En tiempos de crisis sistémica la propensión al conflicto interestatal suele incrementarse. Así lo muestra el sangriento siglo XX en el ámbito global y regional.
De ello dan cuenta dos guerras mundiales y, especialmente, la segunda tan asociada a la crisis de 1929. Y en el ámbito regional debe recordarse que, la “década perdida” latinoamericana (los ´80) se desarrolló en un contexto de conflictos heterogéneos. Estos incluyeron desde las guerras no convencionales centroamericanas hasta el conflicto convencional entre vecinos por asuntos de límites. Y también la guerra de las Malvinas que, además de confrontar a Argentina con el Reino Unido, generó fricción entre la región y Europa, confrontó a la OTAN con el TIAR y extrajo a Estados Unidos de sus obligaciones interamericanas por preferir las transatlánticas. La solución del conflicto chileno-argentino de 1984 pudo ser una excepción sólo si se margina la situación prebélica vivida por ambas países antes de la medicación vaticana.
En ese contexto el Perú, gobernado por un latinoamericano de claro arraigo occidental, no sólo apoyó la causa argentina sino que contribuyó a su esfuerzo bélico luego de liderar un intento de solución pacífica cuyo gran potencial de éxito fue barrido por la partida de la flota inglesa hacia el Atlántico sur.
Esta decisión se adoptó a pesar de que el gobierno del democrático e integracionista presidente Belaunde acababa de confrontar militarmente una incursión ecuatoriana en territorio peruano (escenario hoy felizmente cancelado mediante los acuerdos de Brasilia de 1998 que siguió al conflicto de 1995). Ello da una idea de la intensidad con que la definición del interés nacional peruano fue influido por la solidaridad con Argentina y por el sentimiento de identidad que su causa despertó en la región.
En efecto, lejos de la confrontación ideológica y de los alineamientos políticos que se disputaron una forma de definir el orden regional (el caso de la revolución cubana y del golpe militar chileno de 1973), el conflicto de las Malvinas tuvo en el área un gran impacto psicológico. Luego del procesamiento del conflicto por los mecanismos de solidaridad regional (que no implicó homogeneidad a pesar de la impronta anticolonial) y en el duro marco de la crisis de la deuda, la dimensión psicológica del mismo fue traducida por los latinoamericanos como un asunto de identidad.
A pesar del cambio cultural producido por las reformas liberales de los años 90, la parcial contrarreforma posterior indica que la percepción de ese conflicto no debe desmerecerse en la región. Menos si su evolución radical envuelta en la retórica anti-imperial está en posición de ganar influencia por un giro indeseado del conflicto malvinense.
Ese giro no carece de sustento propio. De momento ya cuenta con un núcleo estatal y con organización colectiva en los países del ALBA. Ese fundamento tiene una realidad diferente en el resto de Estados suramericanos generado por el notable incremento de su influencia (Brasil), por una distinta visión del mundo y por la eficiencia de sus políticas económicas que permiten confrontar la crisis con mayor confianza que en otras oportunidades. En este escenario un escalamiento de la tensión entre Argentina y el Reino Unido generará respuestas heterogéneas. Pero éstas siempre serán cubiertas por una solidaridad con Argentina. El riesgo es que esa solidaridad sea inflamada por una versión radical del nacionalismo en el área.
Para lograr ese último efecto, la tensión argentino-británica no requiere escalarse al nivel bélico. Y si el escalamiento llevara a una confrontación armada, ciertamente el impacto en el área superaría al del respaldo del legítimo derecho argentino a las islas. Esa sola posibilidad amerita que se evalúe bien la dimensión militar de la fricción, ejercicio que debe incluir también al Reino Unido a la luz de los antecedentes.
Es verdad que el conteo estadístico de conflictos mayores entre Estados que impliquen guerra (aquellos conflictos que producen más de mil muertos según una definición del SIPRI) han descendido en relación a hace un par de décadas década. Pero los niveles de conflictividad no convencional se han incrementado. Es más, bajo condiciones de cambio de sistema, la tendencia a la conflictividad convencional tiende a subir por naturaleza (traducida, por ejemplo en mayor armamentismo) aunque su estadística reporte hoy resultados restringidos.
En ese marco, la evaluación de las intenciones y capacidades es imprescindible en el escenario de las Malvinas. Con matices, aquí la situación empieza a decantarse por la diplomacia.
El primer factor está fuertemente condicionado por la decisión argentina de procurar una solución diplomática de la controversia. Ésta acaba de ser confirmada multilateralmente con la gestión platense ante las instancias principales de la ONU. De ellas, Argentina ha logrado un compromiso inicial del presidente de la Asamblea General para procurar una mediación, una expresión de preocupación del Secretario General y una frustrada decisión de incorporar la controversia a la agenda del Consejo de Seguridad.
De otro lado, el Reino Unido ya ha reiterado su compromiso con la defensa activa de las islas. Esa posición indica que mientras Argentina no emprenda acciones hostiles la situación se mantendrá como está. Sin embargo, la experiencia enseña que las intenciones se modifican conforme se desarrollan los hechos en el terreno. Y éstos no parecen estáticos.
