Este 28 de julio el Perú puede celebrar dos logros de polÃtica exterior (su elección para un nuevo término en el Consejo de Seguridad y el acuerdo para que Ecuador paralice la construcción de un muro en la frontera) y varios procesos en marcha (el curso OCDE; la asociación de la Alianza del PacÃfico con cuarto estados de la cuenca; la homogenización del formato de gabinetes binacionales con los vecinos). Y también intentos de recuperar acuerdos regionales y globales vulnerados por terceros (el TPP y en el acuerdo sobre cambio climático).
Pero tiene también un requerimiento urgente y dos amenazas regionales que afrontar.
El requerimiento implica lograr que Chile deje de cuestionar el Tratado de 1929 reclamando territorio por debajo del paralelo del hito No 1. Silenciar la materia es tan insensato como afirmar que después de lograr un lÃmite marÃtimo en La Haya el Perú puede sacrificar parte de un lÃmite terrestre. Peor aún, si considera la facilidad que se desea entregar al vecino dentro de los 50 kms. de la frontera.
La amenaza a confrontar de inmediato es el incremento exponencial de la violencia en Venezuela como resultado de la insistencia del dictador Maduro de instalar una Asamblea Constituyente contra la voluntad de la inmensa mayorÃa. Ésta desea una transición democrática, libertades básicas y salir de la ruina económica, no una Constituyente armada sobre comunas y corporaciones que produzca un Estado totalitario.
Si el Perú no desea una guerra civil en sus cercanÃas seguida de una gigantesca diáspora, debe primero asegurarse de que muy eficaces mediadores están efectivamente presentes en Venezuela y de que producirán resultados a la brevedad.
En su defecto, las declaraciones conjuntas deben abrir paso a una alianza polÃtica contra Maduro dispuesta a plantear sanciones múltiples y a reconocer a la oposición en el nivel pertinente.
La probable oposición rusa y china complica el recurso al Consejo de Seguridad de la ONU. Por ello el Perú debe prepararse a reconocer la legitimidad jurisdiccional de la oposición venezolana si ésta la reclama. Y si la represión deviene en confrontación civil, el estado de beligerancia debe ser reconocido a esa oposición apenas ésta la demande.
La segunda amenaza que debe confrontar el Perú es la de los agentes de corrupción que desestabilizan al Estado y a la economÃa. Esperar que una cumbre interamericana debata el tema en el 2018 es un exceso. Mucho antes debe plantearse al Brasil que la demeritada asociación estratégica bilateral ceda el paso al otorgamiento de seguridades comprobables de que han sido eliminados los procesos y estructuras de la megacorrupción activa en ese paÃs.
Ello pasa por la redefinición de la relación con ese inmenso vecino si se va a aprovechar su gran potencial. Y transita también por un régimen regional orientado al control de empresas corruptas y a la regeneración de confianza económica colectiva asumiendo que los jueces mejorarán su capacidad de cumplir con su deber.
