El insulto a una institución del Estado por un candidato a la Presidencia es un hecho grave que merece la defensa de la entidad agredida por sus integrantes. Esta última se ha producido a través de declaraciones del Canciller y también mediante pronunciamientos de las organizaciones de funcionarios en actividad y en retiro, de exfuncionarios diplomáticos que se pronuncian a título personal y de otras instituciones cercanas.
La ciudadanía podría muy bien afiliarse a ese rechazo pero teniendo en cuenta que el candidato en cuestión, Rafael López Aliaga, realizó el agravio en el contexto de una torpe referencia a la gestión de las vacunas contra el Covid 19 en que está involucrada la Cancillería (asistencia en la adquisición, etc.). Esa torpeza parece ligada a la incapacidad de expresión verbal del candidato. Ella quedó demostrada cuando, en un debate televisivo, ese candidato tuvo que leer sus propuestas en lugar de explicarlas espontáneamente (sólo Alberto Fujimori ha utilizado ese procedimiento en un debate electoral con Mario Vargas Llosa).
Sin embargo, este recuento (que alude a cuestiones de prestigio vulnerado) puede resultar excesivo en el marco de la escasa información sobre el proceso de adquisición urgente de las vacunas anti Covid y de su extremadamente lento arribo al país (que, en conjunto, es un problema de seguridad nacional).
Especialmente cuando se tiene en cuenta que el Perú es el segundo país andino (sólo superado por Colombia) en cantidad total de muertes producidas por la pandemia (53 mil según el Coronavirus Resource Center de John’s Hopkins University) y cuando su población “completamente vacunada” equivale al 1% (tasa superada por Chile -22.4%- y hasta por Bolivia -1.1%-) según la misma fuente.
Esta realidad es aún más grave cuando el Perú ha sido ranqueado como el país en el que el Covid 19 ha producido la mayor cantidad de muertes en el mundo (“excess deaths”) teniendo en cuenta el número de fallecimientos por encima del “promedio histórico” y por millón de habitantes. En el primer caso el Perú encabeza el ranking mundial (seguido por Ecuador, Nicaragua y Bolivia) y en el segundo el Perú también lo lidera (seguido por Bolivia, Bulgaria, Ecuador, Lituania y México) según un artículo publicado en Financial Times (las fuentes del FT son el CONASS y el Wold Mortality Dataset).
Esa publicación contiene información similar a la contenida en un estudio de los académicos Ariel Karlinsky y Dimitry Kobak realizado bajo auspicio de la Universidad Hebrea de Jerusalem,el foro económico Kohelet y el Instituto de Investigación Oftálmica de la Universidad de Tübingen de Alemania (ambas universidades son consideradas entre las mejores universidades públicas en sus respectivos países). Ese estudio también recoge información de The World Mortality Dataset siendo sus conclusiones similares a las publicadas en 2020 por otro artículo en la revista TheBMJ auspiciada por el British Medical Journal. Frente a esta pluralidad de publicaciones cuya seriedad es reconocida, decrecen las dudas sobre la veracidad de su contenido.
Esta terrible realidad estadística, cuya dimensión supera claramente al escenario limeño del agravio producido por un candidato inhábil, está asociada a la capacidad de gestión externa de la Cancillería en plena crisis sanitaria global. Al respecto se puede recordar información pública nacional (gob.pe), que da cuenta de que el Estado ha asegurado la compra de 48 millones de vacunas (Sinopharm y Pfizer –la mayoría-, AstraSeneca y Covax Facility). Esas contrataciones realizadas (o en proceso de serlo), ciertamente constituyen un avance. Pero no aseguran necesariamente la “vacunación completa” de todos los peruanos que deben recibir las dosis suficientes.
Tal incertidumbre es agravada por la escasez de información adecuada sobre el cronograma de transporte delas vacunas y por su arribo extremadamente segmentado en pequeños lotes mientras que la certeza sobre los contratos con las aerolíneas de carga no es la más alta (las fallas en los arribos iniciales subrayan esa inseguridad). Dejemos de momento el desconocimiento de los precios y las condiciones de los contratos.
Esa incertidumbre involucra a la Cancillería en tanto que la hipótesis de trabajo indica que a ésta le compete un rol importante en esos procesos (aunque no se sabe cuál con precisión, ni sus características, ni el nivel de liderazgo si lo hubiere). Si la adquisición es morosa y la distribución lo es mucho más, el rol que desempeña la Cancillería en el logro de los resultados insuficientes al respecto constituye un problema de seguridad nacional. Especialmente a la luz de una estadística de mortalidad que, en términos de víctimas, superan las que se consideran como el rasero de una guerra.
Esta preocupación no desconoce el extraordinario problema que plantea el oligopolio de producción de las vacunas, la intensidad de la demanda global del vital producto, las pésimas e inequitativas políticas de su distribución ni la extraordinaria competencia al respecto que es correlativa con los escasos niveles de cooperación global en el marco de una pandemia de gran poder destructivo. Pero la realidad del mejor desempeño de algunos vecinos (p.e. Chile) indica que ha habido procesos de adquisición y distribución de eficacia muy superiores a los que la Cancillería ha logrado.
A ello debe añadirse que en lugar de seguir funcionando como una institución endogámica que resalta la respuesta frente a agravios de candidatos de menor cultura frente a problemas de seguridad nacional como el que nos afecta, bien haría la institución referida en volver a las prácticas de consolidación de un Servicio Diplomático eficiente desligándose de la proclividad, ya sistemática, a hacerse del liderazgo político que la desconcentra de sus funciones. La tradición, tan importante para el espíritu de cuerpo de la Cancillería, indica que el liderazgo político –el del Canciller subordinado al Presidente– corresponde a otros ciudadanos hábiles no necesariamente vinculados a los círculos de poder institucional interno de una entidad casi bicentenaria. Especialmente en situaciones de intensísima vulnerabilidad a una amenaza global que, como la de hoy, requiere el concurso de líderes capaces de afrontar tal riesgo sin tener que distraerse en asuntos de prestigio ligados a la pequeña historia.