Por lo demás, la asimetría de capacidades entre las partes es de tal dimensión que debería, per se, desempeñar un rol disuasivo. De incrementar esa asimetría se ha ocupado el Reino Unido reforzando la defensa de las islas mediante ostensibles despliegues “de rutina”. Sin embargo, el cuestionamiento argentino de esos despliegues y la denuncia de que éstos han incluido capacidades nucleares puede disminuir el rol disuasivo de la superioridad militar británica. Ello no ha ocurrido aún.
De otro lado, la situación internacional de las Malvinas no parece tan cerrada como se plantea si se considera la posición política de los diferentes actores.
En efecto, Argentina reclama negociaciones sobre la soberanía. El Reino Unido ha respondido negativamente salvo que la voluntad de los malvinenses (los kelpers) decida lo contrario. El énfasis británico en la defensa del principio de autodeterminación sobre el de la soberanía territorial muestra una puerta diplomática. Ésta, sin embargo, permanece cerrada por una realidad (los kelpers han confirmado su lealtad británica) que el Reino Unido desearía mantener. ¿Puede ésta cambiar? Probablemente no si el cambio que se plantea es total. Pero podría haber lugar, en algún momento, a situaciones intermedias.
Por lo demás, los países latinoamericanos han expresado su apoyo al derecho argentino a la soberanía sobre las islas pero sin reconocerla plenamente como un hecho (el fraseo del UNASUR no es el más preciso). En la perspectiva del UNASUR y de la CELAC la disputa debe resolverse negociadamente. A ello se invoca al Reino Unido.
Y la posición norteamericana (cuya compleja dinámica se observó en 1983 al optar la primera potencia por el respaldo al aliado transatlántico luego de que las iniciativas de contención no prosperaran por disposición thatcheriana) es también abierta (por lo menos, nominalmente): la controversia es bilateral y deber ser resuelta mediante el diálogo y el consecuente arreglo diplomático según el Departamento de Estado.
A ella se suma la posición de la Unión Europea de manera bastante sui generis en tanto el Reino Unido no sólo es miembro de la UE sino que la Comisario a cargo de la Política Exterior y de Seguridad Común, Catherine Ashton, es británica. En este marco las autoridades de la Unión han establecido que la UE no ha reconocido la soberanía británica sobre las Malvinas (y las Georgias y Sándwich del Sur) sino sólo la jurisdicción inglesa sobre ellas de la misma manera que ocurre en Gibraltar (que es disputada por España). Esas autoridades sostienen que el problema no está cubierto por la PESC y han reconocido el carácter bilateral de la controversia. Si al hacerlo, la UE no ha alentado formalmente un diálogo (como sí lo ha hecho Estados Unidos) ni una negociación (como desean los latinoamericanos) sí ha mostrado una posición que, aunque no puede escapar a su afinidad con el Reino Unido, no parece haberse cerrada sobre la situación.
Si, con mayor o menor intensidad, el conjunto de las posiciones de los actores relevantes tiende hacia alguna apertura, lo sensato es que todos ellos procuren, a partir de esa base, primero un diálogo al que seguiría una negociación. Como la situación de los kelpers tendría que ser considerada en el marco del derecho argentino a las islas quizás la solución no podría ser de suma 0.
Por lo demás, ésta tendría que estar desprovista de cualquier vínculo onomástico (los aniversarios bélicos no son buenos consejeros en esta materia) y procurar distanciarse de la política interna de ambas partes (o alterar su valencia). De lo que no pueden desprenderse es de la crisis. Siendo ésta de carácter estructural, cualquier intento de diálogo debería procurar, por tanto, un inicial statu quo con el propósito de no agravar la situación (más aún cuando la cuestión de defensa ya está planteada). Éste tendría que estar premunido de un marco.
Esta situación no carece de incentivos sistémicos ni de atractivos circunstanciales. Veamos.
La Unión Europea se ha venido distanciado de América Latina en los hechos: a pesar de los acuerdos de libre comercio con México, Chile, Centroamérica y Perú y Colombia (que deben aún ser aprobados por el Parlamento Europeo) lo concreto es que la participación económica de la UE en la región ha venido declinando y ésta no forma parte hoy de los escenarios de evaluación de su política exterior (ECFR).
Sin embargo, como la región presenta hoy oportunidades importantes para la UE, esa entidad y no pocos de sus miembros desean retomar vínculos con América Latina que permitan recuperar parte del terreno perdido (p.e. replanteando la negociación del acuerdo de libre comercio con MERCOSUR)
Por lo demás, el Reino Unido ha lanzado, con alguna fanfarria, una iniciativa para reincorporar a América Latina a su agenda luego de postergaciones tan reiteradas como manifiestas en décadas pasadas y de los avances logrados por otras potencias.
De otro lado, Argentina requiere de un mejor vínculo con la UE para recuperar parte de un mercado importador (hoy deprimido), equilibrar mejor la creciente influencia china y retomar su histórica filiación europea.
Los intereses convergentes están a la vista. Quizás sea el momento de iniciar su satisfacción procurando un marco de intereses periféricos convergentes al tiempo que Argentina y el Reino Unido dan pasos hacia un status quo formal con una agenda de prospección negociadora posterior. Las circunstancias son difíciles. Éstas, sin embargo, pueden devenir en un estímulo antes que un obstáculo al respecto.
