El efecto de una amenaza global como la que plantea la conjunción del terrorismo y el narcotráfico en los países andinos parece ser eventualmente subestimada hasta que se produce una crisis. En el Perú ya tenemos una adicional: la reducción de 16% de la cooperación antinarcóticos norteamericana contemplada en el presupuesto del año fiscal 2005-2006 debido a la necesidad de reducir el déficit y a la prioridad otorgada a otros escenarios, especialmente el Medio Oriente, plantea al Perú un serio problema de seguridad.
Si la intensidad de la acción diplomática así lo demuestra (la comunicación formal de la preocupación del gobierno planteada ante el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos), la dimensión de la amenaza emergente definida por DEVIDA lo confirma.
Según ésta útlima, la amenaza se proyecta en el incremento de la vulnerabilidad futura y el debilitamiento de la capacidad presente de confrontación del narcotráfico. En la perspectiva futura, el director de DEVIDA, el señor Nils Ericsson, ha dejado constancia de la posibilidad de que el Perú devenga en un narco-Estado. En la subregión tenemos dos modelos potenciales al respecto: el colombiano de la etapa de la convivencia con la amenaza cuando se privilegió la irregular lucha contra el terrorismo (y que ahora ha sido revertida con una reducción de 60% de los cocales) y el de Bolivia, cuyas organizaciones cocaleras contribuyeron a la renuncia forzada del presidente Sánchez de Lozada (y ahora retroalimentan, con el movimiento autonomista, la crítica debilidad del gobierno central y la precariedad futura de la seguridad nacional boliviana).
En la perspectiva actual, el señor Ericsson ha llamado la atención sobre el retroceso de la lucha contra el narcotráfico reflejado en el incremento del área de coca ilegal sembrada (48 mil has. en lo que va del 2005 o 6 mil has. más que las 42 mil del 2004 y 14 mil has, más que las 34 mil has. del 2001), el incremento de los precios (US$ 4 por kilo de hoja hoy contra US$ 1.5 en el 2001) y la incursión creciente de los cocaleros en la producción de droga. El proceso de deterioro es de tal naturaleza que según DEVIDA, la duplicación del área cocalera podría producise en pocos años revirtiendo el total de 70% de reducción lograda en la segunda mitad de la década pasada (la sustitución o erradicación a 34 mil has. de las 110 mil has. existentes a principios de la década) y los ya rebasados logros actuales (10.4 mil has. erradicadas el 2004).
Es verdad que de cara a esta realidad y a la guerra global contra el terrorismo (que el narcotráfico alimenta) no se entiende la posición del gobierno norteamericano. Menos aún cuando con los niveles de ayuda existentes para el desarrollo alternativo y la erradicación el problema se ha agravado. Esto ha ocurrido desde la suspensión de la interdicción aérea y la inconsistencia de la marítima y la fluvial (por donde sale hoy la droga) aun cuando se reconozca que los cultivos han crecido por el retorno a nuestro país de la cadena productiva expulsada de Colombia tras un proceso de erradicación ahora exitoso (según el Ministerio de Defensa de ese país la reducción fue de 37.5% entre el 2000 y el 2002, de 43% el 2003 mientras el objetivo del 2005 es la erradicación de un 50% sobre lo existente).
Es claro que la asistencia que presta Estados Unidos al vecino a través del Plan Colombia no puede compararse con la otorgada a nuestro país. De los US$ 7500 millones que comprendió ese Plan hacia el 2002, 35% (US$ 2636 millones) provino de financiamiento externo y 65% de contrapartida colombiana. A ese 35%, Estados Unidos contribuyó con US$ 1628 millones y el resto provino de la comunidad internacional. Del monto total, 32% fue dedicado a la lucha contra el narcotráfico mientras 51% al fortalecimiento institucional y 16% a la recuperación económica. Comparada con la asistencia a Colombia, la Iniciativa Regional Andina para el año fiscal que termina en octubre del 2005 el Ejecutivo norteamericano asignó al resto de la subregión US$ 277 millones (vs US$ 463 para el Plan Colombia). De allí que probablemente se concentre en el escenario colombiano el anuncio de Naciones Unidas del mayor logro de reducción alcanzado en los últimos 14 años en el conjunto de la subregión dejando un área pendiente de 153800 has.
De otro lado, es verdad que la reducción de la demanda es un componente esencial de la lucha contra el narcotráfico y que el ritmo de disminución de ésta (11% el año pasado entre los jóvenes norteamericanos) no sea suficiente. Al respecto, los países productores deben reclamar metas de reducción concretas y más ambiciosa a los Estados Unidos.
Sin embargo, la lucha en el lado de la oferta seguirá siendo esencial. Y si la asistencia norteamericana va seguir siendo útil a este respecto en el Perú, ésta deberá medirse en el indispensable fortalecimiento de la interdicción y la erradicación (el desarrollo alternativo no basta).
Sin emabargo, aunque en esta materia el apoyo norteamericano es fundamental, el esfuerzo nacional debe ser recuperado. Para hacerlo en la dimensión necesaria el Estado debe devolver a la lucha contra el narcotráfico la prioridad perdida y fortalecer el objetivo de erradicar por completo la coca ilegal. Además la ciudadanía debe entender que de cultivos ilegales no puede emerger legalidad alguna mientras los países andinos deben sacar la cooperación de las oficinas y llevarla al terreno. Poco ganaremos con la buena marcha de la economía y acuerdos de libre comercio, si la amenaza del narcotráfico se fortalece en un contexto de vulnerabilidad subregional creciente. Y menos aún si la cooperación norteamericana flaquea a este respecto.
