A la sombra de la buena perfomance en el 2004 en Bolivia, Colombia y Venezuela los tres países han incubado gravísimas crisis internas e internacionales. Quizás porque el ciclo económico parece divorciado del político, los gobernantes de esos países han sobrestimado la gestión de aquéllas a pesar de estar al tanto de su perniciosa naturaleza.
En efecto, Bolivia ha transitado desde el 2003 de una paralizante crisis de gobernabilidad (que terminó con la renuncia de Sánchez de Lozada), a una de inviabilidad (que el presidente Mesa ha tratado de desescalar mediante un referendum sobre el gas, la promesa de una Asamblea Constituyente y el uso cohesivo de la política exterior) a una de fragmentación (que es la que plantea la autonomía de facto de Santa Cruz y Tarija si ésta se canaliza por el cabildo abierto convocada para el viernes). Sin embargo algunos consideran que sólo estamos frente a un proceso de “refundación nacional” o simplemente ante la crisis como modus vivendi. En el primer caso, el temor frente a la reacción externa indujo a la minimización del fenómeno. En el segundo, los requerimientos de la no intervención inhiben hasta ahora a los organismos regionales de expresar su preocupación y, por tanto, su asistencia.
Y Bolivia la requiere con urgencia por lo menos como respaldo internacional a la autoridad del presidente legítimo. Especialmente cuando éste sólo logra apoyo interno a la luz de la emergencia luego de debilitarse más con una amenaza de renuncia y el descarte del uso legítimo de la fuerza mientras las “fuerzas emergentes” tramaban la deposición de la autoridad de un lado (las dirigencias de cocaleros e indigenistas) y del otro la autonomía regional de los departamentos del Oriente planteaban la disposición del territorio al margen de una Asamblea Constituyente (es decir, de la ley).
Si los variados mecanismos de diálogo interno (la Iglesia, el tardío del Congreso) van a tener éxito, las fuerzas de la desintegración presentes en Bolivia deben estar al tanto de que las organizaciones regionales a las que pertenece ese país no están dispuestas a reconocerlas y menos a que se proyecten sobre sus vecinos. Pero ni la CAN ni la OEA, tan públicamente preocupadas por la democracia en otros casos, han convocado reunión alguna al respecto. En lugar de ello han preferido la diplomacia silenciosa en un escenario donde el titular del silencio –el Estado- está en cuestión.
Y si el boliviano no parece ser un problema de seguridad para estos organismos, el complejo conflicto colombo-venezolano, en el que interaccionan fuerzas terroristas, influencia de terceros (Estados Unidos y Cuba) y el posible encadenamiento entre un conflicto convencional (el diferendo limítrofe en el Golfo de Venezuela) con uno trasnacional (la lucha contra el terrorismo en el ámbito global) tampoco parece serlo para el sistema interamericano. Éste, tan expedito para apoyar el uso de la fuerza extregional en el caso de Afganistán, parece pasmado en su propia jurisdicción. La eficiencia de los buenos oficios andinos, se cruza acá con los de otros países en el intento de calmar las aguas. Aun si lo logran, ello no será suficiente si el objetivo es retornar a la convivencia con el problema. Si lo que está en juego es la lucha contra el terrorismo, un país andino no puede dar cobijo a fuerzas terroristas sin la abierta oposición de los demás y otro no puede apelar a medios vedados (el secuestro) sin arriesgar un conflicto mayor. En cualquier caso, la subregión andina no puede insistir en la ficción de que integra una “zona de paz” cuando la confrontación del terrorismo es un requerimiento colectivo vital. El ciclo económico no va a ponerse a buen recaudo en la subregión pretendiendo que el ciclo político esté regido en estos casos por la política del avestruz.
