Con la misma rapidez con que tropas rusas se desplegaron en la frontera con Ucrania (y algunas de ellas, probablemente provenientes de las bases rusas en Crimea cercaron a las fuerzas locales), la antigua gran potencia en asociación con las instituciones de la República Autónoma de Crimea han montado el aparato jurídico que permita la anexión de esta última a la potencia mayor.
Atentando contra la Constitución de Ucrania, que no permite referéndums subnacionales y menos unos de carácter secesionista con tropas extranjeras ocupando suelo ucraniano, la república separatista ha procedido a llevar a cabo una consulta mediante la cual entre el 93% y 96% de los votantes optaron por una anexión a Rusia. Para ello, el Congreso de Crimea ya había dado su aprobación y considerado una declaración de independencia mientras que la Duma (el Parlamento ruso) realizaba los ajustes necesarios para aprobar la solicitud de anexión que plantearía el gobierno de Crimea a una brevedad que el Ejecutivo ya ha consumado.
Este blitzkrieg jurídico-militar ha exhibido una de las funciones más perversas del derecho: la de brindar cobertura legal a un proceso esencialmente ilegal. Éste ha concretado la reabsorción de una península espirituosamente transferida a Ucrania por Kruschev en 1954 aupada esta vez en otra arbitrariedad: la manipulación del principio de autodeterminación y su interacción con la violación del principio de no intervención.
Sin embargo, al respecto no nos rasguemos las vestiduras. Al fin y al cabo este proceso no es desconocido ni en Europa, ni en América, ni en el resto del mundo. En América, por ejemplo, se usó para promover la secesión de Tejas en 1845 y luego la de Panamá en 1903.
Pero si esos fueron actos de imperialismo como política, fase de la cual Estados Unidos ha renegado, es esto lo que parece practicar Rusia hoy. Y no sólo para proteger necesariamente su zona de influencia (cuestión a debatir) sino quizás para restaurar la Gran Rusia.
Al respecto ha procedido a un imparable paso de trote que no es propio ni de la guerra calculada ni de la negociación como alternativa. Frente a la situación planteada por Kiev, que presumía de una pulsión entre Occidente y Rusia, Rusia ha optado por presentar, a la brevedad, hechos consumados.
¿Por qué habría Rusia de proceder con tan alto riesgo?.
Quizás por razones estratégicas y tácticas. Las primeras implican la realidad de la debilidad de Occidente. Ella se revela en un larga lista de flaquezas percibidas: la incapacidad de reacción proporcional de Occidente en el marco de una polaridad en redefinición, de desaceleración del proceso de globalización, de dificultades de refocalización estratégica norteamericana en otras áreas (Asia), de incapacidad de reacción militar de la Unión Europea (el fin de la crisis evoluciona a un peligrosa deflación mientras la PESC no va a ninguna parte) y de la OTAN (que ha optado por la tecnología para suplir la falta de presupuesto y su incapacidad de seguir desplegando tropas en tierra).
Por lo demás, el factor asiático ha sido considerado por Rusia como carta ganadora: la remanencia de la convergencia ruso-china (mostrada en la abstención china en la Resolución de la ONU que condenaba la anexión), la relativa convergencia de intereses sino-rusos en el marco sistémico y, especialmente, el espíritu de repotenciación rusa transformado en política (la gran aspiración de renacimiento de esa potencia, que no otorga a la Comunidad de Estados Independientes la calidad compensatoria de la pérdida del imperio primero y de la Unión Soviético después) forman el marco que justifica la voluntad de actuar y asumir el riesgo consecuente.
Y qué mejor oportunidad al respecto que hacerlo aprovechando la necesidad de consolidar, en Sebastopol, parte del territorio imprescindible para proyectar poder marítimo sobre el Mediterráneo y abrirse paso al Atlántico mientras que se consolida Crimea como la dimensión continental que Ucrania debe proveer como contribuyente a la identidad euroasiática rusa.
De otro lado, la dimensión táctica de estas razones estratégicas explican la velocidad y voluntad en la acción para disciplinar la tentación occidental ucraniana expresada en una vinculación más estrecha con la Unión Europea (es decir, el tránsito de un acuerdo de asociación a una incorporación formal a la Unión Europea en un plazo que, aunque lejano, despierta expectativas incrementales en esa parte del mundo).
