9 de agosto de 2022
Si los discursos de toma de posesión del cargo presidencial tienden a la exaltación retórica, el del presidente Gustavo Petro tenía motivaciones adicionales para ello.
La decadencia de los partidos políticos tradicionales (el Conservador y el Liberal en Colombia), los movimientos sociales que los reemplazan en nuevas organizaciones representativas (Colombia Humana en el caso de Petro), la insuficiencia de los mecanismos de gobierno frente a nuevas demandas ciudadanas (la disciplina económica que no genera esperado bienestar general), la masiva protesta social (el 2021 colombiano), la inseguridad ciudadana y la marginación (las organizaciones criminales y la informalidad), el impacto de tragedias globales (la pandemia) o de los desequilibrios internacionales (la inflación) sólo formaron el humus de la elección de Petro.
Pero el acceso primerizo al poder (la izquierda colombiana que se estrena en el gobierno al cabo de una bicentenaria experiencia republicana) ha sido el detonante de la fantasía en la definición de objetivos de gobierno señalados por el nuevo presidente de Colombia. Quizás por ello el Sr. Petro recurrió al “realismo mágico” de García Márquez para diseñar su propio derrotero (“la segunda oportunidad”) lamentablemente descalificador de lo ya andado por el país y para definir a su gobierno (un “gobierno de la paz y de la vida” como diferente del gobierno de la muerte).
Con otro lenguaje, en esto hay mucho de populismo refundacional ya arraigado en la izquierda latinoamericana. Y también de disfraz de viejas ideologías que caracterizan varias de las propuestas del nuevo gobernante y de sus “diez promesas” (un resumen de su discurso). Muchas de ellas serían insustentables si el gobierno no contara con un importante acuerdo político y con un conjunto de ministros de diferentes orígenes partidistas y, en varios casos, de reconocida calidad profesional y solvencia, que ayudarán a que Colombia no se enrumbe al despeñadero.
En el primer caso, Petro ha tenido la habilidad (ayudada por la responsabilidad de los representantes políticos) de organizar una mayoría en ambas cámaras legislativas que su partido no tenía. Y, el segundo, la capacidad de atraer al gobierno a profesionales de gran reputación internacional (el caso del ministro de Hacienda y Crédito Público, el liberal José Antonio Ocampo, ex Secretario Ejecutivo de la CEPAL, ex Subsecretario para Asuntos Económicos y Sociales de la ONU), a mediadores de sucesivos esfuerzos de paz en Colombia (el Canciller Álvaro Leyva, conservador y excandidato presidencial y promotor y partícipe de los acuerdos de paz con las FARC) o actores internacionales en la lucha contra la corrupción y la impunidad (el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, ex -procurador y fiscal y autoridad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de origen ONU).
Esta calidad de funcionarios puede inducir credibilidad al enésimo intento de consolidar la paz interna en Colombia que los acuerdos con las FARC, a pesar del gran esfuerzo del ex-presidente Juan Manuel Santos, no han logrado plenamente no obstante el apoyo internacional recibido (y el prestigio de un Premio Nóbel que los santificó). Sobre esa base Petro hará descansar uno de, a nuestro juicio, los cuatro pilares de su gobierno: el de reintentar la “paz total” que implica reemprender negociaciones con los disidentes de las FARC, el ELN y otros grupos alzados en armas.
El problema de viabilidad de este tipo de acuerdos radica no sólo en la voluntad de lograrlos sino en su inmensa complejidad. Si ésta es más idiosincrática que necesaria, también brinda al subversivo extraordinaria capacidad negociadora y múltiples beneficios que luego son recusados por sectores o representantes de la sociedad civil aunque éstos hayan suscrito los acuerdos.
Además, en la lógica de Petro, su concreción implica un par de propósitos de difícil realización: a) cambiar el foco de la lucha contra el narcotráfico, ahora en el lado de la producción, para privilegiar la “prevención del consumo” y consolidar ese planteamiento en un acuerdo internacional (de manera artesanal y unilateral este planteamiento, que no es nuevo, se está aplicando en el Perú con pésimos resultados sociales); y b) transformar el rol de las fuerzas armadas para dedicarlas significativamente a la construcción de infraestructura (lo que evidencia desconocimiento de la naturaleza de la fuerza, de su potente aunque imperfecta doctrina y de las alianzas que Colombia ha desarrollado con Estados Unidos y la OTAN en materia de Defensa). Este emprendimiento es obviamente más fácil de plantear que de realizar.
