Luego del infértil pronunciamiento del Consejo Permanente de la OEA, los cancilleres de UNASUR han pretendido ocupar el centro de un escenario regional hoy vacío de racionalidad, sentido estratégico y comunidad de propósito.
Y no es que los ciudadanos que ejercemos la razón común no comprendamos la razón de Estado con la que los cancilleres suramericanos acaban de emitir en Santiago la Resolución 2014 sobre qué hacer en la gravísima crisis que padece Venezuela. Su insistencia en el principio de no intervención revela una vuelta al pasado y un doble temor: el desborde venezolano y la reiteración de la protesta colectiva en nuestros países (como ya ha ocurrido en los muy democrático Chile y Brasil y en partes de Perú).
Pero, los hechos están a la vista: en un contexto económico que linda con la quiebra, el Estado venezolano se desmorona y la sociedad se orienta hacia peores grados de confrontación mientras el gobierno sólo recurre a la represión y se aproxima a la dictadura, a la guerra civil (si sobrevive).
Sin embargo, los cancilleres suramericanos en Santiago no sólo no parecen percibir estos riesgos sino que tampoco parecen dispuestos a hacer algo en concordancia con el nivel de la emergencia.
En efecto, como si se tratara de un viaje al pasado (cuando legitimaron internacionalmente en Lima una elección cuestionada), se han propuesto también actuar como entonces: promover un diálogo que incluya “a todas las fuerzas políticas y actores sociales” para contribuir “al entendimiento y a la paz social”. Un obispo no lo pudo haber dicho mejor en algún lugar de la sierra peruana recordando el barullo del mes anterior.
Y, como en Lima hace un año cuando no se recibió al líder de la oposición, el Sr. Capriles, los cancilleres han optado de antemano por expresar el reconocimiento colectivo a los esfuerzos del gobierno venezolano en la materia sin ninguna mención a los derechos por él atropellados, ni a la oposición ni a sus derechos y demandas que sólo encuentran la calle como recurso.
En este marco de apoyo al Ejecutivo venezolano, los cancilleres de UNASUR “acompañarán, apoyarán y asesorarán” el diálogo ya instalado de manera poco consensuada por el Sr. Maduro y opuesto por miles de manifestantes cotidianos.
Ninguna condición previa (por ejemplo, un compromiso con el cese de la represión), ninguna llamamiento de atención (por ejemplo, alguna referencia a las libertades atropelladas cuyo origen se encuentra en el lenguaje confrontacional y hostil del ex-presidente Chávez), ninguna expresión de necesidad de una transición, si no a un nuevo gobierno, sí a nuevas políticas de apertura y, por supuesto, ninguna alusión a la Carta Democrática.
Ésta, no obstante haber sido suscrita hace menos de década y media por todos los Estados hemisféricos (salvo Cuba) ha devenido en frase impronunciable en la región. Y más para Venezuela a la que, contra la naturaleza propia de todas las “cláusulas democráticas” del mundo, se le ofrecido protección contra “toda amenaza a la independencia y soberanía” haga lo que haga su gobierno.
Habiendo actuado con la debilidad que lo hizo hace un año, el Perú sigue estando en la obligación de exigir a Venezuela igualad ante la ley, vigencia del Estado de Derecho y separación de poderes como condiciones de una salida eficiente a la crisis.
Y como mecanismo de seguridad elemental, debe proponer la exclusión de Cuba del escenario en tanto las fuerzas de ese país son contribuyentes activas a la crisis. Sin embargo, las cartas de la omisión ya parecen estar echadas.
