El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, acaba de oficializar su intención de iniciar conversaciones con Chile para solucionar el problema de mediterraneidad que aqueja a su país desde la Guerra del Pacífico (y que quedó jurídicamente formalizado desde la suscripción del tratado boliviano-chileno de 1904). Simultáneamente ha apelado al Perú con el propósito de que facilite una salida favorable.
El presidente boliviano inicia este proceso con la seriedad formal que merece tan importante iniciativa. Al respecto, ha conformado una comisión de ex ministros de relaciones exteriores bolivianos para sustentar mejor este interés permanente y primario y ha optado por la prudencia al solicitar a Chile un proceso de reflexión antes que negociaciones concretas sobre el particular. Los primeros contactos a nivel presidencial se realizarán, dentro de una semana, en la cumbre de Monterrey (México).
Estas consideraciones, sin embargo, no ocultan el contexto de emergencia en que se realiza el pedido. Éste se origina en octubre pasado cuando el presidente Sánchez de Lozada fue forzado a renunciar bajo extraordinaria presión social cuyo detonante inmediato fue la oposición popular a una eventual salida del gas boliviano por un puerto chileno. Los motivos de esa protesta, sin embargo fueron mucho más complejos. La emergencia de liderazgos irracionales que canalizaron la frustración económica de los bolivianos fue organizada por personalidades que encabezan los movimientos cocalero e indigenista cuya agenda no está concentrada en el problema de la mediterraneidad sino en la toma del poder. Para ello, esos líderes no dudaron en poner ilegal plazo y condición a la presidencia del señor Mesa.
Por lo demás, el presidente boliviano ha reconocido la situación extrema en que se encuentra su país. Él ha diagnosticado tres grandes puntos de inflexión nacional: el quiebre de la relación entre Estado y sociedad reconociendo el fracaso del sistema partidario vigente, la violentación del Estado de derecho (es decir, del sistema de aplicación de la ley) y el quiebre "técnico" de la economía (resumida en un déficit fiscal insustentable del 8% y en la fuerte dependencia de la cooperación extranjera). Y por si ello no fuera suficiente, el presidente Mesa ha calificado el problema de la mediterraneidad como uno que generará inestabilidad en el corazón suramericano de no resolverse.
Bajo estas condiciones de inseguridad será muy difícil llevar a cabo una negociación que asegure resultados de largo plazo. Para que éstas puedan proceder, será necesario que Bolivia consolide su frente interno de manera que quede claro que no se estará empleando el frente externo como exclusivo factor de cohesión nacional. Por lo demás, será también necesario que los terceros que deseen ayudar a Bolivia lo hagan económica y políticamente antes que presionando por una salida internacional.
En lo que respecta a la posición del Perú, ésta no ha variado. El problema se sigue considerando como bilateral (boliviano-chileno) aunque nuestro país apoya la justa aspiración boliviana de conseguir una salida al mar (ello, por razones de solidaridad -originadas en la Guerra del Pacífico-, de equidad -la mediterraneidad efectivamente frustra la identidad nacional boliviana- y prácticas -la política exterior pendular boliviana genera inestabilidad en la relación peruano-boliviano-chilena). Por lo demás, el Perú debe defender sus intereses bajo los términos del tratado de 1929 con Chile (el Perú debe ser consultado si se dispone de territorios que fueron peruanos). Y estos intereses son de carácter histórico (la unidad económica entre Tacna y Arica y la delimitación marítima con Chile) y más recientes (referidos a la integración fronteriza con Bolivia y Chile).
Estos factores no sólo no pueden soslayarse en una negociación tan importante como la que procura Bolivia hoy, sino que ésta tendrá un piso firme en la medida en que nuestro vecino supere las condiciones de emergencia bajo las que promueve el proceso. Mientras tanto, éste debe encontrar en Chile y Perú un cauce adecuado.
