras inconsecuencias. Por ejemplo, olvidando que es funcionario de un gobierno carente de legitimidad, el nuevo Canciller desea transitar de las relaciones interamericanas que marca la relación intra-continental desde 1948 a un neo-panamericanismo previo a la Segunda Guerra al tiempo que considera al Hemisferio como “unidad geopolítica compacta” (visión que casi nadie en América comparte -ni siquiera los Estados Unidos-) . Esa propuesta (¿quizás un lapsus?) es consistente con la aparente actualización, por Castillo, del lema monroista “América para los americanos” declamado en Washington DC en visita infértil. En este punto el gobierno también deberá dar cuenta de sus actos.
Y deberá hacerlo de inmediato para no toparnos con más sorpresas como la disposición a ensuciar la suscripción y ratificación de la Convención del Mar por un gobierno penalmente cuestionado y un Congreso sin apoyos. De proceder bajo estas circunstancias a la firma, gobierno posteriores podrán cuestionar la legalidad del acto alegando, por ejemplo, que el presidente era, en efecto incapaz.
Entre esas sorpresas se encuentra también las contenidas en el discurso de despedida del reciente gestor torretagliano. Fue en esa oportunidad que nos enteramos que, en un período de alto riesgo contextual, las más altas autoridades nacionales divagaban sobre un orden internacional vinculado a un “Estado federal mundial” devenido de una supuesta convicción kelseniana antes que la más apropiada utopía kantiana. Es más, tal imaginario de “mundialización” juridicista subrayó, como eje, una “Constitución de la Tierra” de carácter tan trasnacional como ambientalista de evidente cercanía con la “diplomacia de los pueblos” tan cara para Castillo y su excolega boliviano Morales.
Ya con menos sorpresa, los que queremos estar al tanto de los declaraciones oficiales nos informamos también que, en ese marco son sólo los individuos los supuestos beneficiarios de la supuesta “diplomacia social” proclamada al inicio del gobierno. Cuando la crisis del sistema internacional se expresa en creciente conflictividad interestatal, desbalance y erosión de los sujetos del sistema -en este caso, los Estados- no hubo en el discurso del gestor saliente mención alguna a la crisis del Estado ni de la sociedad peruanos cuando su condición actual hace agua en y la posibilidad de influir en el exterior ha disminuido considerablemente en consecuencia.
En ese marco de gran irresponsabilidad sólo se mencionó, de manera confiscatoria de méritos anteriores, la hoja de ruta de la OCDE desconociendo la realidad del último decenio. Lo mismo ocurrió, a paso redoblado, con el reiterativo acuerdo ambientalista de Escazú cuya negociación no correspondió a este gobierno, con el usual saludo al multilateralismo sin mencionar la crisis que éste atraviesa, con la lejanía de los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 o con la idealización de “sur global” que no existe orgánicamente ni funciona en su raída versión institucional y que el Perú no puede liderar.
Tal parece que en ruta hacia la anarquía, la irracionalidad ha señalado domicilio también en Torre Tagle.
