El G20 se comprometió nuevamente, en junio pasado, a luchar contra el proteccionismo y a minimizar el impacto en el comercio de las medidas de política doméstica adoptadas para combatir la crisis. Ese compromiso reiterado se produjo luego de tomar nota de una caída del comercio global de -12% considerada entre las peores en 70 años.
En un escenario marcado por el estímulo económico concertado, por el acuerdo sobre el retiro oportuno de esas políticas de acuerdo a las realidades de cada economía y del debate sobre si el estímulo debe continuar o no, una parte del éxito de mantener los mercados abiertos deberá medirse por el autocontrol en las prácticas de protección en lugar de la vacía declaración de compromiso con la apertura de los mercados. La preocupación por estas prácticas no es poca cosa. En efecto, un reciente reporte de la OCDE sobre políticas agrícolas da cuenta de que, en el 2009, los subsidios agrícolas en las economías desarrolladas (aunque no en el caso de Australia y Nueva Zelanda) subieron a un total de US$ 252 mil millones equivalente a 22% de la facturación de esos productos (vs 21% en el 2008).
La evaluación de esas transferencias al sector agrícola (Producer Support Estimate) sugiere que éstas se otorgaron por la caída de los precios en los mercados generados por la crisis económica global. Sin embargo, según Bridges, las transferencias se implementaron mediante políticas ya existentes (no bajo apoyos de emergencia) que buscan mantener la estabilidad de los precios en un contexto de volatilidad. Así, el 46% del incremento de estos subsidios se orientó a un apoyo directo a los precios. Si, en consecuencia, esos subsidios son más estructurales que circunstanciales, difícilmente facilitarán la reanudación de la ronda Doha que los miembros del G20 se comprometieron a emprender en este año como muestra de su compromiso con el libre mercado. Y ayudarán menos aún cuando los subsidios agrícolas forman parte de los obstáculos sustantivos que han llevado a la polarización de posiciones en esa negociación multilateral, a la organización de grandes bloques en función de este problema (como el grupo Cairos) y de bloques en conflicto (como el G22, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón).
Pero los países en desarrollo (que no son todos productores agrícolas) no se quedan atrás en esta materia. No sólo no parecen dispuestos a facilitar más el acceso de los productos industriales de los países desarrollados (aunque parte de este problema está siendo resuelto a través de los acuerdos de libre comercio) sino que, en lugar de subsidios han recurrido, en el 2009, al empleo de aranceles para proteger su producción (un caso cercano es el de Ecuador en relación a los países andinos) de acuerdo a un estudio del Wall Street Journal. Por lo demás, según ese reporte, un buen número de los miembros de la OECD han recurrido a diversas formas de proteccionismo. Pero aún si descontáramos el proteccionismo estructural, ¿podía esta situación ser distinta en un contexto global de estímulos económicos coordinados y del manifiesto incremento del rol regulador del Estado en la economía?.
Por ejemplo de la adquisición de activos “tóxicos” y de otros en problemas por el gobierno norteamericano mediante un fondo de US$ 350 mil millones (monto del que se había utilizado menos según el gobierno) se tiene noticia incierta. Como también es incierta la devolución de aproximadamente 50% de los dineros empleados. Si ese dinero está en el mercado podrá estimular la economía pero producirá también distorsiones si contribuye a inflar activos que no se sustentan en su valor real. Y afectarán al comercio si el alguna parte del financiamiento proviene de la transacción de esos activos en el mercado de capitales. Por lo demás, el programa de estímulo económico lanzado por el Presidente Obama de alrededor de US$ 787 mil millones, que muchos han considerado insuficiente, podría estar generando distorsiones en el sector comercio si, por ejemplo, de los US$ 270 mil millones orientados a la creación de empleos alguna parte va a la sustentación de las exportaciones norteamericanas. Si bien el estímulo es necesario (y lo es para los exportadores al mercado norteamericano) el hecho es que parte del mismo es un subsidio que de circunstancial puede devenir en estructural (y adicional a programas establecidos como el subsidio a la producción agrícola).
De otro lado, la Unión Europea ha facilitado cerca de US$ 750 mil millones para apoyar a socios con problemas de solvencia financiera. Si bien parte de esos apoyos, también indispensable, se orientaran a apoyar la balanza de pagos, eventualmente podrán impactar el comercio exterior. De hecho, esos apoyos, en tanto contribuyen a sustentar al euro, podrían considerarse como subsidio al tipo de cambio. Esto al margen de los subsidios a la producción y de que la Unión Europea ya entró en un largo período de austeridad.
Por lo demás, aunque algunos países en desarrollo (como el Perú) desacelerarán los programas de estímulo económico hasta eliminarlo según las circunstancias, el hecho es que, en el contexto de su recuperación económica, la moneda nacional tiende a revaluarse y los exportadores responden con reclamos para mantener la competitividad (p.e. el caso del drawback que algunos consideran un subsidio a la exportación).
En este contexto, el compromiso del G20 con el libre comercio será difícil de realizar si no se incorporan el conjunto de variables que distorsionan el comercio (esta vez, en su mayoría, para bien) y que interactúan con fenómenos estructurales como los grandes desbalances comerciales entre economías superavitarias y deficitarias. A ellos quizás podría sumarse la problemática de las distorsiones que crean las corrientes comerciales entre países que han suscrito acuerdos de libre comercio y entre países que no han negociado esos acuerdos.
En un contexto complicado adicionalmente por las necesaria regulación del sistema financiero (que afectará de una forma otra al financiamiento del comercio) quizás el G20 debe establecer a qué tipo de libre comercio se refiere y cuáles son sus márgenes de tolerancia. Y clarificar su posición con la OMC.
