Sea por resguardo frente a anacrónicas aproximaciones ideológicas al mar territorial (al que algunos atribuyen una extensión natural de 200 millas) o temor a la reacción de algunos interesados en mantener privilegios de pesca que no son jurídicamente sostenibles, el Perú no se ha adherido formalmente a la Convención del Mar a pesar de que el Estado ha adquirido obligaciones respecto de ella. Éstas se expresaron en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que estableció el límite marítimo con Chile. En esa oportunidad, la Corte tomó nota de esas obligaciones según lo afirmado por el propio Agente peruano.
Pero, en apariencia, ni ese Embajador ni la Cancillería desean cumplir con esa obligación cuando una flota pesquera, predominantemente china, realiza pesca en alta mar de manera sospechosa incluyendo incursiones eventuales en la zona económica exclusiva nacional (o el área correspondiente a un “dominio marítimo” aún indefinido en el Perú).
Esa inmensa flota, cuyo tamaño oscila entre los 250 y 400 buques según diferentes fuentes periodísticas recorre las costas del Pacífico y Atlántico sur suramericano en búsqueda de tiburón, pota y otras especies, muchas de ellas migratorias, recurriendo a prácticas ilícitas (a las incursiones no autorizadas en los dominios marítimos de los Estados afectados se sumarían actividades de pescadores nacionales en zonas de jurisdicción estatal que entregan su carga en alta mar a la flota cuyas práctica ilegal ya ha registrado el hundimiento de uno de sus buques en aguas argentinas).
En su tránsito por la alta mar frente a costas peruanas, la flota se estacionó frente a Ica para pescar, entre otras especies, pota. La pota es el principal producto de pesca no tradicional peruano (52% del total) según el Ministerio de Pesquería (Gestión) con fuerte demanda en China y España. Además pertenece a una especie que tiene características migratorias que implica que su pesca incontrolada en alta mar afecta la dotación nacional del recurso según empresarios privados (representantes de Maersk).
Luego de que la Cancillería ecuatoriana buscara la cooperación de sus vecinos para controlar esta amenaza, sólo la Comisión Permanente del Pacífico Sur se ha reunido con resultados en apariencia sólo iniciales y preventivos (mejoras en el intercambio de información de los organismos regionales de ordenamiento pesquero (OROP y Comisión Interamericana del Atún Tropical –CIAT-) (El Universal).
En lo que toca al esfuerzo nacional, sólo la Dirección de la Capitanías de Puertos de la Marina de Guerra publicó un par de reportes asegurando que la flota china estuvo estacionada pasivamente en alta mar había y que una patrullera había sido enviada previamente a la zona del límite marítimo con Ecuador. Esos comunicados implican que no se ha transgredido la zona económica exclusiva peruana y que una nave de menor porte, complementada por vigilancia aérea y satelital, es suficiente para vigilar incursiones de una flota de 400 buques. Estas implicancias admiten una razonable carga de duda.
A pesar de ello, la Cancillería ha guardado total silencio. En lugar de hacer llegar su preocupación y sus demandas de resguardo soberano a las potencias implicadas, Relaciones Exterior se ha limitado a convocar a un representante diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Perú para reclamar, correctamente, que a esa entidad no le corresponde alertar públicamente sobre incursiones en el mar peruano.
Pero en lugar de asumir sus responsabilidades como promotor y realizador de los intereses de un Estado costero que tiene la obligación de determinar la captura permisible y establecer otras medidas de conservación para los recursos vivos en la alta mar (art. 119 de la Convención del Mar) se concretó a subrayar que el Perú es amigo de China y de Estados Unidos (y que ambos deben solucionar amistosamente sus diferencias). Esta gestión fue tan débil como inaceptable si fuera expresión de defensa de la jurisdicción y soberanía nacional sobre los recursos en la zona económica exclusiva que el Perú afirmó, ante la Corte Internacional de Justicia, como una de las normas de su conducta externa.
En lugar de ridiculizar la posición nacional sobre el “Mar de Grau” y su vínculo con el Derecho Internacional Público, además de perderse en la inopia, la Cancillería debería, antes de que concluya este gobierno, adherir al Perú a la Convención del Mar. Es su deber tanto como lo es del Congreso. Ambos lo están incumpliendo.
