El reciente impasse peruano-chileno ha mostrado, nuevamente, la fuerte sensibilidad de la relación política entre ambos Estados a pesar de su creciente fundamento económico y la buena disposición recíproca de los Jefes de Estado respectivos.
La causa específica del impasse (unas declaraciones irresponsables de un jefe militar realizadas en privado y publicadas por un congresista extremadamente incapaz para ejercer el cargo) y la respuesta de la contraparte (la exigencia por autoridades chilenas de condiciones tanto inaceptables como imposibles de cumplir y el eco parlamentario que la siguió) muestran cuan inestable sigue siendo el manejo de la simbología del conflicto entre ambos países.
Si en la circunstancia actual la superación del impasse no hubiere sido ayudada por un imponderable (la fecha de caducidad del cargo del General en cuestión), los gobiernos se habrían envuelto quizás en una crisis mayor cuya irracionalidad podría haber superado la razonabilidad de los Jefes de Estado.
Como muestra de ello, allí está el pronunciamiento de algunos congresistas chilenos vinculando la dimensión del impasse a la del proceso de solución de la controversia marítima peruano-chilena que la Corte Internacional de Justicia debe resolver. Tal despropósito no puede ser atenuado por las peculiares circunstancias políticas y económicas que vive cada país.
En efecto, el proceso electoral chileno no rebela hoy una radicalización tal que obligara a viejos militantes de partidos tradicionales, que además ejercen las más altas responsabilidades, a reavivar una fricción que los Jefes de Estado ya habían dado por concluida sólo para mantener su vigencia. De otro lado, experimentados altos oficiales en retiro del país vecino tampoco tenían por qué sentirse obligados a no atenuar la tensión cuando son ellos quizás los que, como sus colegas peruanos, mejor entienden los instrumentos de control porque conocen el marco psicológico de los usos y prácticas de la actividad militar de los dos países.
De otro lado, un oficial peruano que mereció la más alta confianza presidencial no sólo no contribuyó a cancelar la fricción a tiempo sino que, después de dar explicaciones, la impulsó pasando por encima de la autoridad de sus superiores políticos e institucionales. Al tanto de que su gesto lindaba con la rebelión manipuló los mandatos del interés nacional que limitan la capacidad del gobierno para tomar acciones correctiva bajo presión externa (peor aún, cuando ésta es vecinal). Esa conducta debe ser examinada por las autoridades políticas y militares.
Por lo demás, el impasse mostró en ambos países que las conductas chauvinistas son una realidad latente que aprovecha circunstancias críticas, como la grave situación económica global, para activarse e infiltrar las instituciones del Estado distorsionando, en el proceso, los contenidos de un razonable nacionalismo.
Y lo hace recurriendo a la simbología más tradicional. En un caso, explotándola con el exceso verbal (el del General peruano). En el otro, postergando la mesura en la evaluación de un exabrupto al tiempo de pasar por alto cegando, por ejemplo, la dimensión ofensiva de términos que describen la conducta del Estado supuestamente ofendido (“por la razón o la fuerza”) entre otros pasivos que el supuesto ofensor aún sufraga psicológicamente.
Aunque quisiéramos que esta situación no sea prototípica, el hecho concreto es que enturbia el marco en que los dos países acuden al fuero jurisdiccional externo para dirimir una controversia cuyos orígenes se remontan a la Guerra del Pacífico.
Si, como lo muestra este caso, las instituciones que deben generar confianza entre las partes (las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y Defensa) no funcionan apropiadamente y si hasta los actos formales que deben contribuir a ella se revierten bajo las circunstancias mencionadas, es evidente que Perú y Chile presentan carencias alarmantes en la prevención y manejo de crisis.
En tanto ninguno de los dos Estados desea complicar el conjunto de su relación bilateral cuando ambos procuran solucionar una controversia (lo que debiera ser motivo más de aproximación que de distancia), resulta indispensable que ambos gobiernos establezcan un mecanismo informal, pero muy eficiente y práctico, de prevención y gestión de crisis.
Éste debiera ser menos complicado de oficializar si Perú y Chile ya están de acuerdo en llevar el caso por “cuerdas separadas”. La naturaleza, el desarrollo y la escala potencial del impasse recién superado obliga a ello.
