Mientras el Consejo de Seguridad decide abrir la puerta a la intervención militar en Libia la Resolución correspondiente, de naturaleza pública y abierta, no ha sido puesta aún en conocimiento de la comunidad internacional (que supera la exclusividad de los Estados) a través de la página web de la ONU. De su contenido en el Perú nos enteramos, de manera general, por los medios de comunicación extranjeros y, más específicamente, por unos comentarios del Canciller de la República. Ello da la medida de la urgencia con que algunos miembros del Consejo de Seguridad han promovido la Resolución (cuya aprobación no ha merecido unanimidad) luego de que el G8 no lograra encontrar consenso para proceder coactivamente en ese país.
El bien público que, en apariencia, protege esa Resolución sería el de preservar la vida de los ciudadanos libios que se oponen al dictador Gadafi en momentos en que las fuerzas afines a él han recuperado casi todo el territorio perdido en una guerra civil y cuando lo que resta es la toma de Benghazi, la segunda ciudad más importante de Libia. En ella habitan alrededor de 700 mil personas y se asienta el núcleo duro de la oposición al dictador. La dimensión urbana de Benghazi y su definición política indican que la toma de la ciudad sería encarnizada y de naturaleza balcánica.
Si prevenir ese resultado fuera el propósito de la Resolución de la ONU ésta debe ser apoyada. Para ello, sin embargo, se requiere de tropas multinacionales de interposición de fuerzas con anterioridad a una zona de exclusión aérea. Ello es lo que indica el cálculo estratégico teniendo en cuenta la experiencia reciente con este tipo de zonas cuando el territorio no está controlado por fuerzas “amigas” o en proceso de estarlo.
En efecto, como lo recuerda, Rogen Cohen en el International Herald Tribune, la experiencia de fuerzas occidentales con zonas de exclusión en el borde urbano del Mediterráneo no impidió la mortandad de civiles enfrentados entre sí en el terreno ni mucho menos de civiles que confrontan a militares en el caso de Bosnia en 1992. Es más, algunas potencias europeas que no tenían voluntad de comprometer tropas, optaron por la zona de exclusión como una alternativa político-estratégica de menor riesgo externo y de mayor ductilidad interna. Como consecuencia de esa decisión, no sólo no se produjo la separación de fuerzas sino que la carnicería continuó hasta producir el desastre de Srebrenica.
Otro fue el destino de la zona de exclusión decretada por las fuerzas aliadas en las dos guerras de Irak (1991 y 2003). En ese escenario, las tropas empeñadas en el terreno pudieron realizar mejor su tarea al amparo de una zona de exclusión luego de que se lograra el dominio del espacio aéreo.
Aunque cada caso es distinto, la conclusión gruesa que surge del contraste de estos dos ejemplos es que la zona de exclusión aérea debe ser una función del empeño de las fuerzas en tierra y no al revés. Y que ésta debe establecerse previo dominio del espacio aéreo. No es esto lo que el Consejo de Seguridad ha dispuesto o no es lo que entienden los Estados que desean participar en la implementación de esa zona.
De otro lado, si la Resolución reclama adicionalmente un inmediato cese de fuego la pregunta es cómo se logrará el objetivo si la zona de exclusión aérea es el único instrumento disponible que implica el uso de la fuerza.
De otro lado, el Primer Ministro, David Cameron, ha informado en la Cámara de los Comunes que juzgará el comportamiento del Sr. Gadafi (no pareció referirse al gobierno libio) según sus actos y no según sus palabras o compromisos. De manera complementaria, el Sr. Cameron ha indicado que la Resolución de la ONU autoriza el uso de las medidas necesarias para cumplir su cometido dando entender que cualquier miembro del Consejo de Seguridad podría emprender alguna intervención bajo cualquier circunstancia.
No es exactamente eso lo que dice el Comunicado de la Cancillería peruana que informa al respecto. Allí se aclara que la acción de fuerza llevada a cabo por cualquier miembro de la ONU, o en el marco de organismo regionales (especificándose a la Liga Árabe), deberá estar circunscrita a la protección de los civiles libios. Ello no implica autorización punitiva de ataque a la fuerzas del Gadafi o del gobierno libio.
Esta interpretación abierta de la Resolución de la ONU (que conocemos por la descripción de la Cancillería peruana) iría más allá de las potestades que se atribuyen a la misma siendo que ésta es menos explícita para la acción ofensiva que la que advertía a Irak que se atendría a las consecuencias si ese gobierno no aclaraba la situación de las armas de destrucción masiva que se asumían en su posesión. Estados Unidos y un grupo de aliados emprendieron la acción ofensiva al amparo de ese Resolución con el propósito de liberar al mundo no de Hussein sino de sus armas de destrucción masiva. Los que apoyamos esa acción nos enteramos después que no sólo no existían esas armas sino que el objetivo había cambiado y que ahora implicaba el “cambio de régimen”. ¿Es esto lo que se plantea para Libia según el Primer Ministro Cameron?.
Eso no lo dice la Resolución descrita sino quizás la intención de algunas autoridades europeas y norteamericanas. Estas últimas consideraron, desde que se inició el conflicto interno en Libia, que era la obligación moral de Estados Unidos procurar ese cambio. Y puede ser quizás también hoy la interpretación de algunas grandes potencias.
La situación debe aclararse teniendo en cuenta que en el Consejo de Seguridad no ha habido unanimidad para adoptar la Resolución (por lo menos cinco Estados se abstuvieron incluyendo Alemania y Brasil), que el G8 no ha logrado consenso y que tampoco lo hay en la Unión Europea.
La aclaración es indispensable no para proteger a Gadafi (con quien Occidente trató absolviéndolo de culpa terrorista a pesar del derribamiento de un avión Pan Am con casi 300 pasajeros sobre Lockerbie en Escocia y de otros actos de barbarie), sino para esclarecer el curso de acción de la comunidad internacional en la convulsión que se ha apoderado del Medio Oriente y del Norte de África. Allí no basta con librarse de dictadores. También es necesario evitar la guerra internacional, redefinir un equilibrio estratégico, evitar que la influencia iraní gane sitio (es más, es necesario minimizarla) y ordenar el desborde popular cuyos actores no están bien diferenciados.
En la circunstancia actual, parece necesario que la Liga Árabe apoyada por el Consejo de Seguridad contribuya a establecer un cese de fuego que Gadafi sólo ha ofrecido. Ello implica la negociación apoyada por tropas de la ONU o de la Liga Árabe en el terreno (las de la OTAN no estarían apoyadas adecuadamente por sus Estados miembros además de estar ya sobrextendidas) y continuar luego con la exigencia de apertura política de Libia.
Ahora, si lo que se desea -o lo que es necesario- es que Gadafi abandone el poder, el Consejo de Seguridad de la ONU debe ponerse de acuerdo para el incremento de las sanciones dispuestas o las grandes potencias deben apelar a otros métodos.
