23 de noviembre de 2022
Como penúltima instancia en el propósito gubernamental de lograr legitimidad externa que compense su carencia local, nos ha visitado una Comisión de Alto Nivel de la OEA en aplicación de la Carta Democrática Interamericana invocada por el Presidente Castillo y gestionada por diplomáticos afines.
El proceso se inició en la Asamblea General de la ONU en setiembre pasado donde el Sr. Castillo pretendió manipular a la audiencia multilateral advirtiendo sobre un golpe de Estado en el Perú. Y siguió luego de que la fiscal de la Nación presentara una denuncia constitucional ante el Congreso sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión para delinquir.
El Sr. Castillo ha renovado entonces sus requerimientos de la asistencia externa que se acaba materializar en Lima bajo el pretexto de “obtener una evaluación imparcial…del proceso político… y abrir espacios de diálogo…(para) preservar la gobernabilidad… democrática” según la Cancillería.
Para llegar a este punto el Secretario General de la OEA ha apurado la aplicación de la Carta Democrática y el Consejo Permanente de esa entidad se ha solidarizado, aún con mayor rapidez, con el gobierno del Sr. Castillo.
Como parece evidente, los términos sumarios de esa decisión revelan la calidad de la gestión diplomática ejercida ante la OEA por funcionarios peruanos que olvidaron su compromiso con el Estado y las disposiciones de su Reglamento (art. 21).
En esas circunstancias la decisión del Consejo Permanente de la OEA ni siquiera consideró si los bienes públicos tutelados por la Carta se protegen en el Perú. Estos pueden dividirse en elementos esenciales y funcionales de la democracia representativa.
Entre los primeros se encuentran los principios básicos sobre libertades, sufragio y separación de poderes (art.3). En base a esos elementos la democracia representativa es considerada como el sustento del estado de derecho (art. 2) y como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo en la región (Considerandos de la Carta).
De otro lado, la Carta considera como elementos funcionales (o “componentes fundamentales”) del ejercicio democrático la transparencia, la probidad y la responsabilidad en la gestión pública entre otros requerimientos (art. 4).
Resulta difícil creer que, de no mediar un entendimiento regido por el prejuicio, por un espíritu de cuerpo esencialmente burocrático y hasta por simpatías personales o ideológicas, los integrantes del Consejo Permanente de la OEA hubieran concluido que en el Perú la transparencia rige como norma de conducta del Sr. Castillo, que la probidad es su rasero moral y que éste ejerce la gestión pública con criterios de eficacia reconocida. Especialmente cuando las evidencias de desgobierno son manifiestas y cuando los indicios de delito que ha presentado la fiscal de la Nación (que no consideran otras 51 carpetas -El Comercio-) no han sido tenidos en cuenta por ese cuerpo colegiado al tomar su decisión.
Si estos elementos funcionales de la democracia estuvieron ausentes de la decisión del Consejo Permanente para organizar la Comisión de Alto Nivel que nos visitó no existen suficientes garantías de objetividad para la evacuación del informe que presentará esa entidad en base a las informaciones recogidas de las autoridades entrevistadas en Lima.
Para lograr esas garantías la Comisión debiera hacer un llamamiento previo para fortalecer el estado de derecho en el Perú, reinstalar la probidad, la transparencia y la gestión pública en el país y para la adecuada consideración de la denuncia constitucional presentada por la fiscalía de la Nación. De esta manera su labor sería más ampliamente acompañada.
