El Secretario General de la ONU no ha dejado dudas: la misión integrada por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y la Organización Mundial de la Salud ha corroborado que se han usado, en gran escala, armas de esa naturaleza en las proximidades de Damasco (Ghouta).
Al respecto el Sr. Ban Ki Moon ha reiterado que esa acción constituye un crimen de guerra y que la responsabilidad moral de patrocinar la identificación a los autores de la barbarie y de castigarlos corresponde a la comunidad internacional (la misión de la ONU se limitó a determinar los hechos de manera innominada).
Si, a pesar de ello y más adelante en la conferencia de prensa correspondiente, un vocero aparente de la Secretaría General afirmó que, a la luz del material encontrado, la responsabilidad parecía corresponder al régimen sirio, el asunto es aún claro: el régimen sirio debería ser denunciado por la comunidad internacional y sus responsables castigados en cumplimiento del Protocolo de 1925 de Prohibición del Uso en Acciones Bélicas de Gases Asfixiantes, Venenosos y de Métodos Bacteriológicos de Guerra.
Sin embargo, el Secretario General había expresado previamente aprobación del compromiso sirio de suscribir la Convención de Desarrollo, Prohibición, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y del acuerdo marco ruso-norteamericano para la eliminación de las armas químicas en Siria. Al respecto se entiende que estos acuerdos, de 14 de setiembre último, sólo pueden ser llevados a cabo con la participación del régimen sirio (que, según el incógnito vocero de la ONU, es el responsable del crimen).
En consecuencia, o ese vocero (que tomó la palabra con o sin autorización del Secretario General luego de que Ban Ki Moon hiciera su concisa presentación) se equivocó, o éste entiende por “régimen” sirio algo distinto que gobierno sirio o hemos ingresado nuevamente a una de esas turbias fases en que se desarrollan los acuerdos y desacuerdos en el Medio Oriente (que se parecen más a los usos de la realpolitik de la zona que a los usos del realismo clásico).
De otro lado, al margen de que el acuerdo ruso-norteamericano tuviera como horizonte una salida política a la guerra civil en Siria (una responsabilidad obviamente mayor a la ya compleja responsabilidad responsabilidad de desarme químico en se país), el hecho es que si se cometió un crimen de lesa humanidad y la mayoría de la comunidad internacional ha suscrito el régimen contras las armas químicas, la responsabilidad colectiva de esta comunidad es jurídica y no sólo moral.
Por lo demás, se entendía que la disposición Siria de adherirse a ese régimen y poner a disposición de la comunidad internacional su arsenal químico para que sea destruido era un medio in extremis para evitar un ataque norteamericano, la mayor desestabilización regional y el escalamiento del conflicto al ámbito interregional. De ello se había felicitado el Presidente Obama y Rusia probablemente entendía que el alcance estratégico de estas tareas subordinaba de alguna manera el asunto de las responsabilidades jurídicas del entonces supuesto ataque químico.
Pero ahora la dualidad manda: el aparente responsable debe participar en solucionar su propio crimen (y si no lo hace será objeto de punición bélica… aunque de propósito sólo disuasivo –es decir, para inhibir un uso futuro de esas armas y si es que se aplica una parte del Capítulo VII de la Carta de la ONU).
En este escenario digamos “sofisticado”, se han elevado los costos de la punición jurídica a la que ha hecho referencia el Secretario General de la ONU que la resolución correspondiente del Consejo de Seguridad deberá incluir. Ello implica que, si luego de cumplidos los compromisos del caso, los supuestos responsables son castigados, ello podría suponer el cambio de régimen en Siria.
Si ello ocurre, los deseos norteamericanos se habrán cumplido pero no necesariamente sus intereses si ese cambio de régimen implica mayor inestabilidad en el Medio Oriente. Del lado ruso ello sólo podría ocurrir con su aceptación y con su decisión de contar, más allá del destino de Assad, con un gobierno afín (hoy inexistente) que permita que sus facilidades estratégicas en el país (el puerto de Tartu) y su zona de influencia se mantengan. Obviamente no es éste un proceso diáfano. Sin embargo es un proceso al final de cuentas que permite canalizar la fricción en el área al costo regular de concesiones cruzadas que, en el Medio Oriente, nunca son suficientemente inconcebibles.