El segundo pilar del programa del Sr. Petro es el social definido como el de la lucha contra la desigualdad. La recusación de una realidad en la que el 10% de la población concentra el 70% de la riqueza empezará a ser combatida con el replanteamiento de la “solidaridad” como medio de cohesión nacional. En un país violento y fragmentado esa propuesta sensata parece cuasi-religiosa (y, por tanto, requerirá de la participación militante de la Iglesia Católica). Ella empezará a plantearse mediante una reforma tributaria “no confiscatoria” concentrada en la mayor contribución de los que más ganan y con el incremento del gasto público como medio distributivo.
Aquí empieza el incremento del rol del Estado en la economía colombiana que se manifestará en otras áreas. Al respecto, el gobierno ya planteó una primera iniciativa al Congreso para recaudar el equivalente de 1.8% del PBI de grandes empresas (principalmente empresas financieras, extractivas y de producción que vulnera al medio ambiente y personas con ingresos por encima de los US$ 700 mil) (EP). Si la recaudación consecuente tiene éxito Colombia elevará la proporción de su recaudación tributaria de 19.7% actual (OCDE) a 21.5% (bien por debajo del promedio OCDE de 33.8%. Aún así la recaudación tributaria en Colombia será inferior al promedio latinoamericano de 21.9% que es un resultado de actores bien dispersos (Brasil recauda 31.6%, Chile 19.3% y Perú 15.2% -OCDE-).
Por tanto, lograr, mayor equidad tributaria no sólo es deseable sino posible en Colombia (y en la mayoría de países de la región). Especialmente, si ésta facilitará el mayor diálogo con la sociedad que se ha propuesto. El riesgo acá es que el diálogo se transforme en consulta popular reiterativa copiando el recurso venezolano al referéndum que genera desgobierno y autocracia.
El tercer pilar es el económico. Cuando Colombia, como un buen número de países del área, había logrado un consenso sobre las reglas básicas de la economía aparece una preocupación redistributiva. Ésta es legítima si se tratara de suplementar las deficiencias redistributivas del mercado y los impactos del schock externo. Sin embargo, al margen de los requerimientos de lograr una cierta igualdad de oportunidades, el Sr. Petro ha agregado a ello una particular versión del comercio exterior cuya lectura pareció mercantilista.
Si bien es cierto que los países deben salvaguardar a su población tomando las medidas necesarias en situaciones extremas (como la soberanía alimentaria p.e.) éstas no tienen por qué cuestionar los beneficios del libre comercio en general negándole potencial (“no es ni positivo ni negativo”, dijo) y sin hace alusión a distorsiones externas que hoy proliferan en la economía internacional.
En ese marco, fuertemente concentrado en la actividad agrícola, su alusión a las necesidades de desarrollar la industria nacional (que es un objetivo necesario) pareció recordar la época de la sustitución de importaciones como medio preferido.
El cuarto pilar fue el de la política exterior que, sin embargo, no fue mencionada por su nombre. En el ámbito financiero, Petro propuso el canje de deuda externa por logros en la protección del ambiente. Esperamos que Petro haga esa propuesta como una materia a estudiar y no como una iniciativa unilateral que recuerda a la imposición del pago de la deuda externa con una cuota de las exportaciones que fracasó rotundamente en el Perú. Complicar los esfuerzos que emprenderá Colombia para cumplir con las obligaciones vinculadas al cambio climático con decisiones unilaterales en otros sectores (o con el cambio de modelo económico mientras se busca el perfecto equilibrio de sostenibilidad) generará innecesaria fricción tanto entre los países afectados como con los organismos multilaterales.
Más sensato parece su compromiso con la defensa del bosque amazónico (que requerirá el fortalecimiento del Tratado Amazónico que no mencionó) y con la vigorización de la cooperación regional que fue resaltada sobre el de la integración en el área (asunto que sí trató con el presidente Boric mostrando un eventual redireccionamiento de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico con un sui generis perfil ideológico).
Por lo demás, si el presidente Petro considera que mundo no debe dividirse en bloques (que ya son un dato de la realidad), no tiene mucho sentido privilegiar la relación con África y Medio Oriente omitiendo de esa agenda la imprescindible relación con Occidente señalando así una cierta recusación.
El Presidente Petro ha empezado su gobierno con apoyo interno, con el concurso de funcionarios hábiles y con sensibilidad social manifiesta. Estos activos deben protegerse de la distorsión de objetivos generados por excesos retóricos, ideológicos o de una peculiar sensación de poder que ya evidencia.
