Para el Perú y Latinoamérica la asociación con Europa es vital. En nuestro caso, el perfeccionamiento de la inserción en Occidente y la repotenciación regional frente al Asia es el objetivo estratégico a lograr.
Sin embargo, casi una década después de iniciado el proceso de asociación latinoamericano-europeo, su concreción no es del todo clara y la intensidad del interés de los participantes parece menguado y bastante disperso. La escasez de compromisos concretos y de instrumentos útiles para lograrlos que muestra la Declaración que cerró la V Cumbre ALC-UE lo comprueba.
Ello ocurre a pesar de que europeos y latinoamericanos restringieron la agenda a dos temas (pobreza y medio ambiente) para lograr un diálogo más eficaz y contractual. Sin embargo, la complejidad de la naturaleza global de la materia se impuso y no fortaleció la disposición a concretar acuerdos operativos sobre la misma.
Con ello la declaración volvió a imponerse sobre la acción en una agenda minimalista y de mero alcance normativo.
Su costo implicó la marginación de otros temas esenciales en momentos de inestabilidad internacional y crisis económica global cuyas connotaciones originalmente financieras impactan ya la satisfacción de necesidades básicas (el irracional incremento del precio de los alimentos). Ello se presenta, además, en un escenario latinoamericano en el que se ha quebrado el consenso liberal de la década pasada en torno a la vigencia de la democracia representativa y del libre mercado.
En efecto, el problema de los precios de los alimentos fue referido, sin diagnóstico y medidas preventivas, a una reunión de la FAO. Y la crisis del consenso regional prefirió no ser atendida al punto de desconocer la realidad de las profundas diferencias ideológicas en la región.
Al hacerlo, se ignoró también la erosión de la incipiente calidad comunitaria de América Latina y su involución a un sistema precario compuesto de una gama de países cuyo rango oscila entre los Estados fallidos y las potencias emergentes.
La evidencia de tal desapego de la realidad se reflejó en la insistencia de la Comisión Europea en insistir en la demanda de un trato “bloque a bloque” en negociaciones político-comerciales como en el caso de la CAN. Tal insistencia subrayó el inmenso peso burocrático de aquella entidad cuyos mandatos no se acomodan con facilidad a nuevos escenarios (los de pérdida de fundamentos de los procesos de integración suramericanos) y no aceptan el flexible con la ductilidad oportuna y necesaria incrementando con ello la condicionalidad de la negociación.
De allí que un día antes de la publicación de la Declaración de Lima, la Comisario de Relaciones Exteriores de la UE insistía en que el “bloque andino” tendría que negociar como tal y que la posibilidad de otro tipo de acuerdos era pura especulación.
Esa disposición, sin embargo no se tuvo respecto de Brasil, que ha logrado con la UE un status de interlocutor diferenciado del MERCOSUR (y tampoco con México que obtendrá un status similar). Con ello la UE está estableciendo una jerarquía de poder en la región en función de las capacidades de ciertos Estados y de las agrupaciones subregionales.
Ese enfoque posterga la diferenciación del interlocutor según los valores que lo orientan penalizando a los liberales. Ello debiera obligar a éstos a fortalecer medios de aproximación con cada Estado europeo hoy debilitados. Finalmente para el Perú la relación con Europa es tan importante como la que se negocia la Unión Europea.
