Siguiendo el patrón que condujo a la segunda guerra de Irak, la tensión prebélica entre Israel, Estados Unidos e Irán se incrementa. A diferencia de las circunstancias que llevaron a la cuestionada intervención en Irak, Irán sí dispone y desarrolla capacidades intolerables para el equilibrio, la estabilidad y la sobrevivencia de los Estados de su entorno y para la seguridad de Estados Unidos y Europa.
En efecto, Irán desarrolla capacidades nucleares que pueden ser suficientes para cruzar el umbral de su uso militar. Bajo estas condiciones de extraordinaria potenciación, Irán está asociado con organizaciones terroristas (el Hezbolah libanés), su influencia geopolítica se ha expandido regionalmente con vocación hegemónica bajo el amparo de potencias extra-regionales, ha forjado alianzas con otros grupos subregionales (el caso del ALBA en América Latina) y está dispuesto a afrontar un escenario de proliferación nuclear en el Golfo Pérsico y el Medio Oriente.
Con ese bagaje, que incluye el desarrollo de vehículo portadores de ojivas nucleares, Irán puede atacar a Israel (lo que no implica que lo vaya a hacer ahora), subordinar a Turquía, Egipto y Arabia Saudita, poner en peligro vital a los miembros de la OTAN (que ya han establecido una sistema de defensa antimisiles), confrontar a esa alianza con Rusia y desestabilizar a América Latina incrementado la fragmentación que ya escaló mediante su asociación con los países del ALBA.
Frente a este escenario, Cuba y Venezuela han desarrollado políticas ad hoc (cuya dimensión antisistémica suma periféricamente a Ecuador, Bolivia y Nicaragua) y Brasil ha hecho lo mismo de manera acorde con su nuevo rol global. De cara ello los países liberales de la zona (es decir, los del Pacífico suramericano y México) guardan silencio. La imprudencia del mismo es acorde con el anacrónico planteamiento de que la región es relativamente invulnerable como consecuencia de su lejanía física de los centros de conflicto. Si este planteamiento sobrevive en el área, el efecto en los países del ALBA de un conflicto protonuclear en el Medio Oriente y el Golfo Pérsico confrontará a los países liberales del área con la brutal realidad de un shock estratégico para el que no estarán preparados.
El comportamiento externo y el abusivo ejercicio de la autoridad por el teocrático totalitarismo iraní (que contrasta con los mejores años de su viejo y milenario imperio) debiera ser suficientemente estímulo para que estos gobiernos latinoamericanos esbocen una posición. Como ello no ha ocurrido en relación al Estado persa ni bajo el entusiasmo diplomático latinoamericano por las cumbres con los países árabes, el escenario bélico debería patrocinar una respuesta oportuna.
Especialmente luego de que, en noviembre pasado, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés) estableciera que Irán posiblemente desarrolla la dimensión militar de su programa nuclear; que ese país no ha cumplido con la obligación de transparentarlo ni con suspender sus actividades ilegales; y que, al respecto, desoye los requerimientos de la IAEA para “establecer la confianza internacional en la naturaleza…pacífica” del programa luego de que esta organización reclamara por las actividades iraníes de enriquecimiento y reprocesamiento de combustible nuclear, por la construcción de nuevas plantas, por el empleo de agua pesada y por los medios clandestinos en que ha persistido para adquirir tecnología y equipos.
Como se sabe, la IAEA actúa en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad que, desde el 2006, viene exigiendo a Irán que transparente el programa en cuestión; coopere con la IAEA; cancele los desarrollos de doble uso; y que, luego de constatar el incumplimiento iraní, los miembros del sistema internacional suspendan el aprovisionamiento de materiales y tecnología que pueda servir, directa o indirectamente, al programa nuclear iraní (Resoluciones 1737, 1929, 1803 sobre no proliferación nuclear adoptadas en el marco del coercitivo capítulo VII de la Carta de la ONU).
Por lo demás, Estados Unidos ha venido desarrollando una política de sanciones contra Irán desde 1979 (a propósito de la toma de la Embajada norteamericana en los albores de la “revolución” del Ayatolah Khomeini). Éstas se incrementaron desde 1984 (por el ataque a la Embajada norteamericana en Líbano por el Hezbolah aliado de Irán) y, desde 1992, se perfilaron aún más contra las actividades de proliferación iraníes (incluyendo hoy el bloqueo de las ventas de petróleo iraní).
De otro lado, la Unión Europea, luego de las continuas frustraciones del P5+1 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania a los que suma la representante de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea) acaba de imponer a Irán el corte de los suministros petroleros a Europa. Jugando con los plazos (estas últimas medidas estarán en plena vigencia recién a mediados de año) Irán ha reaccionado con amenazas de cierre del estrecho de Hormuz por donde transita el 20% del total global de la producción petrolera (ver “Irán una amenaza real” en www. contexto.org), se ha negado a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad y con las recomendaciones de la IAEA y ha dejado abierta la puerta a las disquisiciones de un conflicto.
Con ello Irán procura ganar tiempo y negociar sobre la base de los temores de terceros, con la tensión de Israel, con los resultados de las elecciones norteamericanas y con el apoyo, directo o indirecto, de Rusia y China (especialmente ahora que el gobierno Sirio mantiene su sangrienta posición frente a los rebeldes de Homs). Eventualmente ello plantearía, en la perspectiva iraní, una situación de hechos consumados (la posesión del arma nuclear) siempre que el P5+1 no logre algún resultado concreto sobre la mesa.
Sobre esa perspectiva, el Senado norteamericano acaba de establecer que no aceptará una política de disuasión nuclear con Irán. Si la condición para que esa política se desarrolle es que el oponente disponga del arma nuclear, el Senado, invocando los compromisos estratégicos establecidos por el Presidente Obama, ha dejado en claro que esa precondición no debe materializarse.
Si los Estados liberales latinoamericanos consideran, como muchos, que un ataque preventivo sobre Irán no cumpliría con sus fines (algo que está en cuestión), lo menos que éstos pueden hacer es sumar esfuerzos para incrementar la presión multilateral contra Irán para que ese Estado cumpla con la obligaciones impuestas por el Consejo de Seguridad y por la IAEA.
Y también influir sobre Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua para que retiren su apoyo a Irán si estos países desean más cooperación en América Latina. De lo contrario un escenario neoiraquí, pero de dimensión nuclear, impactará a la región actualizando, bajo una nueva configuración geopolítica, la confrontación que emergió en el área luego de la crisis cubana de 1962.
A ello deberá agregarse una previsión: el incremento del precio del petróleo (que ya bordea los US$ 102 y 124 dólares para el Texas y Brent) puede agudizar la recesión europea y paralizar la mejoría de la economía norteamericana. Ello tendrá también impacto en la región. ¿Van el Perú y sus socios del Pacífico latinoamericano a sentarse sobre sus manos en esta cuestión también?.