Las razones colaterales son también precisas: impedir que la UE a través de la PESC sea el sucesor de la OTAN, cancelar la aspiración de la Alianza Atlántica de expandirse hasta las frontera rusa (en lugar de ello, hoy se mantienen unos acuerdos de cooperación) y mostrar a Europa y a Estados Unidos que Rusia sí es capaz de sostener su poder con presencia masiva en el terreno y que no es un potencia irredenta cuya recuperación puede impedirse (aunque el estado de su economía muestre lo contrario.
Es más, con la anexión de Crimea Rusia va más allá de establecer un límite a los excesos pro-occidentales de Kiev. En realidad anuncia que tiene la capacidad y la voluntad de actuar para consolidar lo que queda de su antigua zona de influencia.
Por ello emplea también el derecho como instrumento de dominación, ampliación y de balance poder en tanto formaliza el deseo de los “rusos étnicos” (por lo menos 60% de la población de Crimea) a la luz de otro exceso jurídico: la cancelación del ruso con idioma oficial por Kiev en un país por lo menos bilingüe.
Y si a toda razón asiste el mismo derecho, los “rusos étnicos” o “rusoparlantes” que son numerosos en Occidente (por ejemplo, en los países bálticos) acaban de recibir un mensaje familiar cuyo centro no los ha olvidado. Esta situación es mucho más visible en Eurasia donde la lejanía de Occidente obliga a estos Estados ex -soviéticos a reconsiderar cualquier alejamiento del centro como un acto hostil y como pasivo frente a las ventajas que supone la estrecha asociación con Rusia (que económicamente no son muchas).
En este marco, la reacción rusa al intento de expansión occidental materializada en la rebelión de Kiev no se ha detenido a meditar sobre las calidades legales de aplicación, de manera contradictoria y conflictiva, de unos principios liberales reconocidos universalmente (el principio de autodeterminación es un principio bien establecido en la Carta de la ONU y en otros regímenes) y el principio de no intervención (un principio que fundamenta el orden y la estabilidad internacionales y que, bajo inspiración occidental, había incluido dentro de la categoría de soberanía relativa, la protección colectiva de democracia y de nuevas figuras como el RTP u “obligación de proteger”).
Aunque anterior al siglo XX, el principio de autodeterminación formó parte de los 14 puntos Wilson que fueron la base para el establecimiento del Tratado de Versalles con el que concluyó la primer Guerra Mundial. Y se desarrolló luego, a través de la Asamblea General de la ONU, en el ámbito de los procesos de descolonización (aunque también se aplicó a casos no coloniales).
El desarrollo de ese principio, sustentados en la noción de “nación”, “pueblos” o “minorías”, llegó a obtener un carácter humanitario. Aunque Rusia, que se ha quedado sola en el Consejo de Seguridad al vetar una Resolución en contra de la anexión de Crimea, podría, sin embargo, estar alegando este principio como en su momento lo hizo con Georgia y antes lo hizo Alemania en los Sudetes, con las consecuencias del caso.
Por lo demás, a ese juego también se incorpora el sui generis “derecho” de secesión que se concede a los ciudadanos de territorios que forman parte de Estados con los que sus intereses no coinciden. Éste, que podría ser el caso de Escocia o de Cataluña (que, por su naturaleza e impacto, se discute de manera compleja) es hoy día manipulado rápidamente por Rusia.
En un escenario como el europeo donde las tendencias secesionistas abundan (el caso de valones y flamencos en los Paíes Bajos, de Padania en el Norte de Italia o el País Vasco en el Norte de España) y las guerras de fragmentación estatal se han probado bárbaras en los Balcanes, la situación que ha creado Rusia en Crimea, con propósitos defensivos y ofensivos, puede proliferar atentando contra la unidad de Estados ya debilitados por la integración y la crisis. Y no sólo en Europa.
El patrón fraudulento con que Rusia ha organizado este montaje jurídico-militar ha reclamado la completa oposición de Occidente (aunque Estados Unidos reconoce los vínculos históricos de Crimea con Rusia y el nuevo Primer Ministro ucraniano aún se muestra dispuesto a dialogar).
Ahora, por la forma cómo se ha procedido y las consecuencias que puede generar, ese patrón de conducta debe ser también contestado por los Estados de América Latina de raíz liberal.
