Quienquiera que sea elegido este 6 de noviembre en Estados Unidos deberá afrontar dos problemas urgentes: contribuir a evitar el “fiscal cliff” (o “precipicio fiscal”) que generaría el Congreso norteamericano y aligerar la inversión y la retención de crédito que afecta a las familias y pequeñas y medinas empresas. El costo de no hacerlo podría traducirse en una nueva recesión en la primera potencia de magnificado efecto global.
El “fiscal cliff” es un riesgo real que pende sobre la economía norteamericana y global consistente en excesivos y automáticos cortes de gasto público e incremento de impuestos acordados por los propios congresistas como resultado del bloqueo de un acuerdo presupuestario en 2011.
De no llegar a un arreglo sobre cómo se procederá en el futuro en disminuir el déficit fiscal, el gatillo automático del “fiscal cliff” podría extraer US$ 600 mil millones de la economía y desacelerar el crecimiento norteamericano en un rango que oscila entre 0.5% y 1% en una economía que apenas crecería el próximo año 2.1% (2.4% según la OECD).
Aunque sostienen que esos recortes no afectaría mecánicamente la seguridad social ni las pensiones de jubilados y sí los gastos de defensa y de otras dependencias gubernamentales, el recorte orientado a disminuir el déficit en US$ 7 millones de millones en 10 años generaría desconfianza inmediata, paralizaría la inversión y restringiría el crédito incluso para los que hoy no tienen problemas de financiamiento (las grandes empresas).
De cara al riesgo real que sigue presentando la crisis europea y una mayor contracción china, el impacto recesivo en el resto del mundo de una nueva recesión norteamericana sería mayor en tanto los países que antes resistieron bien la crisis hoy tienen menos latitud política para ello aunque sus defensas sean fuertes.
Los 33 senadores y la totalidad de la Casa de Representantes que también serán electos este 6 de noviembre compartirá con el presidente norteamericano la inmensa responsabilidad de eliminar esta bomba de tiempo constituida por el término de la extensión de las exenciones tributarias y otras facilidades contraídas por la Administración Bush cuya resolución que no logró ser resuelta en 2010 y 2011.
De otro lado, el escenario de incertidumbre creciente que se afianza en el mundo a pesar de las proyecciones de crecimiento no se aligerará si las restricciones del crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias en los países desarrollados no se levantan y las inversiones de las grandes empresas no se realizan.
Este requerimiento es aún mayor a la luz de los rendimientos decrecientes de las políticas monetarias relajadas de esos países que procuran estímulo sobre estímulo mientras los bancos y grandes empresas retienen liquidez: según The Economist el gasto de capital en Estados Unidos ha crecido sólo 6% en los últimos años mientras que los flujos de caja se ha incrementado en 32%, las empresas que listan en S&P 500 retienen cash por US$ 900 miles millones y sólo en Canadá, por citar un ejemplo, esa retención es del orden de US$ 300 mil millones.
Al respecto no bastarán políticas sociales para aletargar el descontento público o invocaciones a la responsabilidad social de las empresas que reclama sensatamente El Erian. En el caso norteamericano se requiere un nuevo sentido de responsabilidad pública en el gobierno y en el Congreso hoy envueltos en disputas ideológicas mayores que permitan acuerdos fiscales rápidos y un elemental sentido de sobrevivencia del sistema financiero que haga sitio para el crédito y la inversión (eventualmente público-privada, como algunos sostienen).
