Antes que por la acción de algún interlocutor externo, la política exterior peruana acaba de ser desafiada por sus propios gestores (el MINCETUR en el caso del retiro del Perú del Grupo de los 21) y por la apertura de un frente de inestabilidad en el sur (la crisis boliviana).
En el primer caso, la autoridad encargada de las negociaciones económicas internacionales ha puesto en serio riesgo la proyección del interés nacional en una de las áreas donde éste se satisface con mayor eficiencia: el multilateralismo económico. Como todo país pequeño, el Perú privilegia ese instrumento con propósitos de incrementar su influencia mediante la coordinación interestatal, de reducir el costo político de la interacción externa y de mejorar la calidad de su inserción global. El MINCETUR acaba de echar por la borda esa tradición práctica, sin demasiada resistencia de la Cancillería, a cambio de una promesa: ya no la de lograr un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos sino apenas la de acercarse a la posibilidad de su negociación.
Tamaño despropósito ha sido perpetrado con cargos adicionales. Primero, se ha incrementado el costo de ese eventual acuerdo sometiéndolo a una condicionalidad complementaria a la que provendrá de la negociación misma (la "sugerencia" norteamericana del retiro del G21) como si el precio de la asimetría entre las partes no fuera suficiente para consolidar el acceso a nuestro primer mercado. Segundo, se ha establecido el precedente de un falaz argumento negociador: el de pretender que la negociación económica internacional (la de la ronda Doha) es fundamentalmente técnica antes que un complicado juego de intereses económicos amparados por el poder que califica su esencia política. Tercero, se ha pretendido descalificar al G21 como un grupo excesivamente "politizado" desconociendo que la realidad de estas negociaciones multilaterales se define precisamente por la proliferación de esos grupos (p.e. el ACP, el CARICOM, el grupo Cairns). Cuarto, se ha quebrado el frágil proceso de toma de decisiones de la política exterior de un país pequeño que, por serlo, requiere fortalecerlo y concentrarlo. A este respecto, la desinformación del responsable directo de la conducción de la política exterior (el Jefe de Estado) y del órgano encargado de implementarla y coordinarla (la Cancillería) es demostrativo de la extraordinaria irresponsabilidad con que se ha actuado en la materia.
El incremento de la vulnerabilidad externa que el MINCETUR ha generado como resultado de estos hechos debe ser corregido de inmediato con el retorno al G21 y la conformación de un mecanismo coordinador del conjunto de la política exterior tal como ocurre en el ámbito de la defensa nacional.
En el ámbito bilateral, nuestra relación con Bolivia se ha complicado extraordinariamente por la apertura de una fuente de inestabilidad en el altiplano que tendrá impacto en nuestra política interna, en la relación geopolítica sobre el Pacífico y en el ámbito ineramericano. La naturaleza de la crisis boliviana -que pone en cuestión la viabilidad y no sólo la gobernabilidad democrática del vecino- y el carácter del movimiento contestatario -que ha potenciado un movimiento de liderazgos impredecibles- tiene el potencial de desestabilizar el sur del Perú. Este hecho debe activar la alerta democrática de nuestra representación política y, en lo que hace al gas de Tarija, debe motivar en nuestro país la oficialización de la oferta de financiar el diferencial del costo de la salida del combustible por Ilo en relación a Patillos para contribuir a estabilizar la zona. Y frente a la inoperancia del mecanismo de seguridad democrática ineteramericana mostrada en Bolivia, Perú debe motivar la preocupación hemisférica por el proceso de transición política que vive ese país.
